Por Redacción Es Noticia
PONCE – Menos de la mitad. Solo cinco de 14 municipios de la región sur entregaron los estados financieros del año fiscal 2019-2020 a la Oficina de la Contralora, en el tiempo que establece la ley.
Los pueblos que entregaron son: Arroyo, Guayama, Juana Díaz, Patillas y Yauco. Todos con excepción de Juana Díaz reportaron que gastaron más que lo ingresado.
Entretanto, Guayama y Juana Díaz fueron los únicos municipios sureños que reportaron que operan con superávit.
Las administraciones municipales de Arroyo, Patillas y Yauco operan con un déficit acumulado por lo que deben tener un plan para amortizar y subsanar esa deficiencia.
Los pueblos restantes -Adjuntas, Coamo, Guánica, Guayanilla, Peñuelas, Ponce, Salinas, Santa Isabel y Villalba- no habían entregado sus estados financieros a la Oficina del Contralor.
El último informe fiscal entregado por los pueblos de Guánica, Guayanilla, Ponce, Santa Isabel y Villalba, reflejaban un déficit acumulado.
El último informe financiero que entregó el municipio de Guánica, según el Contralor, fue el de 2017-18. No habían entregado el del 2018-19 ni del 2019-20.
Los municipios de Adjuntas, Coamo, Peñuelas y Salinas reflejaban superávit en el último informe que entregaron y que correspondía al año fiscal 2018-19.
En el caso de Ponce, la administración municipal contrató servicios de auditoría de López-Vega, CPA, PSC., con el propósito de realizar una auditoría forense que identificara problemas mayores en gastos, le indicara si debe redirigir fondos y los contratos con publicistas y asesores que se estimen innecesario prescindir
“Aquí hubo una mala administración durante 12 años”, recién indicó el alcalde Luis Irizarry Pabón al mencionar que cuenta con la auditoría preliminar y próximamente informará los hallazgos.
La Contralora reveló en su más reciente informe de auditoría seis hallazgos de la pasada administración de Guánica, entre julio de 2015 y agosto de 2019.
A pesar de que aclaró que estos señalamientos no incurrieron en violaciones a la ley, ayudaron a preparar el terreno para la crisis fiscal actual de este pueblo.
La crisis se agudizó con la destrucción que dejaron los sismos del 2020 y la paralización del país por la pandemia de COVID-19.
De manera similar, la Contralora también publicó un informe en el que divulgó señalamientos de la administración santaisabelina, ocurridos entre julio de 2014 a mayo de 2018. Esos hallazgos, indicó, afectaron seriamente las operaciones financieras del ayuntamiento.
La Ley de Municipios Autónomos establece el 30 de marzo del año siguiente como fecha límite para entregar los estados financieros. Ningún municipio ha sido penalizado por no entregarlo.
