El juez federal Raúl Arias Marxuach ordenó el miércoles a las autoridades federales de inmigración regresar a Puerto Rico a Sandro González Domínguez, luego de que fuera trasladado fuera de la jurisdicción mientras estaba pendiente un recurso de habeas corpus presentado para impedir precisamente su salida de la isla, informó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico.
“Sandro fue montado en un avión a toda prisa por agentes de inmigración, a pesar de que ya tenían conocimiento del caso que se encontraba ante la corte federal. Lo ocurrido es otro ejemplo del estilo autoritario y antidemocrático del presidente Trump y el séquito de agentes inescrupulosos que ignoran lo que establece la propia constitución que juraron defender”, dijo el director legal de la ACLU de Puerto Rico, Fermín Arraiza, en declaraciones escritas.
La organización había presentado el habeas corpus durante la noche del 28 de septiembre en representación de González Domínguez, con el propósito de evitar que fuera trasladado fuera de Puerto Rico.
Según la ACLU, las agencias federales de inmigración habían sido informadas sobre el recurso. Alrededor de las 4:42 de la tarde del miércoles, el nombre de González Domínguez dejó de aparecer en el sistema de ICE para la localización de detenidos, que previamente indicaba que se encontraba en San Juan.
Arias Marxuach emitió su opinión y orden relacionada con el habeas corpus a las 5:45 de la tarde. Posteriormente, la ACLU presentó una moción urgente para informar al tribunal que González Domínguez había sido trasladado, luego de lo cual el juez ordenó su regreso a Puerto Rico.
González Domínguez fue detenido el sábado 26 de septiembre afuera de uno de los restaurantes de los que es copropietario. De acuerdo con la organización, lleva 28 años residiendo en Estados Unidos y Puerto Rico, tiene dos hijas ciudadanas estadounidenses, de 26 y 19 años, y es codueño de una empresa que opera ocho restaurantes y emplea a unas 115 personas.
“Esta persona no solo tiene vínculos comunitarios y familiares con Puerto Rico, sino que también es un ejemplo de cómo la comunidad migrante es parte de la economía que mueve y sostiene a nuestro país, incluso en medio de la violencia institucional que enfrentan nuestros inmigrantes”, sostuvo Arraiza.
Por su parte, la abogada de inmigración de González Domínguez y directora de la Clínica de Inmigración de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, María García, acusó a las autoridades federales de incumplir las leyes, reglamentos y garantías constitucionales aplicables a las personas detenidas.
“El país debe saber que las autoridades federales de inmigración siguen violentando los derechos de las personas inmigrantes que residen en nuestro archipiélago, ignorando incluso los procedimientos establecidos por las mismas leyes y reglamentos federales, así como la Constitución de Estados Unidos, lo que convierte en ilegal la detención de Sandro y de miles de inmigrantes”, expresó García.
La ACLU de Puerto Rico indicó que, junto con la Clínica de Inmigración de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, ha representado a 12 inmigrantes en casos relacionados con actuaciones de las autoridades migratorias.
