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Construcción de hospital en Vieques continúa en incertidumbre

Bryan Gutiérrez Echevarría Publicado en septiembre 9, 2021

Por Angélica Serrano Román 〡Centro de Periodismo Investigativo

Un hospital no es lo mismo que una clínica médica o un centro de diagnóstico y tratamiento, según los códigos de construcción vigentes en Puerto Rico.

Aunque el Municipio de Vieques y el Gobierno de Puerto Rico anunciaron su intención de construir un hospital en esa isla-municipio, los fondos federales asignados hasta el momento son para reconstruir el centro de diagnóstico y tratamiento que existía antes del paso del huracán María en el 2017.

Para que se construya un hospital en Vieques, el Gobierno de Puerto Rico todavía tendría que someter enmiendas al alcance del proyecto (scope of work) sometido originalmente a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y que estas sean aprobadas.

“Los viequenses se merecen un hospital de calidad al que puedan acudir las 24 horas del día a recibir servicios médicos”, expresó el gobernador Pedro Pierluisi hace poco más de dos semanas en una conferencia de prensa al presentar el diseño conceptual del “nuevo hospital”. La Fortaleza reconoció al CPI, sin embargo, que el diseño no se ha terminado.

A principios del año pasado, FEMA asignó $39,569,694 para reconstruir el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Vieques Susana Centeno, destrozado hace casi cuatro años por el huracán María. Esta cantidad representa el 90% del proyecto, cuyo costo neto asciende a $43,966,327.

“FEMA determinó que la instalación de reemplazo, incluyendo el tipo de ocupación del edificio, es una clínica médica”, confirmó la agencia federal al Centro de Periodismo Investigativo (CPI). “El alcance del trabajo se basa en el reemplazo de una instalación clínica médica, no de un hospital”.

Un hospital es una estructura que ofrece atención médica las 24 horas del día para más de cinco personas que no pueden “valerse por sí mismas”, de acuerdo con el Código Internacional de Construcción de 2018, que utiliza el Gobierno de Puerto Rico. Mientras, en una clínica se ofrecen servicios durante parte del día a pacientes ambulatorios que pueden valerse por sí mismos después de recibir atención médica.

El CDT de Vieques contaba con licencia para dos camas, según la certificación del Departamento de Salud del 2017, lee un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional federal.

FEMA comparó la licencia del 2017 del CDT de Vieques con el Código Internacional de Construcción y aprobó un reemplazo de una clínica médica, porque, entre otras cosas, un hospital requiere tener más de cinco camas.

El Gobierno de Puerto Rico no apeló la determinación de FEMA emitida el 9 de julio de 2019, aunque en la práctica el CDT tenía más de 10 camas, según dijo al CPI el alcalde de Vieques, José Corcino Acevedo.

A la espera de que se enmiende el proyecto

Hasta finales de la pasada semana, FEMA no había recibido la solicitud de enmendar el alcance de trabajo del proyecto para construir un hospital. La agencia federal dijo al CPI que está en espera de un informe de cómo el municipio de Vieques “planifica reconstruir las instalaciones del CDT”.

El secretario auxiliar de la Gobernación, Roberto Méndez, adelantó al CPI que se hará la solicitud de enmienda cuando termine el diseño del proyecto. Ese proceso podría tardar semanas, dijo.

El riesgo es que “hay que diseñar algo que dé con la obligación de fondos”, dijo. El alza de los costos de construcción y la mano de obra podrían impactar el presupuesto para el proyecto. Méndez dijo que la instrucción del Gobernador es utilizar fondos estatales para sufragar gastos adicionales, de ser necesario. No aclaró de qué partida saldrían.

La cantidad asignada por FEMA al proyecto, $39 millones, pudiera cambiar en los próximos meses debido a un litigio entre el Municipio de Vieques y la aseguradora Mapfre que inició el 5 de julio de 2019 relacionado con las pérdidas por el CDT.

“El costo no va a cambiar en estos momentos. Es un costo fijo… Lo que puede cambiar eventualmente, en los próximos meses, es la aportación federal”, aseguró Méndez.

En el cálculo del costo del proyecto, se deduce el dinero que cubra la aseguradora. Dado que aún el Municipio de Vieques y Mapfre se encuentran en un pleito legal, FEMA decidió descontar el máximo monto posible que Vieques pudiera recibir de la aseguradora: $6,400,000. Es así que se llega al costo neto de $43 millones.

Luego del anuncio del primer mandatario, La Fortaleza dijo al CPI que el hospital que quisieran construir en Vieques tendría:

15 camas para pacientes pediátricos y adultos
Salas para cirugías menores y parto
Áreas clínicas
Centro de imágenes
1 cámara hiperbárica
Anestesiología
Laboratorios
Sala de urgencias
Farmacia

Dijo, además, que brindarán servicios de quimioterapia y diálisis.

Según el Departamento de Salud, la instalación médica en Vieques tendrá la capacidad de recluir “limitadamente” pacientes por más de 24 horas, “siempre y cuando cumplan con el criterio médico basado en severidad y agudeza del paciente”.

El Alcalde de Vieques expresó que “vamos a tener la instalación médica para cosas más livianas, no graves como heridas de bala o cirugías mayores”.

“FEMA dio [fondos] para reemplazar lo que había allí. No para [atender] casos más extremos”, explicó Corcino Acevedo.

Méndez, el secretario auxiliar, dijo que en la instalación médica se estabilizarán a los pacientes para luego transportarlos a un hospital en la Isla Grande. El Gobierno había dicho que tendría un helipuerto para transportarlos.

“Los viequenses de por sí van a Fajardo. Uno de los [próximos] proyectos es rehabilitar [la instalación médica de] Roosevelt Roads, así que va a haber más de una opción para mover a los pacientes viequenses”, dijo Méndez. “Puede llegar un paciente con un tiro o una caída fuerte. Se estabiliza, y una vez se estabiliza, se transporta”, añadió.

Según Méndez, no sería posible tener un personal interno de todas las subespecialidades por 24 horas. “En Vieques se van a ofrecer los servicios que ellos necesitan. Van a estar rotando sus especialistas. […] Pero no es costo efectivo ni real tener un staff a tiempo completo como en Centro Médico, por la cantidad de pacientes”, sostuvo.

Según datos del Censo, en Vieques viven casi 9,000 personas y recibe miles de turistas.

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Iglesias entre organismos que más realizan las terapias de reorientación sexual

Bryan Gutiérrez Echevarría Publicado en julio 29, 2021

Por Dalila M. Olmo López 〡Centro de Periodismo Investigativo

El primer encuentro con las “terapias de conversión” del hoy doctor en psicología, Samuel Ocasio Domínguez, fue a sus 15 años, en la oficina privada del psicólogo clínico Carlos Velázquez García.

A raíz de haberle confesado su orientación sexual a sus padres mediante una carta, Ocasio Domínguez cayó sentado en la oficina de quien se promocionaba como un experto en salud mental en la Milla de Oro en San Juan.

En un intento por hacer desaparecer su homosexualidad, mientras el psicólogo Velázquez García se disfrutaba una merienda reclinado desde su silla, le pidió a Ocasio Domínguez expresar intimidades sobre sus prácticas sexuales y hacer dibujos de lo que percibía como una familia.

El menor tuvo que integrarse, por recomendación del psicólogo, al equipo de baloncesto de su escuela y sustituir a su grupo de amistades mujeres por almuerzos con los varones de su clase.

El psicólogo clínico le preguntó sobre las niñas en su clase y le pidió que escogiese a una con la que pudiese salir en una cita al cine. No limitó los requisitos de la descripción de la niña a sus cualidades y personalidad, sino que le exigió que la objetificara sexualmente y se enfocase en los rasgos físicos de la menor que le pudiesen resultar placenteros a un hombre heterosexual.

“Me pidió que la invitara a salir, que le comprase popcorn, que la besara y que le tocase sus senos. Verbalizó que no iba a saber si me gustaban las nenas hasta que no las ‘probase’”, explicó el sobreviviente a la violencia de las llamadas “terapias de conversión”.

Este psicólogo, que alegadamente diagnosticó a Ocasio Domínguez como hipocondriaco y adjudicó su homosexualidad a haberse criado junto a sus hermanas, es ahora director y fundador del Instituto de Psicotraumatología en Puerto Rico. Velázquez García negó haber provisto servicios de “terapias de conversión”. Al preguntársele si Ocasio Domínguez había sido su paciente, el psicólogo no negó ni confirmó la información.

Ocasio Domínguez abandonó sus “terapias” y comenzó a asumirse como homosexual, hasta que un domingo su hermana lo invitó a acudir a una iglesia del concilio Dios Mission Board de Puerto Rico, una organización evangélica, en el barrio Cerro Gordo 2 en Bayamón.

Luego de pasar por alegados exorcismos y un intento fracasado de parte de un pastor por darle “terapias”, Ocasio Domínguez fue referido en los años 90 a un practicante de maestría de psicología de la Universidad Interamericana de Cupey, Héctor Louis Vargas que, en ese momento, fungía como psicólogo de la institución eclesiástica.

“Cierra la boca, voy a besarte, pero tú no me beses. Te voy a empezar a tocar pero tú no puedes hacer nada”. Ese fue el tipo de “terapia de conversión” que alegadamente le ofrecía Vargas, quien según recuerda Ocasio Doimínguez iba al cuarto del menor para las sesiones y además lo buscaba a la escuela diariamente. Vargas negó que esto hubiera ocurrido en entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Vargas actualmente funge como líder eclesiástico del Ministerio Proclamando el Evangelio, según sus redes sociales y el perfil de Facebook del centro religioso. Dijo que no está de acuerdo con las “terapias de conversión” y aseguró que “cada cual tiene derecho a ser libre y ser como es”.

Ocasio Domínguez es uno de los 27 sobrevivientes de “terapias de conversión” entrevistados por el CPI.

Puntos de contacto para las “terapias”

Según las experiencias relatadas al CPI, la práctica de las “terapias de conversión” es tanto recomendada como provista por instituciones religiosas en campamentos, retiros o sesiones privadas entre los líderes eclesiásticos y los sobrevivientes.

De un total de 27 personas entrevistadas, 25 asistieron a “terapias” de base religiosa, mayormente en congregaciones evangélicas y pentecostales. Diecisiete de los 27 casos, los servicios fueron ofrecidos por instituciones eclesiásticas. A pesar de que la mayor parte de los casos fueron en el área metropolitana, 10 casos específicamente en San Juan, también se registraron vivencias de “terapias de conversión” en Bayamón, Caguas, Trujillo Alto, Guaynabo, Jayuya, Carolina, Dorado, Cabo Rojo, Mayaguez, Toa Alta, Las Piedras y Comerío. Los entrevistados nombraron a la Iglesia Cristiana Avivamiento y Poder en Trujillo Alto, la Iglesia Senderos de la Cruz en Hato Rey, la Iglesia Casa de Adoración Triunfantes en Cristo en Guaynabo y Iglesia Cristiana el Sembrador en San Juan como instituciones que han provisto estas “terapias de conversión”.

En el caso de la Iglesia Senderos de la Cruz en Hato Rey, la pastora y líder eclesiástica Lizbeth Guidini Rosado negó que ofreciera allí las “terapias”. Pero estableció que cuando una persona exige servicios de “terapias de conversión” los refieren a otra institución eclesiástica que los pueda asistir. Al preguntársele a dónde los refieren, la pastora indicó que el referido dependía de la situación familiar y de la persona, y luego colgó el teléfono.

La Iglesia Casa Joven del Caribe en Dorado, ahora conocida como el Concilio Monte del Líbano, Iglesia la Senda Antigua en Toa Alta, la Iglesia Dios Hace Vasijas de Honra en San Juan, La última cosecha en San Juan y la Iglesia Adventista en Las Piedras también fueron mencionadas por los entrevistados como “centros de terapias”.

Por otro lado, la Iglesia Pentecostal Alfa Omega en Las Piedras, Iglesia Adventista en Hormigueros, Iglesia Discípulos de Cristo en Guaynabo, Iglesia G12 en Mayagüez, Iglesia Obra Evangélica del Luz del Mundo en Bayamón, y Connected Life, también conocido como Iglesia Cristiana el Sembrador en San Juan, fueron identificadas por los entrevistados como instituciones que promueven las “terapias de conversión”.

La mayoría de las instituciones eclesiásticas no contestó las llamadas del CPI o colgó el teléfono tan pronto se le explicó la razón de la llamada.

En el caso de la Iglesia Adventista en Las Piedras, el pastor y representante de la congregación, Kelvin Romero Montero, negó que allí se proveyeran “terapias de conversión” y mencionó que “el único que transforma es Dios”. Detalló que la comunidad religiosa que lidera no aprueba el “estilo de vida” de una persona homosexual y que dentro de la iglesia siguen “la palabra de Dios según la Biblia”, en un intento por justificar su postura en contra de la homosexualidad.

Por otro lado, en el caso de la Iglesia Cristiana el Sembrador en San Juan, una representante, quien no quiso ofrecer su nombre ni confirmar la ubicación del centro de oración, afirmó que en Puerto Rico no se practican las “terapias de conversión”.

Hay campamentos y retiros espirituales que también fueron descritos por los entrevistados como espacios donde se practicaban las “terapias de conversión”. Por ejemplo, los retiros espirituales como el de la pastora Minerva Goitiá Torres de Cabo Rojo y el de la Iglesia Obra Evangélica Luz del Mundo en Bayamón. Al llamar a esta última, la persona a cargo no quiso ofrecer expresiones sobre las “terapias de conversión”.

La pastora Goitiá Torres informó que su comunidad eclesiástica Movimiento Vida y Poder en Cabo Rojo hace cuatro retiros anualmente, y dijo que no están enfocados en “terapias de conversión”, pues “necesitaría traer a una persona experta en el tema”. Al pedirle ejemplos de personas a las que acudiría como recursos, dijo que no sabía, pues no trabaja el tema.

