Por CyberNews
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Los abogados y abogadas de la Unión Independiente de la Sociedad para Asistencia Legal (la UIASAL), presidida por el abogado Heriberto Quiñones Echevarría, rechazaron -ayer lunes- las declaraciones de la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, sobre acciones de los jueces en casos de ordenes de protección.
“Somos conscientes de la complejidad de las violencias que se experimentan en nuestra isla. Somos testigos de las secuelas que esas violencias causan no solo en la vida de nuestros y nuestras representadas, sino también en la de las personas que resultan dañadas por la comisión de un hecho delictivo.
Reconocemos que la violencia de género es un problema real que afecta la vida de las mujeres puertorriqueñas. Sin embargo, es un problema estructural que no encontrará solución en los procedimientos penales que se celebran, luego de acontecido un daño, y que meramente pretenden una resolución de tipo individual. No podemos creer en una solución punitiva y deshumanizante como la cárcel, porque hasta este momento, convertir la violencia de género en un problema legalista no ha generado sino mas sufrimiento.
No obstante, en medio de esta complejidad, podemos entender las reacciones de indignación y sufrimiento que la población siente por los recientes asesinatos de dos mujeres puertorriqueñas. Lo que no podemos comprender es cómo, a través de un comunicado, la Juez Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico realiza expresiones que ponen en duda la independencia judicial de los operadores judiciales en los casos de violencia de género y que laceran tremendamente el derecho constitucional de toda persona acusada a un juicio justo e imparcial.
A tales efectos, rechazamos enérgicamente la tergiversación que de su rol ha asumido la Honorable Juez cuando afirma que los y las jueces tienen “un rol indelegable de frenar la violencia, brindar seguridad a las víctimas, y sancionar a los agresores”. El rol de la rama judicial, en el ámbito de lo penal, es constituirse como garante de todos los derechos de las personas que son acusadas. En ese sentido, el o la juez debe velar por que todos los procedimientos, independientemente de la naturaleza del delito, cumplan con el debido proceso de ley.
En este escenario tan complejo que nos encontramos viviendo, la rama judicial debe asegurarle a los y las puertorriqueñas que los operadores judiciales no responderán a indebidas presiones mediáticas y populistas, sino que atenderán los asuntos que se les presentan con todo el temple que se espera de la figura de un o una juez.
Las palabras de la honorable Maite Oronoz, en unión a la forzada federalización de uno de los asesinatos ya mencionados alimentan la percepción en la población puertorriqueña de que nuestras instituciones no son de fiar. Ese mensaje es detrimental para la democracia puertorriqueña, pues violenta la separación de poderes, entre otros. Es por esto que la UIASAL rechaza contundentemente las expresiones hechas por la Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico y la invita a reflexionar en cuanto a las mismas”.
Las expresiones fueron de Quiñones Echevarría en declaraciones escritas.
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