Por Redacción Es Noticia
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El Tribunal de Primera Instancia en San Juan ordenó al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) entregar a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico documentos relacionados con el traspaso de información personal de miles de inmigrantes al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), incluyendo un alegado requerimiento federal que provocó la divulgación de los datos.
La determinación judicial responde a una petición de mandamus presentada por la ACLU -en octubre- contra el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, y el Estado Libre Asociado, luego de que la agencia se negara a proveer copias del alegado subpoena emitido por el gobierno federal.
Según la organización, la entrega de información ocurrió en violación a la Ley 97 de 2013, que exige confidencialidad sobre los registros de conductores inmigrantes.
El juez Anthony Cuevas Ramos concedió al DTOP un plazo de cinco días para entregar los documentos solicitados, tras concluir que el Gobierno no pudo demostrar base legal ni jurisprudencia que sustentara su reclamo de confidencialidad.
La agencia argumentaba un supuesto “interés apremiante” vinculado a la seguridad pública, pero el tribunal determinó que no presentó hechos concretos que justificaran la reserva del documento.
“La decisión reafirma que el acceso a la información pública es un pilar de la democracia y que las agencias no pueden invocar confidencialidad sin fundamento legal”, expresó la directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, Annette Martínez Orabona, en declaraciones escritas.
El director legal de la ACLU, Fermín Arraiza Navas, señaló que el caso representa un paso importante para aclarar bajo qué circunstancias el Gobierno entregó información que puso en riesgo a cerca de seis mil personas inmigrantes.
“El país tiene derecho a saber cómo se tomaron esas decisiones y qué mecanismos fallaron en proteger los derechos humanos y constitucionales de todos”, indicó Arraiza Navas.
El pleito se origina tras conocerse que, entre febrero y marzo de 2025, el DTOP compartió datos personales de conductores que obtuvieron licencias bajo la Ley 97-2013. De acuerdo con la ACLU, dichas transferencias habrían facilitado operaciones de arresto y deportación realizadas por agencias federales sin órdenes judiciales.
La sentencia del tribunal obliga al Gobierno de Puerto Rico a divulgar el requerimiento federal y toda la información relacionada con el proceso de entrega de datos, reafirmando el principio de máxima divulgación en asuntos de interés público. (De CyberNews)