Uno de los sobrevivientes aseguró haber asistido al Campamento Metodista Obispo Fred P. Corson en Jayuya durante Semana Santa. La práctica a la que dice que le sometieron consistió en beber vinagre, lo que le provocó problemas estomacales; escalar una montaña mientras arrastraba una cruz de madera, para emular a Jesús; y múltiples exorcismos. Esta experiencia fue validada en las redes sociales por una segunda persona que relató pasar por los mismos ritos en un campamento de Jayuya. El CPI pudo ver fotos de 2017 que constatan que el campamento se continuaba ofreciendo a esa fecha.

De manera similar a este caso, otra víctima también fue llevada en contra de su voluntad a las “terapias”. Al momento de llevarlo, sus padres se negaron a ofrecer información sobre a dónde iba. Describió su experiencia como un secuestro de parte tanto de sus padres como de la iglesia, cuyo nombre no supo precisar.

Al menos cinco entrevistados identificaron a la líder religiosa Wanda Rolón, la pastora Alis Aguilda Ayala Agosto, el reverendo Samuel Agosto López, el líder religioso Daniel Villegas Cotto y a la líder de jóvenes Marta Sosa como personas que han realizado “terapias de conversión”.

El CPI intentó pedir reacción a Rolón, Ayala y Agosto, pero las oficinas de sus respectivas iglesias dijeron que enviarían sus comentarios y nunca lo hicieron. Villegas nunca respondió llamadas ni mensajes. La Iglesia Senderos de la Cruz en Hato Rey, a la cual se vinculó a Marta Sosa, fue identificada por tres personas por separado como un lugar que provee terapias de conversión.

En un intento desesperado por buscar apoyo, Ocasio Domínguez indica que le confesó a un maestro de su Escuela Miguel de Cervantes Saavedra en Bayamón sobre su sexualidad. La respuesta del maestro, abiertamente homosexual, fue intentar agredir sexualmente al menor.

A pesar de que el entonces menor de edad intentó denunciar al maestro a través del director y el trabajador social de la escuela, Ocasio Domínguez fue culpado por los hechos. Lo expulsaron de la institución. El joven fue cambiado de escuela superior tres veces por el repudio de sus padres a sus manifestaciones de su homosexualidad en el ámbito escolar.

Otros dos entrevistados mencionaron al Proyecto Head Start en Manatí y Mi Pequeño Paraíso Infantil en Bayamón como lugares donde fueron discriminados y se alertó a sus padres de que su comportamiento como niños no era “normal” o heteronormativo, lo cual conllevó que fueran llevados a “terapias de conversión”.

La directora del Proyecto Head Start, Maribel Robles Colón, expresó que las políticas del programa establecen que no se acepta ningún tipo de discrimen y aseguró que todos los empleados están orientados sobre el reglamento. Añadió que las reglas del proyecto son cambiantes según la política pública del país, y aclaró que para los años en que alegadamente ocurrió el incidente narrado al CPI (1996-2000), ella no era la directora.

La exdirectora del programa desde el 1988 hasta el 2014, Elisiana Ortega Ramos, dijo que en el proyecto, los niños y niñas que presentaban una expresión de género que no correspondía con sus genitales, descritos por ella como “menores con necesidades especiales”, eran atendidos por trabajadores sociales.

Otros entrevistados sostuvieron que la Escuela Superior Vocacional Pablo Colón Berdecía en Barranquitas y la Leadership Christian Academy en Guaynabo son instituciones educativas que, como requisito para recibir el diploma, le han exigido asistir a “terapias de conversión” a sus alumnos que se identifican como LGBT+, que se refiere a lesbiana, gay, bisexual, transexual, entre otras que agrupan orientaciones sexuales e identidades de género que no son heterosexuales.

El CPI se comunicó con la escuela de Barranquitas y, aunque dijeron que ofrecerían una reacción, nunca contestaron.

En el caso del Leadership Christian Academy, su director Carlos Montañez Dávila enfatizó en que la institución nunca ha obligado a un estudiante a acudir a “terapias de conversión” ni están de acuerdo con las mismas. Estableció que en dicha escuela no se habla de la sexualidad, se obvian las partes de la Biblia que hacen alusión a ello tanto entre personas heteroseuxales como LGBT+ y subrayó que, aunque no discriminan ante las diversas expresiones de la sexualidad, son una entidad cristiana evangélica que practica su religión de acuerdo a lo que establece la Biblia.

En nueve de los 27 casos entrevistados para esta investigación, la “terapia de conversión” se dio en la oficina privada de un profesional de salud licenciado.

La neuropsicóloga Lizzie Báez Pizarro, el psicólogo Marcos García Díaz y Jorge A. Cardé Gómez fueron todos nombrados por los entrevistados como profesionales que realizaron “terapias de conversión”. La Junta Examinadora de Psicólogos y Psicólogas de Puerto Rico confirmó que de estos, solo García Díaz y Cardé Gómez son profesionales licenciados.

Cardé Gómez, aunque validó la ubicación de la clínica privada en Bairoa donde un entrevistado aseguró haber recibido terapias de conversión de parte del psicólogo escolar, sostuvo que no ha provisto la “práctica de conversión” ni tiene “la preparación profesional para ofrecerla”. Mientras, el psicólogo del Instituto de Desarrollo Integral y Evaluación en Caguas, García Díaz, negó ofrecer una reacción.

Por otro lado, Báez Pizarro, quien se identifica como figura pública en Facebook, no aparece licenciada como psicóloga según la presidenta de la Junta, Nydia Ortiz Nolasco. Báez Pizarro dijo al CPI que sí está licenciada por la Junta y negó haber ofrecido “terapias de conversión”.

Los entrevistados también mencionaron a psicólogos, profesores y clubes de la Universidad Ana G. Méndez, el Recinto Universitario de Mayagüez y del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico como lugares donde recibieron las “terapias de conversión”. Asimismo, fueron mencionados sexólogos con oficinas privadas y trabajadores sociales de instituciones escolares.

Al preguntarle al rector del recinto de Cupey de la Universidad Ana G. Méndez, Ángel A. Toledo López, sobre la entrevista con un sobreviviente que afirmó que una profesora de la institución promovió que fuese a las “terapias de conversión”, dijo que cualquier docente que le sugiera a un estudiante acudir a tales servicios, o que los provea, se aleja de los valores de la universidad. Añadió que los principios de la institución son a favor de la aceptación y que, actualmente, la institución está estableciendo un proceso de transición para hacer de su currículo y su espacio educativo uno más inclusivo.

Otro de los entrevistados nombró el Yale New Haven Children´s Hospital como el lugar a donde su madre lo llevó para tratar su homosexualidad y mostró fotos y documentos que dan cuenta de su estadía allí. Describió la experiencia como una que recuerda con poco detalle, pues indicó que le dieron grandes cantidades de fármacos. A partir de su estadía en el hospital universitario, dice que fue diagnosticado como hipocondríaco, un cuadro clínico que lo llevó a ir a otro centro de “terapias de conversión” al regresar a la Isla.

De parte del Hospital, el director de Relaciones Públicas, Mark D’Antonio dijo que no podía ofrecer ningún tipo de declaración ni reacción sobre el tema debido a la confidencialidad que se le asegura a todo paciente y por el testimonio haber sido provisto con condición de anonimato. Solicitó más detalles sobre la investigación para considerar enviar una reacción oficial. Se le envió información adicional, pero la reacción del hospital no llegó.

La misma persona afirmó que como consecuencia de esa experiencia en el hospital de Yale, desde sus 15 años no ha vuelto a acudir a ayuda médica profesional, pues, luego asistir a las “terapias”, considera a los médicos como una amenaza para su bienestar.

Las experiencias de las 27 personas entrevistadas ocurrieron entre sus cinco y 26 años de edad: 16 eran menores, cinco tenían 18 años, y otros cinco tenían entre los 21 a los 26 años cuando vivieron esa experiencia. En un caso, no se especificó la edad. Los casos documentados van desde el año 1956 hasta el 2021.

El problema sigue vigente, según múltiples testimonios vertidos en entrevistas de prensa, vistas públicas y en las redes sociales. El CPI habló con una persona, que pidió que se protegiera su identidad, y que contó cómo sus padres le advirtieron que le llevarían a “terapias de conversión” en mayo del 2021.

Además, al acudir a la Iglesia Cristiana Ciudad de Dios en Caguas, donde se realizaron las manifestaciones en contra del Proyecto del Senado 184 y recogido de firmas a favor de las ”terapias”, la encargada de las actividades Marielis González Quiles, explicó al CPI que, de necesitar servicios para sacar a una persona “de una sexualidad confundida” o de un comportamiento distinto a lo que se practica en la iglesia evangélica, se debería de ir a la Iglesia Senderos de la Cruz en Hato Rey.

González Quiles subrayó luego que las “terapias de conversión” no existen en Puerto Rico y dijo que se suelen confundir con la “consejería psicológica”.

La red conectiva de las iglesias y la falta de fiscalización

En 14 de los 27 casos entrevistados, personas vinculadas al cristianismo pentecostal y evangélico fueron sometidas a las “terapias de conversión”.

La catedrática de Teología en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, Agustina Luvis Núñez, destacó a los neopentecostales, un movimiento dentro del cristianismo evangélico protestante, como el grupo religioso que más realiza “terapias de conversión” en la Isla. Mencionó que sus líderes eclesiásticos son independientes y no están obligados a tener un bachillerato ni una preparación académica en teología para ejercer. Especificó que, entre los grupos evangélicos en Puerto Rico, el neopentecostal es uno de los más grandes.

El psicólogo clínico y líder de TransRicans, un grupo de apoyo para hombres trans que trabaja con sobrevivientes de las “terapias de conversión”, Miguel Vázquez Rivera, mencionó que hay líderes religiosos que se proyectan además como terapeutas, consejeros o trabajadores sociales, pero no operan desde la ciencia.

A su vez, el senador independiente José Vargas Vidot describió a las instituciones eclesiásticas que otorgan las “terapias de conversión” como grupos que forman sus propias reglas. Aseguró que no se les puede exigir a los líderes eclesiásticos un examen gubernamental para poder ejercer como tales.

Luvis Núñez atribuyó la magnitud en la que se proveen las “terapias de conversión” en las iglesias a la carencia de educación de sus líderes eclesiásticos y la falta de supervisión. Adjudicó la tendencia de estos grupos de percibir la homosexualidad de forma negativa a la manera en la que sus líderes interpretan la Biblia según sus prácticas religiosas.

“La Biblia no sabe nada de orientación de género, solo sexo, hombre y mujer, genitalia, que es de lo que se sabía en ese entonces. ¿Vamos a arrastrar todos los prejuicios por basarnos en un escrito que fue redactado por humanos de siglos anteriores?”, cuestionó Luvis Núñez.

El pastor Luis A. Ortiz Ocasio también describió como homófobas a las iglesias que interpretan la Biblia como si fuera la palabra directa de su dios. Opinó que se deberían establecer reglas que impongan restricciones en las actividades religiosas de cada iglesia con el fin de proteger a sus seguidores de este tipo de terapias. Además, dijo que los mismos líderes religiosos deberían educar a las comunidades religiosas que lideran para que no exista el discrimen dentro de estos espacios.

A pesar de que en Puerto Rico no hay datos que lo cuantifiquen, Luvis Nuñez, Ortiz Ocasio y Vázquez Rivera aseguraron que la práctica de “terapias de conversión” se ejerce a gran escala.

De manera similar, todas las personas entrevistadas afirmaron conocer a otras víctimas de “terapias de conversión”, algunos incluso se han convertido en profesionales de la salud mental y han atendido profesionalmente a personas que pasaron por esa experiencia.

Los testigos de Jehová

Contrario a las denominaciones pentecostal y evangélica, donde la interpretación de la orientación sexual puede variar según la iglesia, los Testigos Jehová en la página de su organización mundial definen la homosexualidad como “una sexualidad que interfiere con la devoción a Dios”.

Aunque sus líderes negaron otorgarle al CPI una entrevista sobre el tema, el secretario de su oficina de información pública en Estados Unidos, Chistopher Pérez, refirió a este medio a la literatura de su página web, que afirma como postura de esta comunidad de fe que la homosexualidad “está mal” y que “todo el mundo debe cohibirse cuando se trata de impulsos de participar en conductas que desagradan a Dios”.

Uno de los entrevistados relató que si la persona se identifica con un género diferente a su sexo biológico, los ancianos del Salón del Reino, en el pueblo de Dorado, donde se reúnen para ejercer sus prácticas de fe, le exhortan a asistir a las “terapias”.

Según su experiencia, los ancianos visitaban diariamente su hogar para orar por él e insistir en que acudiese a “terapias de conversión”. Lo amenazaron con expulsarlo de la comunidad religiosa de no convertirse en una persona “asexual”. Aseguró que él no fue el único que recibió este trato, pues la homosexualidad es condenada de manera absoluta en esta denominación religiosa.

Al cuestionarle al secretario de la oficina central sobre esto, este mencionó que no podía ofrecer información sobre sus protocolos con integrantes que “expresen tendencias homosexuales”.

El negocio detrás de las “terapias de conversión”

Ocasio Domínguez también afirmó que sus padres le mencionaron que se les hacía difícil pagar por sus “terapias”, pues suponía una inversión económica grande para la familia.

“No aceptan planes médicos, todo era en efectivo”, expresó Aydeen Núñez Santiago, un sobreviviente de las “terapias de conversión” que actualmente funge como reclutador del grupo de apoyo TransRicans.

Según la experiencia clínica de Vázquez Rivera, la primera sesión de “terapias” puede costar unos $100, y otras personas entrevistadas hicieron referencia a las tarifas de evaluación de $20 a $60 la hora adicionales.

“De ser creyente y entender que tu hijo es homosexual y será quemado en el infierno, ¿tú no darías todo el dinero del mundo para salvar a tu hijo o hija? Ante la creencia de que eso es una posibilidad, el miedo que eso genera puede ser increíble”, dijo el psicólogo Vázquez Rivera al apuntar a la manipulación que se ejerce con los altos precios de las prácticas de “terapias de conversión”.

Intentos por clasificar a las “terapias de conversión” como maltrato de menores

A diferencia del Proyecto del Senado 1000 presentado en 2018, que incluía una penalidad para las instituciones religiosas que practicasen “terapias de conversión”, el Proyecto del Senado 184 presentado en 2021 exime a la iglesia de penalidades por ejercer “terapias de conversión”.

