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Tres empresas compiten por la Bahía de San Juan

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Por Miguel Díaz Román

redaccion@esnoticiapr.com

 

Tres empresas compiten por el contrato para la reparación y administración de los puertos en la Bahía de San Juan y en estos momentos las negociaciones se dirigen a determinar el futuro de los trabajadores que laboran en los muelles, quienes podrán quedarse en la Autoridad de Puertos (AP) o pasar a trabajar con el operador privado que finalmente se seleccione, tal y como ocurrió en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, según reveló el nuevo director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Fermín Fontanés,

Las empresas que compiten por el contrato son Global Ports, Puerto Rico Cruise Terminals Partners y San Juan Cruise Terminal Partners, indicó Fontanés.

El director de la AAPP manifestó que contrario a los que se ha expuesto en la opinión pública, el proceso ha sido uno competitivo y no de contratación directa con el proponente Global Ports Holdings. “Se entendió que abrir a competencia el proceso era en el mejor interés del proyecto y cónsono con las disposiciones de la ley que crea la AAPP”, dijo Fontanés.

El funcionario hizo las expresiones ante las Comisiones de Asuntos Federales, Internacionales y de Estatus, y de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, presididas por los representantes José Aponte Hernández y Víctor Parés Otero, respectivamente. Ambas comisiones examinaron ayer lunes el proceso de contratación de la empresa que administrará los puertos en la Bahía de San Juan, que según surgió en la vista, representará una inversión millonaria para ampliar el mercado de cruceros en la Isla.

Fontanés sostuvo que el proceso para escoger un administrador de las instalaciones de los puertos comenzó en 2017, cuando fueron al mercado para buscar inversionistas para reconstruir la infraestructura portuaria.

Luego de ello, recibieron por parte de Global Ports Holdings, una propuesta no solicitada que planteó la concesión a largo plazo para la modernización, expansión y operación de los muelles 1 al 14 y el Panamericano 1 y 2.

“El proyecto de APP busca no solo realizar mejoras significativas para todos los muelles como parte de un plan maestro integrado, en lugar de mejoras ad hoc limitadas a muelles aislados para líneas de cruceros en particular, sino las mejoras y los nuevos terminales ampliarán el mercado de líneas de cruceros que podrán visitarnos al ponerse en vigor un nuevo método de operar muelles turísticos de la Bahía de San Juan denominado “Open Access Regime”, dijo Fontanés.

El funcionario sostuvo que tras la privatización el número de pasajeros que visitará la Bahía de San Juan podría aumentar tres veces, en relación con el número actual de visitantes. Incluso, sostuvo que se estima que con la llegada de más pasajeros a unas instalaciones cómodas, el negocio en los terminales portuarios de la Bahía de San Juan podría aumentar en $20,000 millones.

Según el funcionario, en junio de 2018 la AAPP ordenó un estudio sobre la propuesta de Global Ports Holdings, el cual concluyó que la AP “no tiene la capacidad económica para llevar a cabo las inversiones necesarias en la infraestructura portuaria con sus propios recursos”.

El representante Aponte Hernández señaló no estar “satisfecho con la participación de la AP y lo he manifestado públicamente; no confío en lo que ha estado ocurriendo por la AP, no solamente hoy. La dejadez que ha tenido la AP para con sus propias facilidades por décadas, la estamos viendo. Ha estado cobrando por la utilización de unos muelles. Sin embargo, se desconoce que se ha estado haciendo con los recursos, con los bonos que se han vendido para inversiones y uno ve las facilidades las cuales no están a la par con lo que se ha obtenido producto de la venta de bonos y los cobros que se han realizado”.

A preguntas del representante Parés Otero, Fontanés aseguró que el Estado mantendrá el dominio de las instalaciones portuarias, pero la operación pasará durante 30 años a manos privadas, que se hará un pago inicial de $250 millones a la AP, cuyo uso ya está determinado por ley y llevará a cabo inversiones para poner en condiciones seguras la infraestructura de los muelles.

Incluso, sostuvo que con la llegada de más pasajeros a unas instalaciones cómodas, permitirá que se expanda el negocio a uno que se proyecta en unos $ 20 billones.