Por Sara R. Marrero Cabán
PONCE – “Se debe a una cuestión de un ataque político a la alcaldesa”.
Estas fueron las palabras del abogado Francisco Sánchez Rodríguez, quien representa a la alcaldesa saliente de Ponce María “Mayita” Meléndez Altieri, ante el referido del Panel Fiscal Independiente (FEI) a la Oficina de Ética Gubernamental y del Contralor para investigar a la mandataria.
“Evidentemente, puedo deducir que se debe a una cuestión de un ataque político a la alcaldesa. Siempre fue lo que manifesté desde el principio y, evidentemente, el FEI me dio la razón en ese aspecto”, explicó Sánchez Rodríguez en entrevista con Es Noticia.
El caso originó el 15 de noviembre de 2019, cuando la empleada municipal y presidente de la Asociación de Empleados Municipales, Mayra Rivera Nazario, presentó ante la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD) una querella en contra de Meléndez Altieri y la entonces secretaria municipal Jessica Nieves Soto.
La querella se debía a presunta “conducta inmoral en violación a ordenanzas municipales adoptadas, malversación de fondos públicos, enriquecimiento injusto, encubrimiento y negligencia en la función pública”.
“De entrada dije que esto era una cuestión frívola, superflua y sin ningún mérito”, comentó Sánchez Rodríguez.
La querellante relató que recibió un correo electrónico que indicaba que la alcaldesa recibió un cheque de $14,475.86 (monto bruto $15,675) por exceso de vacaciones no disfrutadas. Por su parte, Nieves Soto recibió un cheque de $21,557.96 (monto bruto $23,343.75).
La abogada investigadora del UPAD, Vivian González Méndez, entrevistó a funcionarios municipales, examinó documentos y solicitó una certificación de empleados, incluyendo los comprendidos en el servicio de confianza y concluyó que el pago no se efectuó en contravención con la ordenanza municipal.
Sin embargo, recomendó que se investigara por parte de la Oficina de Ética Gubernamental y del Contralor.
La recomendación se debe a informes recibidos vía correo electrónico sobre pagos por exceso de enfermedad en el año fiscal 2018-2019 donde no surge información en torno a los puestos de las personas allí indicadas para conocer si eran funcionarios o empleados.
Por otro lado, tampoco se incluyeron los pagos a funcionarios o empleados por exceso de balance de vacaciones para dicho año fiscal. En su lugar, solamente se incluyeron los datos relacionados con la alcaldesa y Nieves Soto.
Consecuentemente, son desconocidos los múltiples pagos luego del 3 de agosto de 2018.
“Evaluada en su totalidad el informe de la abogada investigadora y la información que acompaña el mismo, acogemos la recomendación y disponemos el archivo de la querella presentada ante la UPAD y acogemos la recomendación de la abogada investigadora, por lo cual referimos este asunto tanto a la Oficina de Ética Gubernamental, como a la Oficina del Contralor para la acción que estimen pertinente dichas agencias”, lee la resolución del FEI.
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