La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño María de Lourdes Santiago Negrón explicó este cambio al detallar que, en la mayoría de los casos estudiados por los autores del PS 184, la iglesia hace el reclutamiento, pero el servicio es provisto por un profesional de salud, no por la iglesia.

A juicio de Vargas Vidot, eximir a las iglesias fue una concesión para facilitar la aprobación de la medida.

El también cofundador de True Self Foundation, Vázquez Rivera, afirmó que el PS184 buscaba proteger solo a un 27% de las víctimas de “terapias de conversión”, porque la mayoría de los sobrevivientes experimentan la práctica en la iglesia.

Apuntó a un estudio de la Escuela de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en Estados Unidos, que estima que unas 16 mil personas identificadas como LGBT+ recibirán “terapias de conversión” de parte de un profesional de salud licenciado antes de llegar a los 18 años en los estados en que esta práctica es permitida. Mientras, estimó que 57 mil personas serán expuestas a ello en las iglesias, lo que equivale a un 72.6% de los casos. El estudio establece que 10 mil jóvenes LGBT+, entre las edades de 13 a 17 años, viven en estados que prohíben la “terapia de conversión”.

El pastor Ortiz Ocasio, de la Iglesia Morada de Restauración en Caguas, una institución eclesiástica inclusiva cristiano evangélica, describió el PS 184 como un subterfugio diseñado para defender los intereses de algunos sectores religiosos.

Subrayó que la homosexualidad no es una enfermedad ni es un aspecto que se debe de corregir en una persona. Especificó que, a causa de la falta de evidencia empírica sobre la utilidad de la práctica de las “terapias de conversión” y el daño psicológico y físico que implica, la práctica debería de ser ilegal tanto para menores como para adultos.

“El Estado tiene la potestad y la responsabilidad de proteger a los niños y a los jóvenes de la ignorancia de los padres y de los líderes religiosos”, sentenció.

Por otro lado, en las vistas públicas sobre este proyecto, la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, expuso en numerosas ocasiones su postura en contra de la prohibición de la práctica. Justificó su criterio estableciendo que la definición de las “terapias de conversión” que incluye el proyecto P del S 184 es incompleta, pues no describe a la práctica como maltrato físico ni mental, sino como un intento por cambiar la sexualidad de una persona.

“Si la definición provista incluyese al abuso y las agresiones que los sobrevivientes han señalado como parte de la práctica, yo aprobaría el proyecto. Sin embargo, aquí lo que se define como “terapias de conversión” es cualquier intento por cambiar la orientación sexual, lo que no implicaría un crimen, si la persona quiere ejercerlo”, dijo Rodríguez Veve al asegurar que un niño puede voluntariamente desear las “terapias”.

Sin embargo, 18 de los 27 entrevistados establecieron que la modalidad de sus “terapias” fue verbal y lo catalogaron como abuso. Dos admitieron haber tenido experiencias que incluyeron fármacos y siete aseguraron que incluyeron un abuso físico.

Además, los sobrevivientes entrevistados destacaron que no es razonable pensar que los niños asistan voluntariamente, porque al tratarse de un menor, si no participan de las “terapias”, se quedan sin techo y sin padres que los apoyen económicamente.

De acuerdo con Alejandro Santiago Calderón, trabajador social e investigador sobre la magnitud de las “terapias de conversión” en Puerto Rico, un menor que rechace las “terapias de conversión” puede quedarse sin hogar a temprana edad. Esto lo valida un estudio de la Escuela de Derecho de UCLA sobre jóvenes sin hogar, que indica que un 60.14% de los entrevistados fueron expulsados de sus hogares por su orientación sexual.

Ocasio Domínguez fue expulsado de su casa varias veces. Se le ofreció volver a su hogar bajo la condición de ser heterosexual. Por esto, decidió vivir en ese momento con personas que había conocido en una discoteca.

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Sin rumbo el manejo del sargazo en Puerto Rico

Bryan Gutiérrez Echevarría Publicado en julio 8, 2021

Por Rafael R. Díaz Torres

Centro de Periodismo Invetigativo

En la calle Alfonso XII de la comunidad Punta Santiago en Humacao, Bermuda Vázquez, de 62 años, señala hacia la playa alfombrada con algas marinas color marrón, conocidas como sargazo. A pesar de que era un día libre en pleno verano para conmemorar la emancipación de la esclavitud en Estados Unidos, los bañistas brillaban por su ausencia.

“Lo que pasa es que uno tiene miedo a contaminarse en esa agua con el sargazo que apesta. Llevo toda una vida viviendo en esta comunidad y recuerdo cuando días como hoy, venía mucha gente a la playa. Con esto del sargazo hay que adaptarse”, comentó Vázquez al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

A 16 kilómetros de Punta Santiago, vecinos del complejo de Palmas del Mar también lidian con el problema de la acumulación de sargazo. El olor a podrido provocado por su descomposición es mucho más intenso que en otras zonas. En el área al aire libre del restaurante Chincho’s Pizza & Beer, una pareja almorzaba al mediodía de ese lunes.

“Ya aquí nos hemos acostumbrado a esa peste, aunque se nos queda después en la ropa”, dijo una mesera del negocio.

En un intento de manejar el aumento significativo de esta alga marina, la administración del complejo de Palmas del Mar decidió construir un muro en el agua y compró dos embarcaciones de extracción de sargazo. Mientras, en la comunidad Punta Santiago, personal del municipio de Humacao o del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) no han ido nunca a recoger el sargazo, dicen los vecinos.

“En la comunidad le hemos dicho de ese y otros problemas, como el de falta de iluminación por las noches, al [Departamento de] Recursos Naturales, pero no hacen nada”, agregó Vázquez.

El problema se repite en otros municipios costeros. A diez años de que se comenzara a documentar el aumento del sargazo, Puerto Rico no tiene un plan a nivel local — ni existe un plan federal — para lidiar con los arribazones de sargazo y establecer estrategias para maximizar los posibles beneficios o usos derivados.

Aunque 2015 y 2018 fueron los años pico de actividad del alga, la proyección para el 2021 no es alentadora. En mayo de este año, la acumulación de sargazo en el Atlántico centro-occidental y el Caribe rebasó la marca de todos los años anteriores para ese mes, de acuerdo a un informe de la Universidad del Sur de la Florida.

Sin respuesta federal al problema

En La Parguera (Lajas) y Palmas del Mar (Humacao), la muerte de peces coincide con la disminución significativa de los niveles de oxígeno del agua tras la acumulación de sargazo entre mayo y junio, según resultados preliminares de un estudio encabezado por el científico William Hernández, adscrito al Centro de Investigación y Desarrollo del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“Cuando lo comparamos con el mes de abril 2021 (cuando no había sargazo acumulado) la vida marina pegada a las estructuras de los muelles ya no está presente”, explica el investigador, cuyo estudio se centra en el potencial impacto de la acumulación de sargazo en las zonas costeras.

Hernández explicó que en algunas áreas se observó que “el oxígeno disuelto estuvo por debajo de los tres miligramos por litro”. Por debajo de 1 miligramo por litro, es considerado detrimental para la vida marina. Estos niveles son alarmantes y pueden impactar a organismos como los peces, según la Agencia de Protección Ambiental. En áreas internas en la marina de Palmas del Mar, hubo resultados “muy cerca” de esos niveles, dijo.

El sargazo en altamar provee beneficios como alimento y refugio para peces y otras especies de invertebrados marinos. Sin embargo, durante la pasada década, las grandes cantidades que se acumulan en las costas del Caribe y parte de la costa occidental de África representan un peligro para la calidad del agua, del aire, y los procesos de oxigenación que posibilitan parte de la vida marina.

La descomposición por sargazo provoca la emisión de sulfuro de hidrógeno y amoniaco, que son gases que ponen en riesgo la salud de comunidades costeras, los trabajadores del mar y el turismo y los visitantes, según documentó el CPI en 2019.

“No sabemos cuál es el impacto con una exposición prolongada [en los seres humanos]. No ha habido un plan para el manejo del sargazo. En otras islas del Caribe hay una política”, añadió Hernández.

El DRNA apenas cuenta con un protocolo de 2015 en el cual las personas, organizaciones o comunidades deben comunicarse con alguna de las oficinas regionales de la agencia para notificar sobre el área afectada por la acumulación del alga.

El Gobierno federal por su parte no ha desarrollado políticas para enfrentar el impacto de esta especie marina en sus territorios del Caribe. La Agencia Nacional Oceanográfica y Atmosférica (NOAA, en inglés) considera el sargazo como un hábitat esencial. Por lo tanto, su manejo y manipulación están limitados por regulaciones federales que no se actualizan según las nuevas realidades del clima observadas desde 2011.

Pero, “¿cuándo deja de ser un hábitat esencial para convertirse en un impacto a los ecosistemas costeros?”, cuestionó Hernández.

Según el Oficial de Manejo de la Reserva Natural del Corredor Ecológico del Noreste del DRNA, Ricardo Colón, “las agencias federales tienen un rezago como de 10 a 15 años, en lo que la literatura se actualiza, en lo que los mismos científicos de la NOAA comienzan a ponerse al día. Las agencias tienen una rigidez institucional y no es compatible con la velocidad de los cambios ambientales que se suponen que estén atendiendo”.

La necesidad de actualizar las regulaciones federales relacionadas al manejo del sargazo fue reconocida por la ingeniera Damarys Acevedo, quien trabaja para el Cuerpo de Ingenieros de la Fuerzas Armadas de los Estados Unidos (USACE, en inglés). Esta agencia federal, que autoriza proyectos de infraestructura en aguas de jurisdicción estadounidense, ha admitido por los pasados dos años que no tiene ningún proyecto dirigido a atender el problema del sargazo en el Caribe.

“Ya han pasado varios años desde que esas regulaciones se establecieron. Pienso que ya es tiempo de revisarlas, especialmente ahora que se ha visto un aumento en los arribazones de sargazo en ciertas áreas de la Isla”, reconoció Acevedo.

Por su realidad colonial, Puerto Rico ha estado ausente de cumbres regionales en las que se discuten acuerdos para el manejo del sargazo. Esta falta de estrategias en Puerto Rico quedó nuevamente documentada en un informe publicado en junio por el Programa para el Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Solo se menciona el protocolo del DRNA publicado en el 2015 como referencia para manejar la acumulación excesiva en la Isla.

DRNA se lava las manos con el tema del sargazo

El olor nauseabundo invade la costa de Palmas del Mar, porque el sargazo se acumula en los canales de su marina. Además, un muro hecho de gaviones de piedras en uno de los canales inhibe el movimiento del alga.

El muro fue una iniciativa local propuesta y financiada con fondos privados. Ni el gobierno central, ni USACE estuvieron implicados en su desarrollo, dijeron al CPI portavoces de la asociación de propietarios de Palmas del Mar.

“Lamentablemente, ante la carencia de ayuda, sea del Gobierno, sea del Municipio, la Asociación [de Propietarios de Muelles de Palmas del Mar] y la comunidad se ha tenido que unir para hacer este trabajo y costearlo. Se está dirigiendo más de 175 mil dólares al año para recoger todo el sargazo que entra a la marina. Se recoge con estas máquinas para después buscar depositarlo, tanto en el vertedero como en áreas que nos permiten, lo recolectan para hacer cosas, pero también hay que costear ese transporte porque nadie te lo lleva gratis”, explicó Juan Bosch, quien es uno de los administradores de la Asociación a través de la entidad Pelican Management and Realty.

Bosch expresó que, aunque el personal del DRNA conoce de los esfuerzos en Palmas para manejar el alga, no existe comunicación entre la agencia de Gobierno y quienes lideran las estrategias de recogido dentro del complejo ubicado en Humacao.

Al preguntarle al DRNA si supervisa el recogido de sargazo en diferentes puntos de la Isla, el doctor Colón no especificó cómo lo hace, si de alguna forma.

“Las marinas privadas, lugares privados como hoteles, Palmas del Mar, tienen la capacidad de tener empleados, buscar maquinaria. Sabemos que hacen estos esfuerzos y tratamos de que se siga el protocolo, pero no es algo que se deba penalizar, sino sencillamente mejorar la coordinación”, añadió el científico.

Opinó, además, que “no hay una sola agencia tenga la capacidad para bregar con esto a nivel de Puerto Rico”. Propuso una campaña de orientación al público para informar sobre el protocolo del DRNA. “Esto es un problema de gran escala”.

El CPI solicitó entrevista sobre este asunto con el secretario del DRNA, Rafael Machargo, pero nunca estuvo disponible.

La agencia no cuenta hoy día con máquinas de extracción de sargazo, pero sí las tuvo durante el cuatrienio de 2013 a 2016. Según el portavoz de prensa del DRNA, Joel Seijo, durante ese período las máquinas fueron cedidas a municipios costeros, aunque no precisó cuáles. Actualmente la agencia prepara propuestas a la NOAA para adquirir máquinas especializadas en la extracción de sargazo. Algunos municipios como el de Ceiba han comprado sus propias máquinas para estos fines.

Las agencias de turismo se contradicen sobre el impacto del problema

La Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino (DMO Puerto Rico), que hace campañas millonarias promocionando las playas cristalinas del país, minimizó el problema.

“Aún los paradores que están en las áreas más afectadas [por el sargazo], que yo conozca, no se han visto afectados grandemente porque tenemos un turismo interno bien activo. Tenemos múltiples opciones en las mismas zonas, porque no todas [las playas] están afectadas grandemente. Unas están bien serias, y a tres o cuatro, diez kilómetros más adelante, tienes una playa exquisita”, dijo al CPI Tomás Ramírez, quien es parte de la Junta de Directores del DMO de Puerto Rico.

“En los paradores, principalmente los que están en la zona sureste, 95 por ciento de sus clientes son locales, a diferencia del área oeste y noroeste, que tenemos un por ciento de extranjeros que puede llegar a 35 por ciento o 45 por ciento de las reservaciones que tenemos, y esas áreas están menos afectadas [por el sargazo]”, agregó Ramírez, quien es propietario del Parador Combate Beach Resort en el municipio de Cabo Rojo.

