Por CyberNews
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El liderato del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) reaccionó este miércoles a la filtración de una querella por parte de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) que incluye tres multas administrativas que alcanzan la suma de $30,000.
“Si hubiera existido la más mínima evidencia de acoso, de hostigamiento digital, de hostigamiento sexual, la señora Boria tuvo amplia oportunidad de hacer determinaciones sobre eso, porque les repito, la evidencia estaba en su poder”, dijo la vicepresidenta del PIP, María de Lourdes Santiago Negrón en conferencia de prensa.
“Pero como la evidencia era tan clara que no podían tergiversar que eso había ocurrido, por eso en ese documento tan larguísimo no había una imputación de acoso o de hostigamiento. Lo que en efecto constituye ese documento firmado en su último día por Lersy Boria es una confirmación de los hallazgos y determinación de la Comisión Especial en todo lo sustantivo de una corroboración de la corrección de los procesos. Reiteramos con toda la evidencia en sus manos, la subsecretaria de Estado no pudo llegar a ninguna conclusión sobre la existencia de acoso u hostigamiento”, añadió.
“El único dato cierto, que según la licenciada Boria merece el castigo de los $30,000, es que el PIP no tenía para sus empleados y empleadas protocolos y reglamentos amparados a la Ley 17 que es la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo; y de la Ley 90 del 2020 que es Acoso Laboral”, mencionó.
La querella se filtró el martes y contiene la firma de la saliente procuradora de las Mujeres, Lersy Boria. La querella se radicó el 5 de agosto, justo el día en que Boria renunció a su cargo para pasar a ocupar una posición en el Departamento de Estado.
Según el documento, se le imputa una multa administrativa de $10,000, por violar la Ley 17 de 1988 que exige a los patronos un lugar libre de hostigamiento y un protocolo para el manejo de estos casos. También, le imputa otra multa de $10,000 por incumplir con la política pública de Ley 20 de 2001 al fallarle a su obligación legal de promover política a favor de las mujeres; y la tercera multa, por $10,000, es por una violación a la Ley 90 de 2020 al no contar con un protocolo o políticas internas necesarias para prevenir, desalentar y evitar el acoso laboral.
