Por Redacción Es Noticia
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El representante Jesús Manuel Ortiz señaló que si preocupante es que el Departamento de la Familia no tenga la cantidad de trabajadores sociales necesaria para atender la alarmante cifra de menores maltratados, peor es que la Junta de Control Fiscal le restrinja los fondos con los que podría atender el problema.
Señaló que el Departamento de la Familia, durante una vista pública realizada hoy, informó que solicitó a la Junta de Supervisión Fiscal una asignación de $6 millones y en ente federal solo asignó $2.5 millones.
“Si me indigna la situación de falta de trabajadores sociales en la Agencia, más me indigna saber que DF solicito $6 millones a la JSF y esta solo le asignó $2.5 millones. Esto es un servicio esencial y no entiendo como en un universo fiscal difícil se asignen fondos para otros asuntos y no para suplir la necesidad de la Agencia para contratar más trabajadores sociales que brinden servicios a esta población. Esto es una crisis en servicios esenciales.”, indicó Ortiz.
La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes celebró -hoy- una vista pública a los fines de evaluar el funcionamiento administrativo y organizacional del Departamento de la Familia en relación con los casos de maltrato a menores reportados, incluyendo hogares de cuido de menores, entre otros.
Durante la vista, el DF informó que solo cuenta con unos 890 trabajadores sociales y que al presente la agencia ha recibido más de 12,000 referidos de maltrato.
“Es muy preocupante que el Departamento de la Familia tenga aproximadamente 892 trabajadores sociales para atender el universo de querellas de maltrato que existen. Esto pone en evidencia que el Gobierno no está en posición de garantizarle a ningún niño que está siendo maltratado que lo atenderán a tiempo y le van a salvar la vida», dijo.
Señaló que faltan entre 200 y 300 trabajadores sociales y los que ya ofrecen servicios en la Agencia están a manos llenas con unos 40 casos por funcionario, «lo que sin duda afecta el servicio que estos pueden ofrecerle a esta población”.
Durante la vista, Ortíz solicitó información que no fue suministrada por la agencia, entre ella, la cantidad de casos que reciben anualmente, así como también de las llamadas que reciben y cuántas de esas llamadas son respondidas o investigadas y cuáles se convierten en casos.
“Hay una falta de detalles en la información ofrecida por el Departamento de la Familia. No tienen la información que se requiere para conocer la situación real en la que se encuentra el Departamento y la problemática de la atención de los casos de maltrato. El que hoy una funcionaria reconozca que solo se atiende un 50% de los casos que ellos catalogan como peligro presente es inaceptable, ya que estos son casos donde el maltrato a los niños está sucediendo cuando se recibe el referido”.
Ortíz explicó que la vistas buscan «retratar la situación real que existe en el Departamento de la Familia de manera que todos podamos entender que tenemos una crisis de servicios esenciales en la Isla. En este momento, con la información que nos han presentado aquí, se desprende que el Gobierno no puede garantizar la vida y la protección de los menores. Esto debe motivarnos a buscar alternativas viables para que esto no suceda y se pueda resolver de una vez por todas el problema de la falta de recursos en el Departamento”.
