Por Rafael R. Díaz Torres
Centro de Periodismo Investigativo
Los acueductos comunitarios son una solución para cientos de personas ante la crisis climática y el pobre servicio de agua potable en algunas áreas del país. A pesar de que FEMA no precisó si la titularidad es un requisito para que puedan solicitar fondos de recuperación, los operadores de estos acueductos insisten en que esta exigencia, junto a la burocracia del proceso, continúan retrasando su recuperación.
Un 31% de los 242 sistemas de acueductos comunitarios registrados legalmente como franquicias no han solicitado los fondos de recuperación por los daños causados a la infraestructura por los huracanes Irma y María en septiembre de 2017, según datos de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) del Gobierno de Puerto Rico.
Aunque las razones varían para cada acueducto comunitario, la falta de titularidad de los terrenos donde ubica el equipo y los pozos, la cantidad de documentos requeridos por el gobierno federal, y la ausencia de orientación a quienes administran estos sistemas, son algunas de las razones por las cuales estas entidades no cumplen con los requisitos para solicitar fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y COR3.
Hasta esta semana un total de 167 acueductos comunitarios solicitaron fondos de recuperación, dijo la portavoz de prensa del COR3, Maura Ríos Poll. De estos,150 ya obtuvieron la obligación del dinero, según los datos del portal de COR3.
Son 242 los acueductos comunitarios son reconocidos como franquicias por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
En Puerto Rico también existen otros sistemas no afiliados a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), pero que operan de manera informal, por no cumplir con los requisitos que establece el DRNA para reconocerles como franquicia de agua. Este grupo de acueductos comunitarios informales, que no se sabe cuántos son, tampoco cumple con los requisitos para acceder a los fondos de recuperación de FEMA.
Al no tener titularidad sobre los terrenos en donde se ubican muchos de los acueductos comunitarios, sus operadores dependen de la “buena voluntad” de los dueños o herederos de esas áreas para que permitan el acceso a estas. Esta situación dificulta la operación de estos sistemas y representa un obstáculo para formalizar la solicitud de fondos para la reparación y mantenimiento de la infraestructura, de acuerdo a portavoces de estas organizaciones. Al CPI preguntar si la titularidad es un requisito para solicitar los fondos, el COR3 dijo que FEMA debía atender la pregunta, pero la agencia federal no pudo contestar de inmediato.
“Uno de los problemas más grandes que tienen los acueductos es que no tienen la titularidad de los predios en donde están los pozos. Solamente se tiene la autorización de quien fue el primer dueño de la propiedad. Muchos fondos de recuperación son para energía renovable y los herederos [de los terrenos] no permiten que cojan más espacio. Muchos de estos herederos no conocen cómo les podría afectar [el problema del agua]. Pero no son sólo los herederos, sino quienes han comprado estos terrenos y no entienden que estos pozos están ahí”, dijo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), el presidente de AsoCaguas y el delegado de la Asociación de Acueductos Comunitarios, Ramón Vega.
Una medida legislativa fue sometida el 6 de diciembre de 2021 para garantizar el acceso de los operadores de acueductos comunitarios a los predios privados en donde se ubican los pozos y equipos. El Proyecto del Senado 694, de la autoría de la senadora Gretchen Hau, busca enmendar la Ley para la Conservación, Desarrollo y Uso de Recursos de Agua para permitir que los encargados, representantes y operadores de sistemas de acueductos no afiliados a la AAA puedan “realizar pruebas de calidad de agua, inspecciones, labores de mantenimiento o mejoras y obras de infraestructura”, así como “establecer multas contra quienes impidan u obstruyan el libre acceso a estos sistemas e instalaciones”.
En el Senado, el proyecto recibió un informe positivo y el visto bueno del Departamento de Salud (DS), la Organización de Sistemas de Acueductos Non-PRASA de Puerto Rico (OSAN) y el grupo Puerto Rico por el Derecho a una Vivienda Digna, entre otros. El proyecto fue aprobado en el Senado el 17 de marzo.
La Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje, de la Cámara de Representantes presentó un informe positivo sobre la medida el pasado 21 de junio, pero no ha ido a votación.