La Compañía de Turismo acordó en 2019 transferir 500,000 dólares al DRNA para elaborar un plan de limpieza de las playas de Puerto Rico afectadas por el sargazo, según un documento al que tuvo acceso el CPI. La adquisición de maquinaria y contratación de servicios especializados fueron parte del acuerdo, pero el plan no fue ejecutado debido a “retrasos en procesos administrativos”, según admitió al CPI el director ejecutivo de Turismo, Carlos Mercado.

“La Compañía de Turismo de Puerto Rico está gestionando la reactivación de dicho acuerdo para brindarle al DRNA un apoyo adicional en sus esfuerzos para el manejo de esta situación que pone en gran riesgo uno de nuestros recursos naturales y atractivos turísticos más importantes, como la Bahía Bioluminiscente en Fajardo, nuestras playas en zonas turísticas, y otras áreas de interés”, expresó el titular de la agencia.

El hecho de que los vecinos de Palmas del Mar hayan iniciado esfuerzos para lidiar con la acumulación de sargazo no debe ser una excusa para eximir al Gobierno de su responsabilidad de atender el problema, dijo el director ejecutivo de la Asociación de Propietarios de Hogar de Palmas del Mar, Antonio Maldonado.

“Ni el Gobierno, ni el Departamento de Salud están haciendo nada. Todos estos estudios de emisiones de gases que desarrollamos aquí los copiamos de las islas francesas [en el Caribe], porque allí sí que hacen un trabajo excelente y ayuda el Gobierno francés, pero aquí, ni el Gobierno de Puerto Rico, ni el federal ayudan”, reclamó Maldonado.

Un portavoz de prensa del USACE notificó al CPI que dicha agencia federal no ha recibido ninguna solicitud del Gobierno de Puerto Rico para establecer infraestructura que aporte a controlar este problema.

Asimismo, la ingeniera Acevedo, de USACE, mostró preocupación por la posibilidad de que se sigan desarrollando privadamente muros o gaviones como el que se erigió en el área contigua a la marina en Palmas del Mar.

“No sabemos si eso tenga repercusiones en altamar o a lo mejor en otras áreas de la Isla. A lo mejor eso les resuelve temporalmente, pero a lo mejor ese sargazo se queda ahí aguantado. Pueden surgir otros problemas que no conocemos”, indicó.

A Palmas del Mar también llegan particulares y organizaciones a buscar el sargazo para investigaciones. El administrador Bosch dijo que no media ninguna transacción económica cuando se llevan la alga marina.

“Han venido muchas personas, no te puedo decir nombres, a buscar en camiones. ‘Dame de lo que recogiste, tenemos un experimento’. Entendemos que no es ningún problema, si ellos mismos se lo llevan”, dijo Bosch, quien indicó que parte del sargazo se utiliza para hacer composta en el mismo complejo residencial y turístico.

En Lajas, se utilizó para cubrir el vertedero municipal y como fertilizante por agricultores del área, según dijo hace dos años el exalcalde Marcos Irizarry.

Esfuerzos científicos en Puerto Rico y estrategias en otros lugares del Caribe

El recién anunciado proyecto del profesor Roy Armstrong, del Recinto de Mayagüez de la UPR, se une a múltiples investigaciones universitarias, independientes y gubernamentales de científicos en Puerto Rico sobre este fenómeno. Su proyecto, aprobado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA en inglés), monitoreará el trayecto del sargazo a través de imágenes de satélites para entender mejor su impacto en los ecosistemas marinos en las costas de Puerto Rico.

La Isla está ausente de decisiones internacionales sobre este tema. Entre los años 2015 y 2021 se han llevado a cabo 15 eventos regionales del Caribe, en los que se han presentado protocolos y firmado acuerdos regionales de los cuales Puerto Rico no forma parte.

República Dominicana ha desarrollado barreras flotantes en las playas turísticas para lidiar con la acumulación. El gobierno de Francia presentó recomendaciones sobre cómo minimizar el impacto del sulfuro de hidrógeno en residentes y trabajadores de zonas costeras en las islas Guadalupe y Martinica.

En el resto del Caribe, países y territorios como Barbados, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Anguila y las islas vinculadas al Reino de los Países Bajos cuentan con planes de manejo y estrategias para tratar con el sargazo.

El mapa interactivo del Caribbean Coastal Ocean Observing System (CARICOOS) Laboratorio de Oceanografía Óptica, de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad del Sur de Florida, permite ver imágenes del sargazo en las costas en tiempo real.

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Gobierno / PORTADA / Salud

Niños y adolescentes se quedan sin su hospital psiquiátrico público

Bryan Gutiérrez Echevarría Publicado en junio 23, 2021

Por Eliván Martínez Mercado

Del Centro de Periodismo Investigativo

Los pasillos están en silencio absoluto.

El Centro de Salud Mental de Bayamón, la única unidad pública especializada en psiquiatría para menores de edad y con tratamiento extendido para los casos más graves, cerró totalmente en marzo de 2020, sin que se anunciara a la ciudadanía y sin que hubiera un plan para atender la necesidad de servicios de hospitalización de más de siete días.

Hasta allí llegan menores de edad en busca de tratamiento de emergencia y encuentran las puertas cerradas, comprobó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Ha sido el peor momento para que la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) clausurara estas instalaciones, en vista de que la pandemia ha exacerbado las condiciones de salud mental de niños y adolescentes, según confirmaron por separado la Asociación Puertorriqueña de Psiquiatras de Niños y Adolescentes y el Colegio de Médicos Cirujanos.

Una de las causas principales del cierre fue que la empresa APS Healthcare Puerto Rico, que domina la industria de la cobertura de servicios de salud mental en la Isla, no le pagaba a los pacientes las hospitalizaciones de más de siete días, indicó ASSMCA al CPI.

Pero esta situación es producto de un negocio que aceptó la propia agencia, en la que esta pierde y APS gana. ASSMCA había acordado con la compañía que esta le pague solo un promedio de siete noches de hospitalización por paciente con condiciones mentales agudas, aunque en realidad muchos necesitan más tiempo de cuidado médico, encontró el CPI. Ni ASSMCA ni APS contestaron desde cuándo se llegó a este acuerdo.

Un informe senatorial de 2014 ya había advertido que ese tipo de contrato no era negocio para ASSMCA, porque ponía a la agencia en la posición de tener que costear los días adicionales no cubiertos, y porque APS limitaba y retrasaba el acceso a servicios de emergencias y hospitalizaciones.

El cierre del hospital levanta cuestionamientos sobre hasta qué punto la Administración de Seguros de Salud (ASES) supervisa efectivamente la relación entre las aseguradoras y los proveedores de servicios para que los clientes del Plan de Salud del Gobierno tengan un mejor acceso al cuidado que necesitan.

El Centro de Salud Mental de Bayamón, ubicado dentro del Hospital Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnau, tenía la sala de tratamientos psiquiátricos para menores más grande de Puerto Rico. Sus instalaciones incluían la Unidad Psiquiátrica Hospitalaria de Adolescentes (UPHA) y la Unidad Psiquiátrica Hospitalaria de Niños.

Suministrada

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) alertaron en noviembre que la proporción de las visitas de los menores de edad a las unidades de salud mental en Estados Unidos aumentó de marzo a octubre en 2020, en comparación con el mismo periodo del año anterior. El aumento fue de un 24 por ciento entre los niños de cinco a 11 años y de un 31 por ciento entre los de 12 a 17 años.

“Estos hallazgos demuestran la necesidad continua del cuidado de salud mental para los niños durante la pandemia y resaltan la importancia de expandir los servicios…”, según los CDC.

En Puerto Rico, en el año fiscal 2015-2016, antes de que comenzara la cadena de catástrofes socioambientales, hubo 336 intentos de suicidio entre los menores de edad que llamaron a la Línea PAS de ASSMCA. En el 2019-2020, cuando inició la pandemia, hubo 854. Eso representa un brutal aumento de 154%.

El Centro de Salud Mental de Bayamón ya había comenzado a cesar los servicios de hospitalización, de internamiento parcial y de terapias familiares en 2019. Interrumpió las actividades de la unidad estabilizadora al comienzo de la pandemia. Esta atendía a los menores de edad durante 24 hasta 72 horas para luego darlos de alta o dirigirlos a instituciones privadas que pudieran acogerlos.

La psicóloga Margarita De Jesús, quien ofrece terapias en Cayey, recomendó en octubre de 2020 la hospitalización de una niña de 12 años que presentaba depresión mayor recurrente, ansiedad, problemas conductuales e ideas suicidas.

“Cuando llamo a ASSMCA para que la ingresen, me indican que UPHA ya no existe. Yo le digo, ‘¿De verdad? ¡Pero si esa unidad era la mejor en el Caribe!’. Este es uno de los muchos servicios que se han cerrado en ASSMCA”.

En el año fiscal 2018 a 2019, el último en el que funcionó a toda capacidad, la sala de emergencias del Centro de Salud Mental de Bayamón atendió a 1,533 personas, según ASSMCA.

La exadministradora de la agencia, Suzanne Roig Fuertes, responsable de la decisión del cierre, tampoco hizo mención alguna sobre este tema en el Informe de Transición al nuevo Gobierno. Es como si nunca hubiera ocurrido.

El cierre del hospital dificultó que la psicóloga De Jesús encontrara el tratamiento que la menor de edad necesitaba. Llamó al First Hospital Panamericano en Cidra, pero estaba lleno. Luego al San Jorge Children’s & Women’s Hospital, en la capital, que en ese momento no tenía espacio. Hasta que consiguió un lugar en San Juan Capestrano, en Río Piedras.

“Los servicios psiquiátricos para menores o se han cerrado o se han fragmentado o están distantes para los que viven fuera del área metropolitana”, indicó De Jesús. En medio de una emergencia, la dificultad para obtener estos tratamientos se convierte en un estresor adicional para los pacientes y sus familiares, dijo la psicóloga. “Es bien drenante”.

A más de un año de haber clausurado las puertas del hospital, ASSMCA todavía indica en su página web que ofrece hospitalización allí las veinticuatro horas de cada día, con veinte camas para adolescentes y diez para niños de ambos sexos.

Es como si el Gobierno pagara doble

APS Healthcare, una de las empresas más subcontratada por aseguradoras que tienen contratos con el Plan de Salud del Gobierno, asume el riesgo de estas y administra los beneficios de salud mental de los pacientes.

La falta de pagos por hospitalizaciones de más de siete días ha sido detrimental para el Centro de Salud Mental de Bayamón, cuya mayoría de pacientes los aseguraba APS. Estos padecían condiciones graves, empeoradas por factores sociales como maltrato familiar. Entre las agencias públicas que referían a menores al hospital estaban el Departamento de Educación y el Departamento de la Familia.

Carlos Rodríguez Mateo, exlegislador del Partido Nuevo Progresista y quien fue nombrado en enero de 2021 administrador de la agencia, dijo al CPI que el hospital cerró por una combinación de factores principalmente financieros, siendo uno de estos la intención de evitar lo que denominó como una “duplicidad de gastos”.

Por duplicidad, Rodríguez Mateo se refirió a que el hospital tenía que asumir los gastos de servicios no cubiertos por APS, a pesar de que ASES ya les había pagado a las aseguradoras Triple-S, First Medical y el Plan de Salud Menonita (que a su vez subcontratan a APS), para que cubrieran todo el costo de la salud mental de los pacientes.

ASSMCA no entregó al CPI la información sobre el monto de esos gastos no cubiertos por APS durante los últimos cinco años fiscales.

Este medio le preguntó a Rodríguez Mateo quién establecía el criterio de un máximo de días, tomando en cuenta que el Plan de Salud del Gobierno se supone que cubra la totalidad de los servicios.

“Quien establece la cubierta es ASES, que hace un llamado a propuestas de las aseguradoras y dice ‘estos servicios son los que quiero que me coticen’, y dentro de esa definición de hospitalización aguda está la definición de siete días. Por lo tanto, del octavo día en adelante, no le corresponde a APS”, aseguró el administrador de ASSMCA.

Pero Jorge Galva, el director ejecutivo de ASES, desmintió esa afirmación. “Yo soy el primero que está sorprendido por esta limitación [de siete días], ya que no hay otra limitación que el criterio clínico del psiquiatra. Gracias por habérmelo advertido porque esto va a ser objeto de una investigación”. Galva explicó que hay una responsabilidad compartida entre APS y ASSMCA. “La única interpretación que puedo poner sobre la mesa es que esto se debe al proceso de negociación de la aseguradora, representada por el subcontratista, y ASSMCA”.

A Rodríguez Mateo también lo desmintió Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos: “ASES no entra en eso, no tiene nada que ver en esa decisión”.

Alexis Cardona, el presidente de APS, dijo inicialmente en una entrevista con el CPI que era “falso” que su compañía solo pagaba un promedio de siete días de hospitalización por persona. Pero luego aceptó que ASSMCA estuvo conforme con esos términos, “basado en lo que la experiencia y las guías clínicas médicas nos dicen”.

Sostuvo que ese arreglo, conocido como pago por capitación, se hace con una fórmula que considera las estadías cortas y prolongadas, y se le da un pago fijo al hospital, que de ninguna manera impide que este dé servicios por más días a los pacientes que lo necesiten. Cardona no respondió a la pregunta de cómo este acuerdo es un buen negocio para ASSMCA, tomando en cuenta que muchos de los pacientes requieren hospitalización prolongada.

Cardona tampoco respondió, ante preguntas del CPI, quién y cuándo llegó a este acuerdo. Dijo que este se ha mantenido durante “muchos años” en diferentes contratos. “En el momento en que se discutió, ASSMCA prefirió contratar bajo ese modelo. Nosotros también lo aceptamos”.

Sara Huertas, quien fue subadministradora de ASSMCA entre 2005 y 2006 y dirigió el Departamento de Psiquiatría del Recinto de Ciencias Médicas, explicó que las decisiones de los pagos se establecen con un estudio actuarial actualizado sobre las necesidades de la población con condiciones mentales. “Eso es crítico para cuando se hacen contratos, porque el Gobierno necesita saber cuánto le cuesta prestar un servicio y cuántas personas de esta población van a ser hospitalizadas en un año, tomando en cuenta cuál ha sido la historia de la utilización de los servicios”.

