Por Marga Parés Arroyo
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Su perro ya estaba enfermo cuando decidió llevarlo a una clínica veterinaria recomendada por conocidos, quienes le aseguraron que el lugar era bueno y no muy costoso. Pero el animal nunca fue evaluado por un veterinario, sino por personal no autorizado, según se enteró luego.
Su adorada mascota estuvo en la clínica de un día para otro, hasta que decidió llevárselo cuando se dio cuenta que no le habían hecho “casi nada” a nivel terapéutico. A los pocos días, el can murió en su casa. Y aunque ya van varios meses, Olivia (seudónimo) aún recuerda y lamenta el suceso.
“Además de mi perrita, allí estaban atendido a muchos otros (animales), incluso haciendo amputaciones”, sostuvo.
Y aunque hizo una querella en la Policía, Olivia comentó que la investigación que se realizó fue muy limitada y ya el caso fue cerrado, sin sanciones para nadie.
“Ya ella (perra) falleció, pero no quiero que le vuelva a pasar a más nadie”, indicó.
El Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico (CMVPR) investiga al menos 14 querellas de intrusismo o la práctica de esta profesión por personas no cualificadas o sin las debidas certificaciones reguladoras, incluyendo los exámenes de reválida que conducen al licenciamiento de la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios de Puerto Rico.
“Esto pone en riesgo tanto la salud y el bienestar animal como la salud pública de Puerto Rico”, advirtió el doctor Elvin Reyes, presidente del Comité contra el Intrusismo del CMVPR, en entrevista con Es Noticia.
La situación no es nueva, pero según el veterinario en los últimos años han aumentado los casos de este tipo por la alegada inhabilidad del estado en regular la práctica ilegal de la medicina veterinaria.
“Aunque existen reglamentos y leyes en el área, nos encontramos con carencia de recursos humanos, así como desconocimiento y en algunas situaciones protección de parte de algunos policías y (de la misma) ciudadanía hacia los intrusos”, denunció.
Según explicó, el intrusismo ha evolucionado y ya no se trata solo de personas no autorizadas (como “groomers” o personal de casas agrícolas y “pet shops”) vacunando. “Clínicas veterinarias” disfrazadas de tiendas con cubículos para evaluación de los animales para diagnosticar, prescribir y dar tratamientos, así como personal no autorizado atendiendo emergencias (sin la presencia física de un veterinario) son algunos de los casos que actualmente investigan.
Los protocolos que se impusieron durante la pandemia de COVID-19 para minimizar el contacto entre personas, agregó, se han mantenido en muchas clínicas. Esto, explicó, provoca que muchos tengan que dejar a sus mascotas a las afueras o la entrada de la clínica, sin tener contacto con el médico veterinario que, no tan solo le explique lo que realizó o se dispone a hacerle al animal, sino que asegure que la mascota pasó por sus manos. Además, advirtió, esto puede generar fallas de comunicación entre la persona que recibe el animal y luego los que lo evalúan.
El grado de impunidad es tal, lamentó Reyes, que hay personas no autorizadas para ejercer la medicina veterinaria que hasta se anuncian por las redes, incluso explicando todos los servicios que realizan.
“Antes se hacía un cese y desista (“injunction”) y ya (se acababa la situación), pero hoy día muchos alzan las manos (durante el proceso legal) y se acabó. Pero luego vuelven (a la misma práctica ilegal de la profesión)”, sostuvo.
Regulada la práctica de la medicina veterinaria
“El Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico rechaza enérgicamente el ejercicio ilegal de la medicina veterinaria en la isla. Esta práctica representa un riesgo serio para la salud del animal y de la comunidad, afectando negativamente la salud pública. El bienestar del animal se ve comprometido cuando estas personas juegan a ser veterinarios, lo que constituye el delito de maltrato animal”, advirtió la doctora Franchesca Caballero, presidenta del CMVPR.
Maltrato de animales, negligencia agravada, intrusismo y ejercer la medicina veterinaria sin estar debidamente autorizados por la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios de Puerto Rico son algunos de los delitos asociados a estas acciones.
La Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales, la Ley del Ejercicio de la Medicina Veterinaria de Puerto Rico y la Ley de Farmacia son algunas de las disposiciones legales relacionadas.
En octubre del año pasado trascendió un caso contra una persona que fungió falsamente como veterinario y ocasionó lesiones, sufrimiento y en algunos casos la muerte de varios animales.
El caso fue investigado por la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia durante tres años. Finalmente, un juez encontró causa para arresto y se le fijó una fianza de $22,000.
Para ejercer la medicina veterinaria en Puerto Rico la persona debe estar debidamente licenciada por la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Salud, según lo dispone la Ley 194, del 4 de agosto de 1979, informó Caballero.
“Todo dueño o guardián debe asegurarse de que su mascota sea atendida únicamente por un médico veterinario licenciado”, reiteró.
El agente Luis Vázquez, de la Comandancia de Guayama, recientemente fue nombrado como uno de los coordinadores de la Ley 154, del 2008, la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales. Esto lo faculta para investigar los casos que surjan de querellas relacionadas en pueblos aledaños a esa área policiaca. Perros abandonados por sus dueños o atropellados son algunos de los casos que ha investigado, dijo. Con relación a los asuntos de intrusismo, comentó que las investigaciones generalmente surgen y se trabajan desde el CMVPR.
“Me han dicho que hay muchas clínicas (veterinarias) en Puerto Rico con esta práctica”, dijo sobre personal no autorizado para ejercer la veterinaria en el país.