Los acueductos comunitarios proveen agua potable a cerca de 125,000 personas, según los datos publicados por los académicos Alicea Martínez y Ríos Dávila en el 2016. Suplen a comunidades donde la AAA no tiene la capacidad de proveer el servicio de manera adecuada. La mayoría están localizados en sectores rurales y para poder operar, deben rendir cuentas ante el Gobierno, principalmente el DRNA y el DS. Las comunidades que tienen este tipo de acueducto se organizan como corporaciones sin fines de lucro para manejar sus finanzas, acceder a fondos gubernamentales y participar de programas.
Los retos de la burocracia
Un año después del huracán María, la comunidad del sector Camino Los Pagán en Adjuntas se organizó y creó un acueducto comunitario que se nutre de un pozo.
“Primero tuvimos que organizar la comunidad para hacer una organización sin fines de lucro para manejar las finanzas, el dinero y poder recibir el dinero de otras fuentes. Después que tuvimos la corporación, empezamos a buscar alternativas de fondos. La primera fue de “Rural Development USDA” [Departamento de Agricultura de Estados Unidos]. Después empezaron a solicitar más documentos y ahí no pudimos porque lo que solicitan es la titularidad del terreno y nosotros no cumplimos con eso. Se está gestionando”, explicó al CPI el presidente de la Asociación de Residentes Camino Pagán Inc. e integrante de OSAN, Orlando Peña.
Sobre los fondos de recuperación que se hicieron disponibles luego de los huracanes del 2017, el líder comunitario adjunteño expresó que “a veces esos fondos son bien difíciles de acceder. Primero, no le dan la publicidad que amerita. Muchos acueductos desconocen de esos fondos. En otros casos también piden una documentación que muchos acueductos tampoco tienen, y se hace bien difícil solicitar los fondos”.
En el caso del acueducto comunitario del sector Buenos Aires en Caguas, su presidenta, Miriam Matos Díaz, alegó que las exigencias de documentación hechas por COR3 que considera excesivas, como el estado de cuenta del banco con información de balance, impiden que su organización reciba los fondos de recuperación que ya fueron obligados.
“Todo [lo que solicitamos] es por infraestructura: las verjas de nuestro tanque de nuestro pozo, los paneles eléctricos, la bomba. Nuestro contador eléctrico se fue [como consecuencia del huracán María]. Por ende, hubo daños en la bomba y en el motor. El panel eléctrico se dobló. Las verjas estaban en el piso. A las compuertas del acueducto le cayeron árboles encima y se hundieron. La escalera se arrancó del tanque. Muchas tuberías del tanque se dañaron. El tanque empezó a percolar”, expresó la también presidenta de OSAN.
Con Peña y Matos Díaz coincidió Vega, al añadir que al momento de solicitar fondos de recuperación u otras fuentes de financiamiento se enfrentan a que no tienen los documentos de exención requeridos por el Gobierno, su registro no está vigente con el Departamento de Estado, o no están activos en la plataforma de System for Award Management (SAM) del gobierno federal.
La COR3 reconoció algunos de los problemas presentados por los portavoces de acueductos comunitarios.
“Muchos de los acueductos tienen una junta directiva con recursos limitados. Por otra parte, hay solicitantes con acceso limitado a la tecnología y poco o ningún conocimiento de manejo de proyectos. Esto es un reto que nos limita para que recibamos completada la documentación requerida por el Programa de Asistencia Pública de FEMA, podemos mencionar entre otros: los acuerdos de subvención, Resoluciones Corporativas, Solicitudes de reembolso/adelanto, documentación requerida para el proceso de formulación de proyecto, para hacer el proyecto luego de la obligación, y trabajar y ejecutar el Procurement, y documentar el proceso de construcción, desembolsos y cierre del proyecto. Sin embargo, nuestro equipo de trabajo una vez identifica estas limitaciones interviene con el solicitante para ayudarle según sea posible”, expresó COR3 en declaraciones escritas enviadas al CPI.