Rodríguez Mateo dejó entrever que ASSMCA tiene un problema de actualización de sus datos actuariales.

“Queremos ver los datos históricos de nosotros en los últimos diez años, cuál es la necesidad de espacios para salud mental en un hospital general”, indicó. “Tenemos un comité que comenzó la semana pasada a trabajar en esto, para definir las necesidades reales hoy, no hace 20 años, ni del 1930 cuando se construyó el psiquiátrico, sino hoy”.

El administrador de ASSMCA añadió que la cantidad de pacientes del hospital fue disminuyendo. La unidad mantenía un censo promedio de 10 pacientes diarios, un 30% del espacio disponible. La disminución de pacientes hospitalarios, sin embargo, fue la norma entre 2017, después del huracán María, y en 2020, tras la secuencia de terremotos y el comienzo de la pandemia, según Víctor Ramos.

“Ningún hospital se sostiene con un 30% de ocupación”, dijo Rodríguez Mateo.

La falta de pagos por servicios de salud mental extendidos refleja una situación más abarcadora que también enfrentan otras instalaciones de ASSMCA. Al Hospital de Psiquiatría General de Río Piedras le cuesta un promedio de 9,500 dólares mensuales por paciente los servicios extendidos no cubiertos por APS, según ASSMCA.

Rodríguez Mateo sostuvo que si APS le pagara por más días de hospitalización, puede usar el dinero para subcontratar hogares de salud mental. En estos podría alojar a pacientes abandonados por sus familiares que han estado meses y hasta más de un año en el Hospital de Psiquiatría General, y que no necesitan los cuidados de hospitalización.

Imperio de empresas de salud

La compañía APS se incorporó en Puerto Rico en 1999, como propiedad de empresarios estadounidenses, y desde entonces administra los servicios de salud mental para los beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno. Ahora pertenece a Metro Holdings Inc., una subsidiaria de Artau Holdings III, según el Registro de Corporaciones. Esta fue creada por una empresa familiar fundada por el puertorriqueño Eduardo Artau, quien comenzó levantando un hospital en Utuado y hoy posee unas 40 compañías principalmente relacionadas a los servicios de salud, entre las cuales se encuentra la cadena de hospitales Pavía. También es dueño del plan First Medical, que asegura a empleados del Gobierno.

APS da servicios de cobertura de salud mental a 1.3 millones de pacientes, según su página web. La empresa asociada, APS Clinics, cuenta con 17 clínicas alrededor de la Isla que dan servicios privados de salud mental.

El 91 por ciento de los ingresos de la compañía los obtiene al ser subcontratada por aseguradoras que a su vez fueron contratadas por el Plan del Gobierno, según el más reciente informe anual de APS.

El informe senatorial de 2014, hecho por la exsenadora Rossana López León, apunta a que desde entonces APS era parte de un alegado conflicto de interés, en el que la compañía referiría a los pacientes a atenderse a sus propias instalaciones en lugar de las salas estabilizadoras más cercanas. La compañía forzaba que los pacientes fueran dados de alta antes del tiempo que recomendaban los psiquiatras. El informe sostiene además que, “sorprendentemente”, el Hospital de Psiquiatría General de Río Piedras estaba desde 2011 asumiendo los costos de estadías de más de siete días.

“Este contrato existente entre la ASSMCA y la APS es uno perdidoso para la frágil situación económica de la primera y en definitiva del Gobierno en general, en beneficio de una compañía, que como hemos visto en este Informe, ha subsistido en nuestra jurisdicción gracias a los dineros del pueblo de Puerto Rico, sin haber ofrecido a cambio los servicios relacionados a la salud mental que se esperaban y muy por debajo de los estándares médico mínimos aceptados”, dice el documento.

El informe sostiene que APS solo le pagaba en ese momento $110 diarios por cada paciente que usaba una cama en ese hospital administrado por ASSMCA, cuando a otros hospitales privados les pagaba entre $500 a $600 por el mismo servicio. Así, el hospital público dejaba de recibir sobre $10.2 millones anuales por mantener el contrato con APS, si se comparaba con lo que recibía la empresa privada.

La pandemia exacerbó las enfermedades mentales

El Centro de Salud Mental de Bayamón dejó de funcionar cuando el distanciamiento físico provocado por el protocolo para frenar contagios del COVID-19, el miedo generalizado a infectarse y las largas horas de conexión frente a las pantallas para hacer estudios virtuales comenzaron a pasar factura a la salud mental de los menores.

El aumento en los intentos de suicidio es uno de los indicadores pero no refleja todo el panorama de la salud mental en Puerto Rico. Aunque faltan datos, el doctor Mario González, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Psiquiatras de Niños y Adolescentes, asegura que él y sus colegas han visto cómo la pandemia ha afectado a los menores de edad.

“He visto muchos trastornos de ansiedad, ataques de pánico, preocupaciones presentes en todo momento, conducta obsesiva compulsiva, hand sanitizer cada cinco o diez minutos. Hemos tenido muchos pacientes buscando ayuda por primera vez. Quizás un poco más cantidad de la que estábamos anticipando”, aseguró González. “Algo que nos preocupa es que esto no ha concluido, falta mucho por entender para conocer el resultado final. Algo que he visto recientemente, dentro del despunte de los casos, son las recaídas. Niños como de cinco o seis años que hemos visto con depresiones. En los adolescentes hemos visto tristeza, desánimo, bajan las notas, algunos con intentos suicidas y un aumento en el uso de cannabis y alcohol. Tenemos que estar bien pendientes”.

El Centro de Salud Mental de Bayamón, a donde casi la mitad de los pacientes llegaba con ideas suicidas, era la única opción hospitalaria para las menores de edad sin plan médico.

Quienes poseen plan médico y encuentran las puertas del hospital de Bayamón cerradas pueden ir a instalaciones privadas, pero están enfrentando largos tiempos de espera para conseguir hospitalización o servicios parciales.

“Una de nuestras preocupaciones como asociación es que desafortunadamente no hay muchos servicios. En pacientes que tenían una urgencia psiquiátrica, se nos hace más difícil que sean evaluados y tratados adecuadamente”, explicó González. “Mientras hay menos oferta, aumentan los tiempos de espera para los pacientes y se disminuye el acceso a los servicios. La dificultad mayor ante la ausencia del Gobierno es buscar servicios para niños menores de doce años”.

Al inicio de la pandemia, en marzo de 2020, el San Juan Capestrano vio una merma en el número de adolescentes ingresados, al igual que la mayoría de los hospitales. Pero a medida que avanzaban los meses de encierro y sus secuelas en la salud mental, San Juan Capestrano experimentó un aumento en peticiones de ingreso. “El área de adolescentes del hospital ha estado prácticamente llena y también nuestras clínicas parciales donde ofrecemos servicios para adolescentes localizadas en Bayamón, Mayagüez y Caguas”, indicó una portavoz de esa institución. Para enfrentar la necesidad de servicios, este hospital privado aumentó de 12 a 30 las camas para acoger a niños y adolescentes.

Una fuente del CPI indicó, además, que la unidad psiquiátrica para niños y adolescentes del San Jorge Children’s & Women’s Hospital, que cuenta con veinte camas, está prácticamente llena en todo momento.

Rodríguez Mateo, el administrador de ASSMCA, alegó no obstante que ha tenido conversaciones con hospitales privados y estos le han comunicado que atenderán la falta de espacio. Aseguró que los menores que iban al Centro de Salud Mental de Bayamón no están totalmente descubiertos, puesto que ASSMCA ofrece tratamiento ambulatorio en salud mental y adicciones en la Clínica de Servicios Psiquiátricos para Niños y Adolescentes de Río Piedras.

Indicó que está trabajando para que el Centro de Salud Mental de Bayamón reabra la sala estabilizadora este verano. “Todo lo que la empresa privada no pueda atender, lo vamos a trabajar”, prometió.

Ninguna de estas opciones resuelve la necesidad de una sala de servicios extendidos.

Hay varias soluciones, según Víctor Ramos. Una es reabrir el hospital. La otra es que haya un cambio en los contratos con APS, para que se incluyan los servicios extendidos y días adicionales que requieren ciertos tratamientos. La tercera, añadió el doctor, es eliminar el contrato con APS y que el dinero, en lugar de ir a la empresa, lo pague el Gobierno directamente al hospital público.

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Erosión costera elevada amenaza a las comunidades

Redacción Es Noticia Publicado en mayo 24, 2021

Por Rafael René Díaz Torres

Centro de Periodismo Investigativo

Pedazos de cemento, piedras, desperdicios de construcción y algunos escombros separan la costa elevada en la comunidad Barrio Obrero, de Arecibo, del car wash con vista al mar en el cual trabaja Christian.

El hombre, quien lleva toda su vida residiendo en esta comunidad, explica cómo han sido los vecinos quienes han intentado buscar opciones para enfrentar la erosión costera acelerada de los últimos años.

El resultado ha sido una especie de relleno hecho con desechos de construcción, como para ganar terreno al mar. Con tono de resignación, dice que los políticos municipales se asoman por allí en pocas ocasiones, y que esas visitas esporádicas casi siempre ocurren durante el período de campañas electorales.

“Como esto es un barrio pequeño, a casi nadie le importa”, dice al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), mientras busca el líquido de brillar gomas de carro.

En el pasado, el gobierno municipal de Arecibo dijo que no había recursos para poner en marcha un plan de mitigación en esta zona costera.

El exalcalde Carlos Molina decía que la única solución para los residentes en zonas de peligro era buscarse otra casa fuera del área.

Ante la falta de alternativas, los vecinos de Barrio Obrero lanzan objetos como fragmentos de ladrillo, tubos y trozos de losetas a la pendiente erosionada con la ilusión de ir formando un rompeolas que proteja sus propiedades por algún tiempo.

“Aquí tiramos piedras y algunos escombros, pero siempre y cuando no sean basura”, menciona Christian al hablar de cómo la gente de su barrio lidia para tratar de protegerse de la erosión y de los episodios de marejadas fuertes que amenazan la existencia de las residencias de esta comunidad costera arecibeña.

No fue hasta el pasado 8 de marzo que, con la entrada de una nueva administración en Arecibo, se firmó una ordenanza para crear por primera vez en el ayuntamiento una Oficina de Planificación y Ordenamiento Territorial. La información fue confirmada al CPI por su actual y primera directora, Leslie Orama, quien dijo que en su recién creada oficina trabajarán estrategias para manejar el problema de erosión costera en Barrio Obrero y en comunidades cercanas.

Como otras áreas al oeste del Río Grande de Arecibo, la comunidad de Barrio Obrero ha enfrentado la degradación de su pendiente costera, según la investigación “El estudio de las playas de Puerto Rico Post-María”. Una de las investigadoras principales del proyecto, la Dra. Maritza Barreto, describe el problema de algunas de estas áreas de Arecibo como uno de erosión costera elevada o coastal bluff erosion. Es un proceso de erosión que apenas comienza a estudiarse en Puerto Rico, y que es distinto a la erosión de playa y otras áreas de costa llana.

“Son zonas altas, pero son costas con material vulnerable, sedimentario. Si tú tienes eso expuesto frente a la costa con un régimen de oleaje, con unos huracanes que cada vez son más [fuertes] por el efecto del cambio climático, te van a dar una costa vulnerable. A eso se le suma el manejo incorrecto de la costa en el pasado, más el aumento del nivel del mar, tienes la ecuación perfecta para que se acelere”, explicó Barreto al CPI.

El caso de Arecibo, en la costa norte de la Isla, fue uno del cual la geóloga marina y su equipo de trabajo de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se percataron mientras hacían trabajo de campo para conocer cuánto habían cambiado las playas de Puerto Rico luego del huracán María. Aunque la investigación no tenía el objetivo de estudiar el fenómeno de la erosión costera elevada, fue inevitable identificar el problema.

De acuerdo a la científica, la erosión de costa elevada es más difícil de identificar a través de fotos aéreas, y su investigación en Puerto Rico ha sido más escasa en comparación con la erosión de costas llanas.

La playa El Cocal en el municipio de Yabucoa, al sureste de Puerto Rico presenta otro caso significativo de erosión costera elevada, apunta la segunda parte del estudio. Al visitar Yabucoa, el CPI encontró que los oficiales municipales dijeron estar conscientes del problema y la peligrosidad para las propiedades en áreas elevadas, pero admitieron que no se han implementado estrategias de mitigación específicas para la erosión de costa elevada.

“De la costa elevada no tenemos mucha información”, comentó al CPI el ayudante especial del alcalde de Yabucoa, Luis Rivera, quien mencionó que, además de El Cocal, el área de la playa El Negro también presenta un caso de erosión costera elevada.

Desde la playa El Cocal se avistan sobre la pendiente decenas de propiedades que forman parte de El Cocal Country & Beach Club, que incluye unidades que están disponibles para alquiler a través de la plataforma de Airbnb. En una visita al área, se observa lo vulnerable que se ha tornado la pendiente que divide este complejo de la popular playa. La robusta pared natural que una vez separó el área de las viviendas de la playa se ha estrechado, producto de la erosión y los deslizamientos, que además han socavado las raíces de los árboles y palmas allí. Al preguntársele a Rivera sobre qué medidas ha tomado el municipio para atender los peligros enfrentados por quienes se hospedan en estas unidades de vivienda y alquiler, el funcionario informó que es poco lo que se ha hecho, por tratarse de una “finca privada”.

“El Cocal [Country & Beach Club] es una finca donde varias personas compraron y adquirieron derechos, pero eso es una finca que no está ni segregada. Las carreteras no son públicas. Podemos ver los efectos de la erosión desde el área pública [de la playa], pero si afecta algún tipo de propiedad, ahí tendríamos que entrar bajo la petición [de los residentes]”, explicó Rivera.

Al igual que en El Cocal en Yabucoa, el área colindante a Kikita Beach y la reserva Ojo del Buey en el barrio Mameyal del municipio norteño de Dorado, también enfrentan un problema de erosión costera elevada que incluye el área donde hay propiedades para alquiler en Airbnb. Aunque sus motivos son distintos a los esbozados por los funcionarios municipales yabucoeños, el alcalde de Dorado tampoco ha intervenido con el manejo y mitigación de la erosión costera elevada que ocurre en su pueblo. Este responsabilizó al Gobierno central.

