Secretario de Justicia

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, endosó el proyecto mediante un memorial explicativo presentado a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia de la Cámara Alta, en el cual recomendó que el observatorio propuesto fuera administrado por la Comisión de Derechos Civiles.

“El proyecto nos parece un esfuerzo encomiable enfocado en atender un asunto de suma importancia que afecta los derechos humanos de los ciudadanos, particularmente de las mujeres y menores a nivel mundial. Ciertamente, el Departamento de Justicia favorece cualquier iniciativa dirigida a prevenir y combatir la trata humana en Puerto Rico”, manifestó el secretario de Justicia.

El pasado 24 de agosto, el Departamento de Justicia también informó por escrito a la comisión que existe jurisdicción estatal y federal, de manera concurrente, para procesar los casos de trata humana en la Isla. De hecho, actualmente la Fiscalía litiga un caso en el Tribunal de Primera Instancia de Guayama.

“Entendemos que una de las maneras más efectivas de atender la trata humana es desde la perspectiva de la violación de derechos civiles, que propenda a establecer una política pública y legislación que salvaguarde los intereses y derechos humanos de los sectores más vulnerables de la población. Considerando la naturaleza de las funciones que realiza la Comisión de Derechos Civiles y los estudios ya realizados por esta organización, recomendamos que el Observatorio de Trata Humana propuesto sea adscrito a dicha Comisión. De esta manera, consideramos que la nueva política pública será atendida desde la perspectiva más adecuada y completa”, añadió el secretario.

Debido a que el problema de trata humana está íntimamente vinculado al tráfico de personas entre fronteras, se incluyó en un Memorando de Entendimiento (MOU) en el cual el Departamento de Justicia de Puerto Rico, el Departamento de Seguridad Pública, el Instituto de Ciencias Forenses y el Departamento de Justicia Federal acordaron el mecanismo para el referido y manejo de estos y otros casos que se procesan de forma concurrente. Conforme con este Memorando, que se ha renovado desde el año 2010, los delitos relacionados con la trata humana tipificados en el título 18 del United States Code son de jurisdicción primaria del gobierno federal.

“El Departamento de Justicia de Puerto Rico trabaja en colaboración con las autoridades federales. El MOU nos permite reforzar el procesamiento de estos delitos con el apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que tiene un brazo más largo para procesarlos a través de las fronteras de varias jurisdicciones. Además, mediante esta coordinación efectiva se evita la doble exposición, según la norma actualizada bajo Pueblo v. Sánchez Valle. Es de conocimiento público que el Departamento de Justicia de Puerto Rico atiende un mayor volumen de casos, ya que el gobierno federal es de poderes limitados, por lo que la mayoría de los delitos en la Isla son procesados a nivel estatal. Contar con la colaboración de agentes y fiscales federales especializados en trata humana es de beneficio para la Isla”, explicó la directora de la División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Departamento de Justicia, la fiscal Laura Hernández Gutierrez, durante una vista pública para evaluar la medida.

Ante esto, se recomendó que la entidad que se encargue del Observatorio establezca un sistema de monitoreo de las publicaciones que emita el gobierno federal sobre el tema, como por ejemplo las estadísticas e informes que publica el Departamento de Justicia federal, por medio del Bureau of Justice Statistics (BJS). En el 2021, el presidente Joe Biden publicó un Plan de Acción Nacional para Combatir la Trata de Personas.

El Departamento de Justicia también sugirió la colaboración constante de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que proveen servicios a poblaciones vulnerables y tienen contacto directo con las comunidades afectadas.

Durante los pasados años se ha adoptado legislación en Puerto Rico para atender el problema de la trata humana, dirigida a proteger, prevenir y encausar a los tratantes. Entre ellas, se encuentra la clasificación de varias formas de trata humana como delitos bajo el Código Penal^; la derogada Ley Núm. 246-2011, según enmendada, conocida como Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, que añadió la trata humana como una de las formas de maltrato de menores, así como la nueva Ley Núm. 57-2023, conocida como Ley para Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores; entre otras que se mencionan en el memorial escrito presentado por el Departamento de Justicia ante la comisión senatorial.

Tan reciente como el 8 de agosto de 2023 se aprobó la Ley Núm. 86-2023, que enmienda la Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico con el propósito de autorizar a la División de Interpol del Negociado de Investigaciones Especiales a establecer alianzas (task force) con otros negociados del Departamento y con otras agencias públicas, estatales, federales e internacionales para el desarrollo de estrategias dirigidas a la prevención y erradicación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

Hernández Gutierrez resaltó que la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delitos (en adelante OCSVTD) del Departamento de Justicia orienta y asiste a las víctimas de delitos, que incluyen la trata humana.

“Los Técnicos de Asistencia a Víctimas de la OCSVTD han sido adiestrados en el tema y orientados sobre la importancia de documentar en sus estadísticos mensuales cualquier caso relacionado con la trata humana”, indicó Hernández Gutierrez.

“En cuanto a lo anterior, es importante mencionar que en cada uno de los casos que se investiga o presenta en los que se sospecha la existencia de trata humana participa un Técnico de Servicio a Víctimas que atiende y canaliza todas las necesidades de las víctimas sobrevivientes. Esto incluye servicios sicológicos, manejo de crisis, orientación sobre el proceso legal, acompañamiento a tribunales y relocalización, así como referidos a organizaciones sin fines de lucro o agencias gubernamentales”, añadió la funcionaria.

De otro lado, tomando en cuenta el impacto fiscal que pueda conllevar la implementación del proyecto, el Departamento de Justicia recomendó que se designe una asignación presupuestaria inicial concreta y específica para salario y recursos de la operación del Observatorio propuesto. De lo contrario, la agencia encargada podría estar en riesgo de incumplir con las disposiciones propuestas por falta de recursos económicos. A estos efectos, sugirió auscultar la posición de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y la Oficina de Gerencia y Presupuesto sobre su viabilidad.