Por Miguel Díaz Román
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En un intento de la mayoría del Partido Nuevo Progresista por garantizar su control en el proceso de llenar las vacantes en la Judicatura antes de que termine el cuatrienio, el presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado, el senador Héctor Martínez, urgió el miércoles de la Administración de los Tribunales y La Fortaleza, una coordinación efectiva en la designación de los candidatos a la posición de juez.
El senador Martínez se quejó de que hasta ahora la Comisión de Nombramientos no tiene ante su consideración ningúna designación a juez o para fiscales, a pesar de que faltan cuatro meses para que finalice la única sesión legislativa de este año, ya que debido al proceso electoral no habrá una segunda sesión a partir de agosto.
Alegadamente en la Rama Judicial habrían 55 vacantes para las posiciones de jueces, que incluyen 44 vacantes existentes hasta el 31 de enero pasado y otras 11 vacantes que surgirían a final del presente año por el vencimiento de su nombramiento. En suma serían 39 de jueces superiores, nueve municipales y siete del Tribunal de Apelaciones.
“Tenemos que evitar a toda costa, que se sigan acumulando vacantes y que sea el ciudadano común el que se vea privado de su legítimo acceso a la justicia, ya que los tribunales no son ágiles por la falta de jueces que vean estos recursos. ¡Se hace imperativo actuar, y es ya!”, dijo Martínez en una comunicación escrita.
“Resta poco tiempo de sesión, pero eso no significa que actuaremos con prisa, como tampoco nos prestaremos a dar nuestro consentimiento sin el rigor que requieren los nombramientos de la Rama Judicial”, advirtió el legislador en una comunicación escrita.
A juicio del senador novoprogresista, esta situación que catalogó como “grave”, plantea que la falta de jueces puede sobrecargar el trabajo de los jueces en funciones y provocar la dilación en la atención de recursos extraordinarios, como en el examen de las pensiones alimentarias.
“Estamos listos a proceder con las evaluaciones según nos sometan los nombramientos, pero lo que no debe permitirse, es que sea el ciudadano, la mujer jefa de familia y las personas que defienden su inocencia, los que paguen por una situación que luce ser administrativa”, agregó el senador.
Esta semana el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, licenciado Edgardo Román Espada, recomendó enmendar la Ley de la Judicatura para reducir el número de jueces conforme a la necesidad del servicio y la capacidad presupuestaria de la Rama Judicial.
“Los que visitamos a diario los centros judiciales podemos dar fe de que hay muchos menos casos presentados y personas acudiendo a los tribunales. En las tardes, una gran cantidad de salas están incluso cerradas, sub-utilizándose”, sostuvo Román Espada.
El abogado explicó que los informes estadísticos de la Rama Judicial reflejan una reducción de casos presentados ante el Tribunal de Primera Instancia. En el año fiscal 2009-2010 se presentaron 212,949 casos nuevos ante ese foro.
Los casos nuevos presentados para el año fiscal 2016-2017 fueron 197,042. Es decir, hubo 15,907 menos casos iniciados, una reducción de 7.5 por ciento, en apenas seis años.
La reducción en nuevos casos ha venido acompañada de ajustes al presupuesto de la Rama Judicial. El presupuesto consolidado de la Rama Judicial para el año fiscal 2009-2010 fue 351,449,881 dólares.
Esa cifra se ha ido reduciendo. Al año fiscal 2016-2017, el presupuesto consolidado fue de 322.9 millones de dólares. Para este año, la Junta de Control Fiscal aprobó 293.4 millones de dólares, aproximadamente, según surge del presupuesto publicado en el portal de la Junta.
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