“Realmente eso le compete al Departamento de Recursos Naturales [y Ambientales]. Lamentablemente [la agencia] ha rehusado asumir su responsabilidad. Por ejemplo, hay un área que inclusive podría afectar en el futuro a residencias, el área de Costa Dorada. Había unos fondos que hemos estado, la comunidad y el Municipio, tratando de cualificar para resolver el problema y no pudimos conseguir la colaboración en este tiempo, del Departamento [de Recursos Naturales y Ambientales]”, denunció al CPI, el alcalde de Dorado, Carlos López.

Sobre el caso de Mameyal y el área de la reserva el Ojo del Buey, donde hay áreas de erosión de costa elevada, el alcalde de Dorado dijo que, como medida de mitigación, se contempla instalar unos gaviones, que son un tipo caja rectangular de tela metálica rellena de piedras que se utiliza como barrera. También dijo que solicitará fondos federales que permitan realizar estudios oceánicos para un diseño de protección, aunque no explicó por qué esperó hasta ahora para hacer esta gestión.

El CPI contactó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) solicitando una reacción a las expresiones del alcalde, pero no obtuvo respuesta.

Mientras se dirime si la responsabilidad de atender la erosión costera elevada recae en el municipio de Dorado o el DRNA, el Océano Atlántico continúa reclamando su espacio. Los episodios de marejadas fuertes producto de ciclones o frentes fríos al norte de Puerto Rico provocan que el mar llegue hasta las estrechas calles de Mameyal. Comerciantes y propietarios de apartamentos en áreas elevadas cercanas a Kikita Beach también lanzan rocas al área de la costa para tratar de mitigar la erosión. Pero son prácticas informales, que el propio Alcalde alega desconocer en ocasiones, aunque las justifica.

“Nosotros personalmente [en el Municipio] no tuvimos conocimiento. Me entero por tu información, pero realmente es que en el proceso de permisología que un privado o aún en este caso, el gobierno municipal quiera seguir, es que es inaccesible en términos de las agencias. Anteriormente era burocrático y cuesta arriba. Ahora con el problema del COVID, que no hay la accesibilidad que había antes en términos de presencialmente hacer unas gestiones, ahora es bien cuesta arriba. Los ciudadanos, en pro de no perder su propiedad, tratan de mitigar de esa manera. A fin de cuentas si fueran a hacer como tienen que hacerlo no sería algo diferente a lo que están haciendo. Me imagino que eso fue lo que aconteció ahí”, expresó López al ser abordado sobre el incidente divulgado en un video en el cual personas en su carácter privado lanzaron rocas desde la parte trasera de una propiedad en el área cercana a la playa en Kikita.

A pesar de que estas prácticas responden al temor de personas que no desean perder su negocio o propiedad, sus consecuencias no siempre son favorables toda vez que representan un tipo de mitigación informal que no responde a los estudios de costa requeridos en estos procesos.

“Poner una roca, material duro o paredes, sin saber el efecto, ¿qué va a hacer eso? Eso va a parar inmediatamente, va a fijar la línea de costa, pero es temporero. Segundo, puede producir erosión hacia los lados. Por eso no se pueden tomar decisiones de mitigación sin seguir los procesos. Para tú mitigar, tienes que pedir unos permisos. Yo pudiera entender que la gente se desespera, pero lo que la gente pudiera pensar como una opción, puede ser la peor medicina”, advirtió Barreto.

“Los cursos de mitigación tienen que estar basados en el comportamiento de la costa. Tiene que hacerse de una manera integral, que lo que yo haga frente a mi parcela, no afecte a las demás. Tiene que ir con participación de la comunidad. Tiene que ser un análisis entre la comunidad, el municipio y el Estado. No pueden ser decisiones independientes”, añadió la también catedrática de la Escuela Graduada de Planificación del Recinto de Río Piedras de la UPR.

Paseo Lineal de Puerta de Tierra: crónica de una erosión anunciada

Desde su inicio en el 2015, vecinos de distintas comunidades de la capital expresaron su oposición a la manera en que se llevó a cabo el controversial proyecto del Paseo Lineal de Puerta de Tierra ubicado en San Juan. Solicitaron mayor participación ciudadana y abogaron por mejores estrategias de planificación que garantizaran la protección de la costa y sus recursos. Una investigación del CPI publicada en el 2016 reveló las pobres credenciales de las empresas contratadas para la construcción del Paseo.

Según ha transcurrido el tiempo, varios reportajes y videos han documentado el deterioro progresivo y la condición crítica en que se encuentra actualmente el Paseo. Una de sus secciones fue clausurada al público debido a la vulnerabilidad de la pendiente sobre la cual la estructura del Paseo se sostiene. El estado precario de esta área recreativa que costó $32 millones de fondos públicos obligó a la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Ciudad Capital, Aguas Buenas, Bayamón, Cataño y Guaynabo de la Cámara de Representantes a iniciar una investigación sobre el controversial proyecto en mayo. En las vistas públicas salió a relucir que no está claro si es el Municipio de San Juan o el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) la entidad que debe asumir la principal jurisdicción sobre el Paseo. Mientras, la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura ha planteado en varias ocasiones que su responsabilidad con el proyecto cesó, una vez culminó la construcción.

Mientras el Municipio de San Juan y las agencias del Gobierno se señalan mutuamente sin asumir responsabilidad, la erosión de la costa elevada que sostiene el Paseo continúa avanzando, poniendo en riesgo a las personas que diariamente transitan el área. Algunas secciones abiertas del Paseo son sostenidas por un terreno cada vez más propenso a eventos de deslizamiento, según advirtió el presidente de la Comisión de Terremotos del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, Félix Rivera, durante una de las vistas.

“La situación ahí [en Puerta de Tierra] es que el mar está bien cerca de ese talud [terreno inclinado]. Siempre que ocurre eso, hay un riesgo de deslizamiento, y más en este caso, que hay unos 30 pies de altura, entre donde está la calle y plazoleta, y abajo donde está la arena”, explicó Rivera al CPI.

“Se hicieron estudios de suelo y recomendaciones de poner unas mallas que no funcionaron. Debería haber un buen inspector, alguien que revise lo que se va a hacer. Ese talud está casi a 90 grados. Es completamente empinado y eso es un problema bien serio”, añadió el ingeniero, quien igualmente advirtió que cualquier evento ciclónico que ocurra este año podría acelerar los deslizamientos, y por ende, provocar la clausura de más secciones del Paseo.

Para el Paseo Lineal de Puerta de Tierra, la firma GeoCim fue contratada en abril 2015 para hacer el estudio geotécnico, que se supone que incluyó medidas dirigidas a controlar la erosión costera. El CPI se comunicó con esta empresa pero los ejecutivos de la misma no estuvieron disponibles.

Erosión de costa elevada debe manejarse diferente a la erosión de playa

Si bien ambos tipos de erosión de playas ocurren en un contexto costero, sus características y procesos de cambio son distintos. Por tal razón, las estrategias de mitigación, adaptación y el desarrollo de política pública tienen que ser específicas. Según personas que estudian las costas, incluyendo la Dra. Barreto, es necesario aumentar las investigaciones que aporten a la compresión de la erosión de costa elevada y las razones principales por las cuales ocurre.

Muchas de estas pendientes costeras en Puerto Rico tienen una combinación de diferentes tipos de roca sedimentaria. Y cada combinación plantea una compactación distinta, explicó al CPI la geomorfóloga Banery Mujica, al abordar una de las razones para la vulnerabilidad en áreas de costa elevada en Puerto Rico.

“En el caso de Arecibo, el material proviene del centro montañoso en su gran mayoría. Sobretodo en el norte de Puerto Rico, hay una combinación de material sedimentario que, a su vez, incluye diferentes tipos de material sedimentario”, expresó la científica, al hablar de la convergencia de rocas como la caliza y la de origen volcánico en algunas partes del norte de la isla.

En Puerta de Tierra, Mujica comentó que “casi todo ese material, sobre todo en la parte norte de El Capitolio, proviene del Batolito de San Lorenzo. Ese material proviene del Río Grande de Loíza, que fue atraído por las cuencas y las corrientes marinas, que fueron acumulando todo ese material en el norte de Puerto Rico”.

Un recorrido por el área bajo el Paseo Lineal de Puerta de Tierra no solo muestra la fragilidad del talud, sino que permite identificar la presencia de dos tipos de sedimentos que convergen en esta formación de ubicación costera. “En la parte de abajo es más caliza y en la parte de arriba es más material sedimentario de origen ígneo”, apuntó la también profesora del Departamento de Geografía del Recinto de Río Piedras de la UPR.

El problema de erosión acelerada en Puerto Rico debe abordarse con la integración de varias disciplinas científicas. Mujica recomienda que para proyectos de construcción en áreas costeras, los estudios de suelo realizados por geólogos no sean el único referente para la toma de decisiones, sino que se integre el análisis geomorfológico, algo con lo que coinciden los reconocidos geomorfólogos Maritza Barreto y José Molinelli.

“Si tú haces estrictamente un estudio geológico, te va a decir que, por ejemplo, toda esa costa de San Juan es una mezcla. Es exactamente la misma combinación que vas a ver en Vega Alta y Vega Baja. Pero en términos geomorfológicos es completamente distinto, ya que la costa de Puerta de Tierra en San Juan es una costa elevada. Al geomorfológicamente ser distinta, la erosión se comporta distinta”, destacó Mujica.

Debido a su geografía física, el estudio de la erosión costera en Puerto Rico no solo debe tomar en consideración la crisis climática actual y el aumento en los niveles del mar, sino aspectos tales como los procesos geomorfológicos que ocurren en el interior del territorio y el problema del mal manejo de los ríos.

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Gobierno / PORTADA / Pueblos

Contralora ocultó problemas de Tu Hogar Renace

Bryan Gutiérrez Echevarría Publicado en mayo 13, 2021

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla | Centro de Periodismo Investigativo

redaccion@esnoticiapr.com

El Departamento de la Vivienda (DV) pagó más de cinco millones de dólares por trabajos que no se realizaron o fueron deficientes bajo el programa de reconstrucción de viviendas Tu Hogar Renace, reveló una evaluación de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), que aunque se hizo en el 2018, se había mantenido en secreto.

El DV pagó 5,817,382 dólares por 633 órdenes de trabajo donde al menos uno de los trabajos no se hizo o fue deficiente, como parte del programa establecido tras el huracán María.

Esta acción fue señalada por la OCPR como una contraria a la “política establecida por el Departamento, de que un caso no terminado no podía ser procesado para pago”. Además, la Contraloría indicó que los trabajos que no fueron realizados o que se hicieron de manera deficiente fueron “certificados como hechos por el Oversight Manager, el Program Manager, y ‘preintervenidos’ por el Departamento”. El DV no quiso reaccionar a los hallazgos de esta historia.

Como Oversight Manager de Tu Hogar Renace figuró la empresa Hage & Integra, mientras que la compañía Adjusters International fue el Program Manager. Adjusters es una de las compañías que está bajo la matriz de Rising Phoenix Holdings Corporation, cuyo contrato ha sido uno de los más cuantiosos con fondos de recuperación en Puerto Rico, con más de 207 millones de dólares. El contrato de Adjusters fue cancelado por el DV bajo alegaciones de que no tenía capacidad económica, pero el Tribunal de Apelaciones emitió un fallo donde prevaleció la contratación.

La evaluación también reveló que las personas que recibían el servicio bajo Tu Hogar Renace desconocían cuáles eran los trabajos que se realizarían en sus hogares, lo que les impidió corroborar si los trabajos hechos eran a los que tenían derecho.

A pesar de que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitó este informe de la OCPR desde el 2019, el mismo fue entregado dos años más tarde, cuando la contralora Yesmín Valdivieso está de salida en la OCPR tras vencerse su término. En el 2019, Valdivieso dijo al CPI que los resultados del informe fueron usados como guía para conocer y revisar las denuncias de ciudadanos en contra del programa, pero que no existía un documento final para entregar y que no se lo entregó a nadie.

La secretividad de este documento también fue uno de los motivos para que se solicitara un Fiscal Especial Independiente (FEI) para Valdivieso, un caso que comenzó por una querella anónima sometida por un grupo denominado Auditores Unidos. Pero el Panel acogió una determinación de la entonces secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, de no hacer la designación.

Al entregar el informe al CPI, Lisandra Rivera, directora de la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la la OCPR, recalcó que no fue una auditoría formal pero que los resultados sí fueron discutidos con la persona a cargo de Vivienda en ese entonces, que era Fernando Gil Enseñat. Rivera sostuvo que el documento también fue discutido por la Contralora con el entonces gobernador Ricardo Rosselló en una reunión del Grupo Anticorrupción.

Sin embargo, el documento entregado al CPI indica que es un borrador que fue entregado a Luis Carlos Fernández Trinchet el 24 de febrero de 2020. Fernández Trinchet entró a dirigir Vivienda en enero de 2020, luego de que la gobernadora Wanda Vázquez Garced le pidiera la renuncia a Gil Enseñat.

Para hacer la evaluación, la OCPR visitó 1,000 casas que fueron seleccionadas mediante la metodología estadística del muestreo estratificado, luego de que el DV le entregó los datos de 5,411 casos cuyos servicios habían sido pagados a los contratistas al 30 de junio de 2018. De esas 1,000 casas, solo 949 cualificaron para el programa. Y de esas, el DV pagó por “todos los trabajos incluidos en las órdenes, aun cuando hubo trabajos sin realizar o deficientes” en 633 casas.

Las siete compañías contratadas para el programa, 4 Contractors JV, Caribe Tecno, CRL, Excel Contractors, Inc., FR-BLDM JV, James W. Turner Construction, Ltd., SLS Co. LTD y Yates Bird LLC/JV, dejaron trabajos sin hacer o los hicieron de forma deficiente. Sin embargo, las tres empresas con más trabajos sin terminar fueron SLS Co. LTD, James W. Turner Construction, Ltd. y FR-BLDM JV.

