Por Redacción Es Noticia
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Líderes de diversas organizaciones sindicales que reclaman recibir el bono especial otorgado a los empleados públicos advirtieron que no van a desistir en reclamar el mismo aunque la Junta lo haya rechazado.
«La posición de la Junta de Control Fiscal no cierra la puerta a otras alternativas. Lo que hacen es reafirmar nuestra posición de que el gobierno de Pedro Pierluisi puede identificar fondos sean estatales o federales», expresaron los gremios en declaraciones escritas.
Luis De Jesús, presidente de la Unión Independiente Auténtica de la AAA, dijo que son falsas las expresiones del gobernador Pedro Pierluisi y de Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, al señalar que todos los empleados de la AAA recibieron un aumento.
«La realidad es que hay una negociación encaminada para buscar justicia salarial, pero eso no descarta nuestro derecho al bono especial que se basa en recaudos adicionales a los proyectados y que fueron distribuidos al 92% de los empleados públicos excluyendo discriminatoriamente a cerca de 12,000 trabajadores”, expresó De Jesús.
Mientras, el presidente de Prosol Utier-Capítulo de Carreteras, Ángel Pinto, señaló que “es contradictoria la posición de la Junta de Control Fiscal al afirmar que el financiamiento del bono debe venir del superávit de efectivo excedente generado por las entidades del Plan de Ajuste de Deuda, cuando todos sabemos que el bono especial procede del recaudo del IVU y el arbitrio de ron».
«Para intentar justificar el discrimen con otros empleados públicos la Junta pretende imponer unas nuevas condiciones para otorgar el bono especial a los empleados públicos excluidos. Nos reafirmamos que es una obligación moral otorgarnos ese bono y el gobierno de Pierluisi tiene que actuar a favor de todos los empleados públicos, sin excepción”, dijo.
Por su parte, la presidenta de la HEEND, Jannell Santana, argumentó que “en el caso de la UPR la Junta le ha quitado la mitad de su presupuesto. Por lo tanto, es absurdo plantear que el bono sea producto de un superávit. Precisamente el bono especial representa un alivio para miles de madres y padres de familias que tienen limitadas la atención a sus necesidades básicas».
«Nuestro reclamo no dependía de la respuesta de la Junta, lo mantenemos ante el gobernador que ha reconocido que los fondos se han identificado como sobrantes o en el presupuesto de las corporaciones públicas concernidas y que pueden utilizarse para atender nuestro reclamo. Este es el momento en que el gobernador tiene que ejercer su voluntad política en favor de empleados públicos que, como él ha reconocido, han tenido sus salarios congelados por más de 10 años. Este bono no es una dadiva, ya que todas y todos hemos aportado al país», expresó.
Henry Cintrón, presidente de la HIEPPA, manifestó que “la Junta y el Gobierno han ahorrado con los recortes y la congelación de salarios que nos han impuesto. Por eso no hay justificación alguna para excluirnos de un bono que se estará otorgando en los próximos cuatro años. El gobierno sabe que nuestro reclamo es justo y no puede hacerse cómplice de la posición absurda de la Junta”.
La vicepresidenta de HEO-COSSEC, Rosaura Rojas, expresó su inconformidad con la respuesta de la Junta y que “esperamos que el gobernador sea consistente con su posición de que este bono especial se otorga a empleados públicos que han sufrido recortes de beneficios, una terrible inflación y la ausencia de aumentos salariales. Los trabajadores y nuestras familias esperamos que esta Navidad sea para implantar principios y acciones de justicia social”.
El presidente de la CPT, Emilio Nieves, señaló que desconocen «por qué el Gobierno menciona que son $60 millones, cuando nuestros estimados no superan los $36 millones. Exhortamos al Gobernador a dar curso a las alternativas que existen para viabilizar el pago de este bono especial. Nuestras acciones de reclamo van a continuar”.
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