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El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió acogió un recurso legal mediante el cual la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico (JCF) elevó a ese foro un caso de acceso a información pública que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) le ha ganado en instancias previas del proceso judicial.
El máximo foro federal evaluará, a petición de la Junta, si esa entidad creada por la Ley PROMESA tiene inmunidad soberana, lo que significa que es totalmente inmune a reclamaciones bajo las leyes de Puerto Rico, por lo que no le aplica el derecho constitucional de acceso a información pública.
Los periodistas del CPI solicitaron desde el 2017 las comunicaciones entre funcionarios del Gobierno de Puerto Rico y la Junta, entre otros documentos. Como parte del litigio que ya lleva más de cinco años, el ente fiscal entregó al CPI alrededor de 18,400 documentos, pero reclamó confidencialidad sobre otros 20,000.
“Desde el CPI reafirmamos nuestro derecho de acceso a esa información que la Junta de Control Fiscal ha intercambiado con el Gobierno de Puerto Rico. Vamos a seguir luchando para lograr que el pueblo de Puerto Rico sepa lo que ha estado haciendo la Junta y cómo se han estado tomando decisiones. El que el Tribunal Supremo federal haya decidido acoger este recurso nos preocupa, porque la Junta pretende operar sin tener que cumplir con el derecho puertorriqueño al acceso de información garantizado por nuestra Constitución. Pero ya comenzó la preparación de nuestro equipo para presentar nuestros argumentos. No se nos puede dejar sin un foro donde reivindicar este derecho. Vamos a lograr que el Supremo federal reconozca eso”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.
La Junta tendrá hasta el 17 de noviembre para presentar su alegato sobre los méritos del caso ante el Tribunal Supremo federal, y el CPI deberá hacer lo propio antes del 19 de diciembre. En la primera mitad del 2023 se espera que haya una vista oral en Washington D.C. sobre el caso.
La demanda había logrado decidirse a favor de los periodistas en el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico y en el Circuito de Apelaciones de Boston. En el año 2017 la Junta de Control Fiscal intentó, sin éxito, que se incluyera la controversia como parte de los procesos que atiende la jueza de quiebras bajo PROMESA, Laura Taylor Swain.
En julio pasado, la Junta recurrió al Supremo de Estados Unidos, representada por el bufete Proskauer Rose. Los abogados plantean que la Junta tiene “inmunidad soberana” bajo la Constitución de Estados Unidos y que por eso está exenta de reclamaciones bajo leyes de Puerto Rico. Pero al crear la Junta tras la aprobación de la Ley PROMESA, el Congreso fue “inequívocamente claro” en que este organismo puede ser demandado en un tribunal federal y está sujeta a órdenes judiciales adversas, dijo el Primer Circuito de Boston, reafirmando una decisión de un tribunal inferior.
En esta etapa del caso, la organización periodística está representada por el bufete Williams & Connolly, con base en Washington DC, así como los abogados Judith Berkan, Rafael Rodríguez Rivera, Steven Lausell Recurt y Luis José Torres Asencio, de la Clínica de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.