Las compañías SLS y FR-BLDM figuran entre la lista de las que más contratos de recuperación tienen en Puerto Rico. Cada una recibió 250 millones de dólares para hacer trabajos del programa Tu Hogar Renace. Ambas compañías mantienen un contrato vigente hasta el 2022 con Vivienda por 50 millones de dólares, cada una, como gerentes de construcción bajo el programa de Reparación, Reconstrucción y Reubicación (R3).

SLS fue una de las compañías, al igual que Yates Bird, que fueron contratadas para la construcción del controversial muro que Donald Trump intentó hacer en la frontera sur de los Estados Unidos.

Con motivo de la evaluación, la OCPR agrupó los trabajos que hacía el programa Tu Hogar Renace en áreas como seguridad, impermeabilidad, limpieza, sistema eléctrico, estructura, sanitario y muebles de cocina.

En seguridad, la evaluación encontró que la mayoría de las situaciones de incumplimiento estaban relacionadas con el reemplazo de las ventanas de aluminio.

“Encontramos que, en algunos casos, en lugar de instalar la ventana, se instalaban los operadores de las mismas. También observamos que en otras, las terminaciones eran deficientes”, dice el documento.

Las querellas

La OCPR también evalúo 12 querellas de personas insatisfechas con el programa.

Sin embargo, la Oficina menciona como “la situación más relevante” el caso de una residencia de Morovis que recibió reparaciones que ascendieron a 18,557 de dólares, pero fueron tan deficientes que los residentes tuvieron que mudarse de la casa.

“En comunicación escrita al secretario de la Vivienda el 20 de julio de 2018, la dueña de la residencia indicó que no quedó conforme con los trabajos realizados. Colocaron el techo sobre madera vieja y deteriorada. Además, cambiaron las losetas del piso por pedazos de madera no resistentes al peso de su hijo enfermo, el cual está encamado. También indicó que el personal del Programa no ha vuelto a visitarla y la residencia no está en condiciones para vivirla. Esto provocó que ella y su hijo se mudaran a la residencia de un familiar”, dice el documento.

Según la evaluación, la OCPR visitó la residencia el 4 de septiembre de 2018. Allí la dueña indicó que primero le habían informado que no cualificaba, pero luego regresaron y le dijeron que sí “porque en la residencia vivía una persona con impedimentos”.

Durante la visita, observaron que los trabajos no se completaron de acuerdo con la inspección inicial y las órdenes de cambio. Entre los trabajos que no se completaron figura que no se reemplazaron las ventanas, no instalaron todos los gabinetes de cocina descritos en la orden, y los que colocaron no parecen nuevos, y que la madera sobre la cual se colocó el nuevo techo se veía deteriorada e inestable para sostener el mismo. Además, había clavos, tornillos y cables eléctricos expuestos.

La encuesta

La OCPR también realizó una encuesta en los 970 hogares visitados, y en cuanto al tiempo transcurrido desde que llenaron la solicitud hasta la visita inicial, el 65 por ciento de los participantes respondió que se demoró entre uno y 30 días, el 27 por ciento de 31 a 61 días, y un 8 por ciento tardó 61 días o más.

Aunque el 96 por ciento de los residentes indicaron en la encuesta que fueron orientados respecto a los trabajos que se realizarían en sus hogares, durante la entrevista con los encuestadores dijeron, sin embargo, que desconocían cuáles eran los trabajos que se realizarían, ya que no se les proveyó documento alguno donde se detallaran, dice el documento.

El 67 por ciento de los encuestados dijo que Tu Hogar Renace atendió sus necesidades y el 33 por ciento dijo que no.

Además, el 94 por ciento aseguró que los contratistas del Gobierno mostraron una conducta profesional mientras que el 6 por ciento dijo que no.

Las recomendaciones

La OCPR hizo recomendaciones directamente al secretario de la Vivienda, entre ellas “recordar que, ante el Gobierno Federal, él es el único responsable del buen uso de los fondos asignados”.

Además, le pidió requerir al Program Manager que recomendara para pago solo los casos cuyos trabajos estuvieran realizados e inspeccionados, y requerir a la Oficina de Auditoría Interna del Departamento que realizara auditorías periódicas de los trabajos contratados, y de las operaciones relacionadas con el Oversight Manager (Hage & Integra) y el Program Manager (Adjusters International).

La OCPR también le recomendó al DV revaluar las solicitudes de Tu Hogar Renace que no fueron aceptadas debido a la magnitud de los daños y remitirlas al Programa de Mejoras Permanentes bajo los fondos CDBG-DR. De igual forma, sugirió remitir a ese mismo programa las solicitudes de reparación de viviendas que, aunque fueron aprobadas, tenían condiciones que requerían mejoras sustanciales.

Omar Marrero, pasado director de la Oficina Central de Recuperación (COR3), había indicado al CPI que las personas que se beneficiaron de Tu Hogar Renace tendrían prioridad en el programa de Reconstrucción, Reparación y Reubicación de Vivienda (R3) que dio inicio el 30 de junio de 2019. Este programa, no obstante, ha ido a paso lento. De las más de 20 mil solicitudes que recibió, a febrero de 2021 había solo 613 casas terminadas y 1,277 en proceso de construcción, diseño o permisos.

Otra recomendación de la Contralora en el informe fue que, para próximos proyectos de este tipo, la agencia establezca un mecanismo para orientar e informar por escrito a los participantes sobre los trabajos que se van a realizar en las residencias, con el fin de que estos puedan asegurarse de que los contratistas cumplan con lo requerido.

A preguntas del CPI sobre si la OCPR cotejó que Vivienda siguiera las recomendaciones hechas, la directora de Comunicaciones de la OCPR indicó que: “no habíamos auditado a Vivienda desde entonces, y esto no fue una auditoría”.

En torno a por qué no se hizo una auditoría formal al programa, ya que la OCPR hizo una inversión de recursos, tiempo y fondos públicos en los más de 200 auditores que participaron en la auditoría, Rivera sostuvo que, aunque no fue una auditoría, la Contralora “tomó la decisión de ser la OCPR los que supiéramos de primera mano si todas las querellas que se reportaban en los medios, eran ciertas y teníamos que hacerlo lo antes posible para poder ver de primera mano lo que estaba pasando”.

Sin embargo, dijo que, al ser fondos federales, las autoridades federales tienen responsabilidad primaria de auditar. “También pudimos ofrecerle toda la información a los auditores de la OIG [Oficina del Inspector General] y de HUD [Departamento de Vivienda de Estados Unidos] cuando estuvieron en Puerto Rico”, agregó.

Perfil de las compañías de Tu Hogar Renace que tuvieron señalamientos

Al momento de ser contratadas las siete empresas, legisladores populares alertaron que éstas tendrían un margen de ganancias de un mínimo de 150 millones de dólares debido a la inflación de tarifas.

4 Contractors JV. – Es un joint venture de las empresas puertorriqueñas RB Construction Group, Del Valle Group SP y DDD Group. 4 Contractors JV obtuvo $100 millones por los trabajos en Tu Hogar Renace. RB Construction Group, presidido por Manuel Suárez, estuvo a cargo de la construcción del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico y otras instalaciones hospitalarias. Suárez donó $1,185 a la campaña de Jenniffer González en el 2020 y $500 a Pedro Pierluisi en el 2008. Del Valle Group ha estado a cargo de la construcción de residenciales públicos, instalaciones portuarias y puentes. Su presidente, Humberto Reynols, ha sido donante tanto del Partido Popular Demócratico (PPD) como del Partido Nuevo Progresista (PNP). Entre los años 2015 al 2017, donó a Alejandro García Padilla, William Miranda Torres, Thomas Rivera Schatz, Leo Díaz Urbina y al PNP. Además, donó $2,500 a la campaña de Ricardo Rosselló en el 2019 y $2,000 a la de Miguel Romero. Por su parte, DDD Group tiene como principal ejecutivo a Umberto Donato y se ha dedicado principalmente a proyectos de vivienda, según el portfolio en su página web. Donato aportó $2,500 al Comité de Ricardo Rosselló en el 2019 y $1,000 a Ángel Pérez. Además, donó $2,000 a Jenniffer González en el 2020.
Caribe Tecno, CRL. – Es una compañía puertorriqueña presidida por el ingeniero José Domingo Pérez, que también mantiene un contrato con el DV como gerente de construcción para el programa R3 por $50 millones hasta el 2022. La empresa ha realizado proyectos como el Distrito del Centro de Convenciones y Ventana al Mar. Esta empresa fue la que mayor cantidad de querellas de Tu Hogar Renace recibió, según había informado el DV. Pérez donó a la campaña del actual alcalde popular de Carolina, José Aponte Dalmau, $2,400 en el 2014 y el 2015.
Excel Contractors, Inc. – Es una compañía de construcción de Louisiana, autorizada a hacer trabajos en Puerto Rico desde el 2016. Según su página de internet, repararon 12 mil estructuras en el suroeste de la Isla bajo el programa Tu Hogar Renace. Por este trabajo recibieron $200 millones de fondos de recuperación. También hicieron trabajos de reparación de techos luego de los huracanes Irma y María en las Islas Vírgenes Estadounidenses. Su principal oficial ejecutivo es David E. Roberts. Roberts donó cientos de miles de dólares a las dos campañas presidenciales de Donald Trump.
FR-BLDM JV. – Es un joint venture compuesto por las dos empresas puertorriqueñas F&R Construction Group, Inc. y Bermúdez, Longo, Díaz-Massó, LLC. El presidente de Bermúdez, Longo, Díaz-Massó, el ingeniero Francisco Díaz Massó, donó $1,683 a Miguel Romero entre 2018 y 2020; y $3,050 a Armando Rivera Díaz, del PNP en Fajardo, entre 2018 y 2020. Además, aportó a Pedro Pierluisi $3,800 entre 2019 y 2020. En el 2017, donó $2,700 a Ángel Pérez y $1,000 el año antes a Hector O’neill. F&R Construction Group es presidida por Ángel Antonio Fullana Olivencia, quien donó a Pedro Pierluisi $4,600 entre el 2013 y 2016. También, donó $6,800 a Carlos López Rivera entre el 2013 y 2020.
James W. Turner Construction, Ltd. – Es una compañía de Texas, entre cuyos ofrecimientos figuran los trabajos de recuperación con fondos CDBG-DR. Recibió $100 millones por su trabajo en el programa Tu Hogar Renace. Esta compañía recibió $20 millones para reconstruir casas en Texas en octubre de 2018, luego del huracán Harvey. Un mes antes, James Turner, presidente y CEO de la compañía, donó $5,000 a la campaña de reelección de George P. Bush, un abogado abogado, empresario y político estadounidense que es Comisionado de Tierras de Texas, reportó el Houston Chronicle.
SLS Co. LTD. – Esta compañía con sede en Texas, fue fundada en 1995 por un trío de hermanos de apellido Sullivan. Además de los contratos con el DV, también tuvo un contrato con el Departamento de Transportación y Obras Públicas por $60 millones para el recogido de escombros y reciclaje después del huracán María. John Sullivan, uno de los hermanos, donó $2,500 a Ricardo Rosselló en el 2019.
Yates Bird LLC/JV. – Es un joint venture de dos empresas: la estadounidense Yates Construction y la puertorriqueña Bird Construction. La empresa conjunta, Yates Bird, también recibió $250 millones para trabajos del programa Tu Hogar Renace y tiene un contrato adicional vigente con Vivienda por $50 millones como gerentes de construcción del programa R3. El presidente de Bird Construction, Eduardo Pardo, donó $2,500 a Ricardo Rosselló en el 2019.

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COVID-19 / Educación / Gobierno / PORTADA

Gobierno nunca hizo las pruebas que establecía el protocolo para el regreso a la escuela

Bryan Gutiérrez Echevarría Publicado en abril 27, 2021

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla | Centro de Periodismo Investigativo

redaccion@esnoticiapr.com

A pesar de que el Departamento de Salud (DS) reconoce que las pruebas de antígenos tienen grandes limitaciones al momento de diagnosticar COVID-19, ya que pueden dejar escapar hasta el 67 por ciento de los casos, esa agencia decidió utilizar únicamente esta forma de cernimiento para los niños y niñas ante su regreso a la escuela.

Aún así, una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) encontró que ni el DS ni el Departamento de Educación hicieron las pruebas de COVID-19 antes de la apertura en abril ni durante la clases presenciales como dicta el Protocolo para la Vigilancia de COVID- 19 del Sistema educativo de Puerto Rico hecho por el DS, dejando a los menores a su suerte y derrochando recursos públicos durante el mes en que se reanudaron las clases parcialmente en las aulas.

La información fue confirmada la semana pasada por una fuente interna del DS que habló bajo condición de anonimato y por Danilo T. Pérez Rivera, coordinador de análisis de datos del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC). Además, la colgada secretaria de Educación, Elba Aponte, ya lo había dejado ver durante su vista de confirmación el pasado 5 de abril.

“Nosotros, si tenemos casos sospechosos, se les coordina la prueba con la epidemióloga del municipio y con el Departamento de Salud”, sostuvo Aponte a preguntas de la senadora María de Lourdes Santiago.

Las pruebas de antígenos deben hacerse semanales, irrespectivo de casos sospechosos, según el protocolo. Además, debe darse énfasis a las escuelas con riesgo sustancial de contagio o color naranja, haciéndole pruebas dos veces por semana a los maestros y al personal y una vez por semana a una muestra aleatoria de 10 por ciento de los estudiantes.

En las escuelas sí se reportaron casos positivos en medio del alza de casos que se han reportado en la Isla a nivel comunitario, aunque no necesariamente se contagiaron en las aulas, indicaron dos fuentes internas del DS.

“Lo más que nosotros hicimos fue que sí enviamos pruebas moleculares para las comunidades. Envié a muchos de estos municipios que estaban en rojo, Orocovis y Barranquitas, y logramos bajar la positividad y traerlos a un marco donde pudieran abrir sus escuelas. Eso se hizo a nivel comunitario; a nivel de la escuela no, nunca se hicieron [pruebas]”, sostuvo Pérez Rivera.