El agua como un derecho humano
Las deficiencias en el manejo del agua por parte de la AAA sugerirían que más comunidades podrían ponderar la posibilidad de desarrollar su propio sistema privado de acueductos. Aspectos como la pérdida de cerca del 60% del agua potable, reconocido por la propia AAA, y la ausencia de un mantenimiento adecuado de las represas que están llenas de sedimento, podrían generar interés en el modelo de acueductos comunitarios.
Las sequías, la erosión de los terrenos y los eventos extremos de lluvia como efecto de la crisis climática, afectan el servicio que da la AAA, al igual que la inestabilidad del sistema eléctrico, que en ocasiones afecta el funcionamiento de algunas subestaciones de la AAA.
Aunque el desarrollo de más acueductos comunitarios luce como una alternativa ideal, los obstáculos burocráticos y la dificultad de conseguir suficiente número de personas de la comunidad que quieran involucrarse en el proyecto, desincentiva la creación de más sistemas de este tipo, según el investigador de temas de manejo de agua, Omar Pérez Figueroa.
“Sería ideal [que haya más acueductos comunitarios], pero es no es tan fácil porque requiere que las comunidades estén organizadas y ese es precisamente uno de los retos. Muchas comunidades no están organizadas”, indicó al CPI el también candidato doctoral en Planificación Urbana y el Programa de Política Pública de la Universidad de California, en Irvine.
Pérez Figueroa, quien colabora con OSAN y varios acueductos comunitarios, reconoce que uno de los principales retos de operación de los acueductos comunitarios es que en la mayoría de las comunidades en donde se ubican estos sistemas, sus residentes viven bajo los niveles de pobreza y cuentan con poca educación formal.
Asimismo, hay poca o ninguna participación de los jóvenes, dejando la carga de la administración y operación de los acueductos comunitarios a los adultos mayores. Durante los períodos de aislamiento al inicio de la pandemia por el COVID-19, muchas de estas personas que viven en áreas rurales de difícil acceso no pudieron comunicarse de forma virtual con los vecinos. Esto, según Pérez Figueroa, limitó el cobro de las facturas por el servicio del agua debido a que muchas comunidades todavía dependen del cobro presencial “de mano a mano”.
“Estas situaciones limitan el acceso al agua. El agua siempre debe verse como un derecho humano”, dijo Pérez Figueroa.
Los costos operacionales mensuales representan uno de los principales retos de estos sistemas. Deben rendir informes mensuales al DS sobre la calidad del agua. Dicho proceso requiere la contratación de laboratorios privados. Contrario a la AAA, los acueductos comunitarios no tienen acceso a los laboratorios del Gobierno en el DS.
“Gastamos aproximadamente al año $11,000. Tenemos que hacer la [prueba] bacteriológica, que ahora aumentó el costo, antes era $65, ahora subió a $80. Eso es todos los meses. Eso es sin contar la de plomo y cobre, que es cada seis meses y esa subió de $450 a $600. Eso dependiendo del laboratorio. Yo te estoy hablando del laboratorio que le brinda el servicio al acueducto de Buenos Aires. Y la [prueba] de químicos que era $2,500 y ahora está en $3,500”, explicó Matos Díaz, en referencia al acueducto que administra en la comunidad de Buenos Aires de Caguas.
“A nosotros nos regulan mucho más que a [la Autoridad de] Acueductos y Alcantarillados, que ni siquiera les supervisan. Ellos no tienen que regularse como nosotros. Se supone que sí, porque ellos están trabajando y tratando aguas usadas. La de nosotros sale casi pura de manantial. Más allá de ser presidentes o encargados de un acueducto comunitario, hemos tenido que aprender a ser químicos, de saber hacer las medidas y todo de lo que le estamos ofreciendo a nuestra comunidad. Esto es sin contar las maniobras que se inventa el Gobierno para sacarnos chavos”, añadió la líder comunitaria cagüeña.
Además de lo onerosas que resultan las pruebas, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) requiere a los acueductos comunitarios una cuota de $10,000 anuales por el uso de las carreteras en donde están las tuberías soterradas.
En agosto del 2021, el representante Jesús Manuel Ortiz González presentó el Proyecto de ley 943 para eximir a los acueductos comunitarios registrados del pago de esa cuota al DTOP. Aunque fue aprobada unánimemente en la Cámara en septiembre del 2021, la pieza sigue estancada en la Comisión de Gobierno del Senado.
