Por CyberNews
El traspaso de planteles escolares a municipios podría «tener una tensión» con el plan fiscal para Puerto Rico, indicó Hecrian Martínez Martínez, subdirector de Asuntos Legales de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).
Esto lo reveló durante la vista pública de la Comisión de Autonomía Municipal, Descentralización y Regionalización, presidida por el representante Juan José Santiago Nieves, que se celebró ayer-lunes. Allí se discutió el Proyecto de la Cámara 823, que busca crear la Ley para la Municipalización y el Mantenimiento Óptimo de los Planteles de Educación Pública.
Según Martínez Martínez, tal y como está redactado el Proyecto “pudiese tener una tensión” con el Plan Fiscal para Puerto Rico certificado por la Junta de Control Fiscal (JCF), en la medida que requiere una transferencia de recursos presupuestarios del Gobierno de Puerto Rico hacia los municipios para el mantenimiento de los planteles escolares en desuso cuya titularidad sea transferida, puesto que el Gobierno nunca estaría en posición de realizar los ahorros por el cese en el uso de tales planteles escolares”.
Martínez Martínez explicó que la sección del Plan Fiscal sobre medidas concernientes al Departamento de Educación y la captación de ahorros provenientes de la pasada consolidación de escuelas, “requiere que el Gobierno de Puerto Rico lleve a cabo acciones afirmativas dirigidas a minimizar los gastos en edificios públicos que, actualmente están en desuso, incluyendo planteles escolares vacantes”.
“De acuerdo con el Plan Fiscal, el Departamento de Educación, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), la AAFAF y/o cualquier otra entidad gubernamental, deben hacer todo lo posible para finalizar la venta o arrendamiento de estas propiedades a fin de garantizar que los edificios en desuso se utilicen de la manera más eficiente y no creen nuevos desafíos a las comunidades circundantes debido a su abandono”, señaló el asesor legal de la AAFAF.
La medida de la autoría del presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y los representantes Jesús Santa Rodríguez y Santiago Nieves, viabiliza la transferencia voluntaria de las gestiones no docentes en los planteles escolares a los municipios.
Según la exposición de motivos del Proyecto, la ley busca reestablecer al municipio como institución esencial para el desarrollo económico del país. De acuerdo a los proponentes, la medida “trata de consolidar gastos de mantenimiento y reparaciones menores en planteles, transportación de estudiantes; expandir los ofrecimientos del Departamento de Recreación y Deportes Municipal a las escuelas, para que a su vez pueda beneficiar a las comunidades cercanas”.
“La medida pretende integrar el sistema de transporte del municipio con el escolar, para que sea uno más dinámico, eficiente y eficaz; mejorar el mantenimiento de los planteles escolares, así como otras áreas del municipio, para que no se tenga que esperar al inicio de clases para mejorar las estructuras e instalaciones escolares”, reza el Proyecto.
La pieza legislativa propuesta por los líderes populares, busca asignar mayores poderes a los alcaldes y alcaldesas al mismo tiempo, que los líderes municipales intentan asumir un recorte aprobado por la JCF de 44 millones de dólares para el nuevo año fiscal que comienza en julio.
“Este proyecto busca crear solvencia ante los recortes de los municipios y garantizar la calidad de los servicios a la ciudadanía”, destacó Santiago Nieves.
Por su parte, el representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez realizó cuestionamientos sobre las implicaciones que ha planteado la JCF sobre la aprobación de una reprogramación presupuestaria en los municipios atada a que se logre un plan de ajuste de la deuda.
Discuten enmiendas al Código Municipal para manejo más eficiente de contribuciones sobre vehículos de motor
Al mismo tiempo, los legisladores también discutieron el Proyecto de la Cámara 826, que enmienda el Código Municipal de Puerto Rico, a fin de establecer un método especial más eficiente y equitativo para determinar la contribución y el correspondiente pago sobre la propiedad mueble en el caso de los vehículos de motor.
Más tarde en la vista pública, los representantes recibieron la participación del presidente de la organización Puerto Rico Dealers Association (PRADA), Julio Ortiz.
“Al establecer un método especial de contribución sobre propiedad mueble para los vehículos de motor, se dispone un método efectivo y certero para la determinación y pago de una contribución razonable, que permita a la industria de vehículos de motor trabajar ordenadamente, a la que vez que permite al Gobierno recibir las contribuciones sobre bienes muebles de forma expedita, sin afectar la contribución adicional especial, ni el fondo de redención de los municipios”, destacó PRADA en su memorial escrito.
Por otro lado, la organización anotó, que aunque no conoce información oficial de los recaudos actuales de las contribuciones sobre propiedad mueble en el caso de los vehículos de motor, entiende que los recaudos que se generarían por el Proyecto de la Cámara 826 excederían considerablemente los recaudos que se obtienen bajo el sistema actual.
“Es importante que se entienda y el pueblo conozca que esto no es un nuevo impuesto. Esto ya existe, lo que estamos discutiendo en esta medida es un manejo más efectivo del mismo”, sentenció Santiago Nieves.