Mientras, un investigador privado que se especializa en investigar estos casos y que prefirió mantenerse en el anonimato reconoció que la situación ha ido “in crescendo”. Cesáreas y cirugías reconstructivas, aseguró, son algunas de varias acciones que han causado muchos casos de la mala práctica de la veterinaria por personas no autorizadas en esta profesión.
“Esto ha existido siempre, pero ahora ha cobrado más importancia porque hay más veterinarios afectados”, dijo.
Como ejemplo, mencionó que animales que son intervenidos por personas no cualificadas o facultadas y resultan perjudicados, luego son muchas veces llevados por sus dueños a veterinarios autorizados que no siempre logran salvar a la mascota.
“Entonces terminan muriendo en manos de un veterinario real, que no fue el que inicialmente le causó el daño (al animal)”, dijo.
“El problema es que se están aprovechando de una población vulnerable, porque aquí hay muchos “pet lovers” (amantes de mascotas)”, agregó al reiterar que la situación abarca a toda la isla.
Múltiples los factores que inciden en el intrusismo
Dentro de la práctica de intrusismo, hay muchos factores, advirtió el doctor Reyes.
“Uno de los escenarios que agrava la situación es la eliminación de la colegiación compulsoria, al perder parte de los poderes (reguladores) que el Colegio (CMVPR) tenía”, indicó.
Según explicó, antes los requisitos para practicar la medicina veterinaria eran tener la licencia que concede el estado para ejercer esta profesión, así como la colegiación al día.
“Esto nos ofrecía un mecanismo para poder regular a colegas que facilitan estas prácticas directamente, sin necesidad de recurrir a la Junta Examinadora”, dijo.
Además, mencionó que, tras un receso desde la pandemia, no fue hasta recientemente que se volvieron a asignar fondos para pagarle a los abogados de la Junta que llevan estos casos.
“Tenemos casos presentados desde antes del inicio de la pandemia. Esto, aparte del sentido de frustración y de tener un sistema prácticamente inoperante en esta área, ofrece una percepción de tolerancia o impunidad”, deploró.
Además, lamentó el que haya colegas veterinarios que se quejan de situaciones ilegales que advierten, pero no quieren hacer declaraciones juradas para formalizar el caso e iniciar la debida investigación.
No fue posible entrevistar a algún portavoz de la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios. A través de su página web, se pueden encontrar varias de las leyes y reglamentos que facultan esta profesión. Mientras, en la plataforma digital de la Oficina Estatal para el Control de Animales (OECA) hay una lista de reproductores, criadores y vendedores comerciales de mascotas licenciados por el Departamento de Salud que solo muestra a seis compañías autorizadas. Estas son: Puppy Love PR, Everlasting Doodles, Los Osos PR, Puerto Rico Labradoodle, Puppy Land PR y Little Pet Shop.
Por otra parte, Reyes comentó que “bajo la excusa de la necesidad” se hayan bajado los estándares de la veterinaria con el desarrollo de cursos cortos relacionados a esta profesión que crean una “confusión oportuna” sobre hasta dónde puede llegar el alcance de sus tareas autorizadas.
Como ejemplo, mencionó que se organizó un curso para los dueños de casas agrícolas sobre cómo interpretar y dispensar una receta de un veterinario. Pero, contó, luego muchos interpretaron que esta certificación les daba una mayor autoridad, incluso de recetar, lo que llevó a la imposición de multas.
Mientras, actualmente el Proyecto del Senado 110, de la autoría del senador Carmelo Ríos, busca que se conceda una licencia provisional de un año para ejercer la medicina veterinaria en Puerto Rico a egresados de universidades no acreditadas por la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA) y que estén pendientes a tomar los exámenes de reválida de Puerto Rico y Estados Unidos. Esta medida fue radicada el 2 de enero de este año. Aprobada en mayo por el Senado, desde entonces fue referida a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.
“Actualmente, solo una universidad, la Universidad Ana G. Méndez, ofrece el programa de Doctorado en Veterinaria. Sin embargo, la institución fue recientemente inaugurada. A causa de esto, no está acreditada por la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA), obligando a los profesionales realizar sus estudios en los Estados Unidos continentales o, en ciertos casos, fuera de la nación americana”, lee la Exposición de Motivos del proyecto.
Reyes reconoció que hay casos de personas graduadas de escuelas de veterinaria no acreditadas o que tardan años en aprobar el examen de reválida de la profesión. También, veterinarios que emplean a estas personas en sus clínicas, firmando por los procedimientos que realizan.
“No debemos menospreciar el impacto que algunos colegas tienen en la problemática al entrenar a muchos asistentes en procedimientos que no les competen”, agregó.
El veterinario también alegó que hay ciudadanos y policías que protegen a personas que ejercen ilegalmente la profesión al no estar debidamente reguladas bajo el reclamo de que “los veterinarios cobran caros y ellos son buenos, tipo Robin (“Hood”), porque ayudan y no son tan caros”.
Un ejemplo mencionado fueron los inseminadores en ganaderías. Estas son personas que asisten en técnicas de reproducción asistida de animales de ganado, como vacas, cerdos u ovejas.
“A pesar de todo, la Comisión de Intrusismo (del CMVPR) está activa, recibiendo y evaluando querellas, las cuales son referidas al investigador en orden de recopilar evidencia para ser referida a los tribunales en forma de cese y desista”, indicó Reyes.
En los casos de más relevancia por el tipo de ilegalidad, comentó, la Comisión opta por encaminar un proceso criminal, recurriendo a fiscalía presentando una querella juramentada del afectado, junto a evidencia adicional. Estos casos, sostuvo, son más extensos y costosos.
“Nuestro trabajo se facilitaría grandemente si todos cooperamos con proveer información que nos llega a nuestras oficinas, si orientamos a los afectados adecuadamente y los dirigimos al Colegio”, concluyó.