Cambios en patrones hidrológicos
En el barrio Dajaos de Bayamón, Manuel Merced recuerda cómo previo al huracán Georges, en 1998, una de las quebradas en el sector Riíto estaba en un alto nivel. Incluso, cuenta cómo años antes de este ciclón sus hijos y otros familiares brincaban del puente para darse un chapuzón.
Casi 24 años más tarde Merced habla de cómo las lluvias de mediados de junio no fueron suficientes para hacer crecer el “pequeño hilo de agua” donde antes había un gran caudal, pero que ahora está rodeado de maleza. La comunidad rural donde vive desde joven no confrontaba problemas de disponibilidad de agua. Incluso, tenían un acueducto comunitario que les suplía el recurso, aún cuando el resto de Bayamón se quedaba sin el servicio de la AAA.
Ahora, el acueducto comunitario no existe, las quebradas están cada vez más secas, y la AAA les interrumpe el servicio cada dos semanas, sin previo aviso.
“De cada par de semanas tienen que interrumpir el agua sin avisar, porque el agua hay que limpiarla porque no está bajando [a la quebrada]”, dijo Merced al CPI.
Al preguntársele si, ante los problemas e interrupciones propiciadas por la AAA, la comunidad ha considerado desarrollar un acueducto comunitario no afiliado al Gobierno, Merced respondió que esa estrategia ya la intentaron en el pasado.
“Aquí había un acueducto de la comunidad, pero la AAA se quedó con eso y los políticos no nos ayudaron”, lamentó Merced.
Al igual que en el sector Riíto de Dajaos en Bayamón, en el sector Camino Los Pagán de Adjuntas, la quebrada que por años le suplió agua a la comunidad ha mermado en sus niveles, haciendo así inoperante un sistema de acueducto rural. Esa fue la razón que llevó a esa comunidad de la región del interior montañoso a cambiar su sistema y establecer un acueducto comunitario de pozo en el 2018, que se nutre de agua subterránea.
“Las quebradas ya no están supliendo el agua que antes había. Hay algunas que ya se han secado”, explicó Orlando Peña, quien preside el acueducto comunitario del sector Camino Los Pagán.
“FEMA nos dio [fondos de recuperación] para las pérdidas de lo que teníamos cuando estaba María, que eran los acueductos de quebrada, los acueductos simples y que la mayoría de lo que se perdió fue en tubos. Pero, para el acueducto [de pozo] que estamos construyendo ahora, no hemos recibido fondos federales. Estamos hablando con FEMA y COR3 para que los fondos que nos dieron para los acueductos de antes se puedan utilizar para el acueducto nuevo”, explicó Peña.
COR3 dijo al CPI que los fondos podrían evaluarse para el nuevo proyecto, “aunque no necesariamente se incluyen cambios en la cuantía” aprobada originalmente.
El estado de las quebradas y la sequía que experimentan algunas es algo que debe investigarse más a fondo, a juicio del climatólogo puertorriqueño, José Javier Hernández Ayala. Dado que gran parte de las estaciones de medición en Puerto Rico están en ríos caudalosos, es difícil establecer correlaciones con el tema de las quebradas, explicó.
“Como una posible explicación de porqué estas quebradas se secan no es que en Puerto Rico necesariamente está lloviendo menos, sino que en ciertos sectores se registra menos lluvia y en otros más. En Puerto Rico en general no hemos visto un cambio significativo en la lluvia. Pero cuando vamos a cada estación y cada área de Puerto Rico, hay ciertos sectores en donde ha habido una disminución, en otros ha aumentado, mientras que en otros se ha quedado igual”, añadió el investigador y docente en la Universidad Estatal de Sonoma en California.
“Hay que mirar también cómo los cambios en los usos de terrenos, la inmensidad de algunas zonas, como la región metropolitana, y el efecto orográfico han aportado a afectar el ciclo hidrológico en ciertos sectores del país”, puntualizó el también colaborador del Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático de Puerto Rico.