Cuestionado el uso de pruebas de antígenos por algunos expertos

Un epidemiólogo ligado al DS, quien prefirió no ser identificado, sostuvo al CPI que aunque la intención de hacer pruebas de antígenos, incluyendo en los peajes y en las escuelas, pudo haber sido buena, ha sido contraproducente porque están enviando a la calle a personas con posibles falsos negativos, quienes siguen sus actividades normales, como ir a la playa o al centro comercial. Estos, dijo, pueden ser asintomáticos que pueden pasar desapercibidos al hacerle este tipo de prueba.

“Entonces, si una persona es asintomática, le van a hacer una prueba que no es confiable. Pues entonces, ¿para qué? ¿Qué estás haciendo? No estás haciendo nada. Estás engañando a la gente, haciéndole una prueba que no sirve”, dijo, por su parte, Cruz María Nazario, epidemióloga y catedrática del Recinto de Ciencias Médicas.

Sin embargo, existen discrepancias con el uso de estas pruebas. A juicio de la doctora Ángeles Rodríguez, infectología y ex epidemiología del Estado, las pruebas de antígenos sí tienen su utilidad en las escuelas, aunque reconoce que las mismas no son las adecuadas para diagnosticar personas asintomáticas.

El infectólogo Gabriel Martínez también coincidió tanto con Cruz como con Rodríguez en que estas pruebas no son las adecuadas para detectar el virus en los asintomáticos. Sin embargo, dijo que son una herramienta útil si se usa en comunidades con alta positividad.

No obstante, según el protocolo, para que las escuelas puedan abrir sus puertas, tiene que haber una positividad baja en los municipios.

Martínez recomienda que las pruebas de antígenos se hagan cada 48 horas y utilizando dos pruebas de antígeno diferentes, de dos manufactureros diferentes, con buena sensibilidad y especificidad cada una. Esta es la forma en que se hizo para establecer la burbuja del Baloncesto Superior Nacional (BSN), donde fue asesor, indicó.

Maestros confirman que no se hicieron las pruebas

Por su parte, Grichelle Toledo, secretaria general de la Local Sindical de la Asociación de Maestros (AMPR), aseguró que, según han investigado entre sus miembros, no se hicieron las pruebas aleatorias que establece el protocolo ni a estudiantes ni a los empleados presentes en las escuelas.

Toledo dijo además, que en medio del repunte de casos y en contra de lo establecido en el protocolo, el DE estaba solicitando al personal de apoyo y a maestros que trabajaran de forma presencial en las escuelas. Por esa razón, dijo, radicaron un cargo de práctica ilícita contra Aponte, quien estuvo al mando de Educación hasta el 17 de abril, cuando el gobernador Pedro Pierluisi retiró su nombramiento porque la Comisión de Nombramientos del Senado no recomendaba su confirmación.

Recalcó que la postura de la AMPR ha sido que las escuelas fueran abiertas cuando la Isla tuviera un 5 por ciento o menos de positividad. Actualmente el por ciento de positividad está en 11 por ciento.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) recomiendan el uso de medidas para determinar el nivel de riesgo de transmisión en la comunidad, que incluye la cantidad total de casos nuevos por cada 100 mil habitantes en los últimos siete días y el porcentaje de resultados positivos de pruebas de amplificación de ácido nucleico (NAAT), incluidas las pruebas RT-PCR, durante los últimos siete días.

“Nosotros entendemos que dado el cuadro que presenta la Isla completa, y vemos que no solamente es en Puerto Rico, a nivel mundial se han dado otros repuntes, entendemos que ya para lo que falta, lo que queda de este semestre escolar debe permanecer virtual”, sostuvo Toledo.

Agregó que los meses que continúen en la modalidad virtual deben ser usados para darle mantenimiento a las escuelas y desarrollar un plan a corto y largo plazo para atender las secuelas del año en pandemia.

Crónica de un cierre escolar anticipado

El 8 de abril, el DS anunció que las escuelas cerrarían a partir del 12 de abril, por dos semanas, tras una decisión tomada con el Gobernador y Aponte. Cinco días antes, el Secretario de Salud había dicho que rechazaba el cierre de las escuelas.

“Las escuelas, tanto públicas como privadas, son seguras. Constantemente, las escuelas son monitoreadas por el Sistema de Vigilancia, y al día de hoy no se ha registrado ni un solo brote por COVID-19 en un plantel escolar”, alegó Mellado en ese momento.

Ante el nivel rojo en el que se encuentra la Isla, el martes pasado, el gobernador Pedro Pierluisi dijo que el cierre de las escuelas permanecerá por más tiempo.

El doctor José Rodríguez Orengo, director ejecutivo del Puerto Rico Science Trust, dijo al CPI que en el momento que se abrieron las escuelas, las pruebas estaban en “menos de un 3 por ciento de positividad”.

No obstante, reconoció que hubo una disminución en la cantidad de pruebas moleculares que se hicieron en los primeros meses del año.

Algunos científicos, incluyendo a la epidemiologa Nazario, han cuestionado la baja en la cantidad de pruebas moleculares que se están haciendo en Puerto Rico, lo que impide conocer el panorama real de la transmisión comunitaria, que es tomada en consideración para la apertura de las escuelas.

Nazario dio como ejemplo el caso de Trujillo Alto, donde al 3 de febrero se habían hecho 1,573 pruebas mientras que al 10 de marzo, se hicieron solo 566 pruebas, según el informe el análisis de transmisión comunitaria del COVID-19 para la toma de decisiones en las comunidades escolares de Puerto Rico.

“El indicador de pruebas positivas de 9.7 el 3 de febrero, ya el 10 de marzo es 3.5, pero bajó 64 por ciento la cantidad de pruebas”, destacó Nazario.

Con esa reducción en la cantidad de pruebas moleculares hechas recomendaron que se abrieran las escuelas en Trujillo Alto, dijo.

Rafael Irizarry, profesor de bioestadística en Harvard T.H. Chan School of Public Health, indicó al CPI que las pruebas moleculares tuvieron su pico en diciembre pero que comenzaron a disminuir hasta marzo, cuando comenzaron a subir nuevamente. En febrero, Irizarry había indicado que se estaban haciendo solo 4,500 pruebas moleculares diarias.

“Lo que ocurre es que empezamos a abrir otras entidades en las cuales se le dio prioridad antes que a las escuelas y a los niños, y ahí es donde perdimos la perspectiva, porque entendíamos que podíamos abrir todo a la vez, y nosotros entendíamos que se debía mantener la parte económica un poco más restringida. Abrir las escuelas de forma tal que pudiéramos ver el efecto, si alguno, que hubiese tenido la escuela en términos de la pandemia”, sostuvo Rodríguez Orengo.

Agregó que el “alza dramática” que se ha visto en las últimas tres semanas en Puerto Rico afectó a las escuelas. Por eso, ante el nivel alto de positividad, había que cerrarlas, sostuvo.

Rodríguez Orengo dijo que se debe aprovechar una coyuntura en la que haya de un 65 a un 70 por ciento de la población vacunada con ambas dosis para volver a abrir las escuelas, y que mientras tanto se vaya trabajando en la infraestructura necesaria para el regreso a clases, principalmente el de los niños y niñas de escuela elemental.

Al primero de marzo, nueve días del inicio de clases, en Puerto Rico se habían vacunado 498,818 personas, un 16 por ciento de la población con ambas dosis. Actualmente se han vacunado 778,911 personas con ambas dosis, un 24 por ciento de la población.

Indicó que, aunque las escuelas estén abiertas, no tienen por qué aumentar los casos si se toman las medidas de rastreo, de higiene, pruebas y se observa el distanciamiento físico.

Las pruebas de antígenos

El protocolo de apertura de escuelas establece que una forma de identificar en tiempo real las infecciones asintomáticas de maestros y estudiantes es a través del uso de pruebas periódicas de cernimiento de COVID. Para esto, “la prueba ideal”, de acuerdo al documento, es la prueba molecular, que es la que se utiliza para confirmar el diagnóstico de la infección.

“Las pruebas moleculares (PCR) son las pruebas más certeras para diagnosticar COVID 19 y se utilizan como parámetro para comparar la eficacia de otros tipos de pruebas”, dice el documento.

Sin embargo, el DS optó por las pruebas de antígeno, que aunque ofrecen la ventaja de resultados en menos de dos horas, tienen sus limitaciones. La tecnología para dar resultados de pruebas PCR en menos de dos horas existe también en laboratorios en Puerto Rico hace meses, pero el DS no ha invertido en tenerla disponible de manera amplia de modo que se pueda atender el volumen que generaría la apertura del sistema escolar. El CPI le preguntó por escrito al secretario Mellado por qué esto no se ha hecho, pero no hubo respuesta.

Una de las limitaciones de las pruebas de antígenos es que están aprobadas para diagnosticar personas luego de cinco días de síntomas y no son efectivas para detectar asintomáticos.

“La sensibilidad de esta prueba en este caso [persona con síntomas] es 96.7 por ciento y la especificidad es de sobre 99 por ciento. La prueba es menos útil para diagnosticar a personas con infección reciente, o infección sin síntomas y podría identificar solamente a un 41.2 por ciento de las personas infectadas sin síntomas. El valor predictivo es solo de 33.3 por ciento en grupos sin síntomas. Esto significa que las pruebas de antígeno pueden identificar infección cuando han pasado cinco días y las personas tienen síntomas, pero podrían resultar negativas en alguien con infección temprana sin síntomas”, dice el documento.

La epidemióloga Nazario aseguró que las pruebas de antígenos no se recomiendan para personas asintomáticas y que no hayan pasado cinco días de haberse infectado.

Explicó que el valor predictivo de 33 por ciento lo que significa es que el 67 por ciento de las veces la prueba de antígenos va a fallar “y donde se falla es en los asintomáticos”.

Los estimados de los asintomáticos varían. Al principio, el CDC estimaba que el 80 por ciento de las personas que se contagian de COVID-19 eran asintomáticos, pero ahora estima que es de un 30 por ciento a un 50 por ciento, reconociendo que es una cifra difícil de identificar porque no se le hacen pruebas. Sin embargo, coinciden en que son quienes más contagian a otros.

Según el protocolo, las pruebas de antígenos deben hacerse semanalmente, dada la limitación de identificar personas infectadas sin síntomas que podrían transmitir el virus. Por eso, Salud recomienda “que los estudiantes, maestros y empleados (incluyendo transportistas) en las escuelas, participen de un monitoreo adicional con pruebas moleculares tomadas semanalmente”.

Las enfermeras escolares serían las encargadas de tomar las muestras de la población escolar y se establecerá un sistema de recolección de muestras en los días en que los estudiantes y el personal asistan presencialmente. Los padres de los estudiantes deberán autorizar el muestreo periódico, dice el documento.

La infectóloga y ex epidemióloga del Estado, Ángeles Rodríguez, opinó que las pruebas de antígenos no son las ideales para el diagnóstico de COVID-19, “pero es lo que hay” disponible. Explicó que estas pruebas tienen un buen valor predictivo para los sintomáticos y menos eficiente para identificar a los asintomáticos. Sin embargo, dijo que si lo que se busca es rapidez, las de antígenos son una alternativa versus las moleculares, cuyos resultados pueden tardar días.

“Lo ideal es que hubiese una prueba que pudiera hacer lo que hace la prueba de antígeno, pero con mejor valor predictivo en los asintomáticos”, sostuvo Rodríguez.

La doctora recomienda que estas pruebas se hagan al inicio de la semana escolar y cada vez que haya alguien sintomático. El protocolo solo se limita a decir que deben hacerse semanalmente.

El protocolo establece que todos los miércoles, los directores escolares tienen que verificar el informe de salud comunitario para saber si la escuela puede abrir sus puertas la próxima semana. A juicio de Rodríguez, “estas cosas se tienen que tratar en tiempo real” y no esperar para cerrar una escuela si el municipio donde está ubicada está en rojo.

Sobre la apertura de las escuelas, la infectóloga aseguró que nunca estuvo de acuerdo con que las abrieran, sino que se debió calendarizar para empezar en agosto y mientras tanto preparar la infraestructura para recibir a los estudiantes en grupos pequeños.

El infectólogo Gabriel Martínez coincidió con Cruz y Rodríguez en que las pruebas de antígenos no son de utilidad para detectar el virus en personas en la fase asintomática.

“Podría decir que las pruebas antigénicas tienen su validez si son bien utilizadas en una población donde se sepa cuál es el por ciento de positividad utilizando pruebas confirmatorias como es la PCR, de manera de que se utilice racionalmente en poblaciones de alta infectividad”, manifestó el infectólogo.

“Ahora, utilizarlas como pruebas diagnósticas únicas simplemente porque son más rápidas en poderlas detectar, no necesariamente va a poder seleccionar la cantidad de personas infectadas o niños infectados a los cuales tú te vas dirigiendo. Obviamente, a falta de pan y galleta ”, agregó.

Sin embargo, dijo que se debería evaluar cada cuánto tiempo se hacen estas pruebas e incluso cómo se comportan las nuevas variantes ante estas pruebas, que es una de las preocupaciones que ha levantado el CDC.

Rastreo en las escuelas

El informe del SMICRC, que cubre el periodo del 14 de marzo al 14 de abril, indica que hubo 270 casos que estuvieron en “escuelas, universidades y centros de cuido” 14 días antes de su diagnóstico. Esto significa, según explicó Danilo T. Pérez Rivera, que los casos estuvieron en cualquiera de estos tres lugares, pero no es posible saber en cuál porque el DS recopila el dato haciendo una sola pregunta con las tres categorías agrupadas a los entrevistados. De igual manera, no necesariamente significa que se contagiaron en esos lugares, aunque sí pudieron haber expuesto a los demás al visitarlos.

No obstante, Pérez Rivera dijo que el sistema de vigilancia sí les permite conocer los casos positivos de maestros, empleados o estudiantes que se han hecho las pruebas por cuenta propia y cuyas escuelas enviaron información de los estudiantes matriculados al Bioportal y se certificaron para su reapertura. Sin embargo, aclaró que no es posible saber cuántos contagios ocurrieron en cada escuela.

Y es que los casos positivos son pareados en el Bioportal con los datos suministrados por las escuelas y la información enviada por el laboratorio donde se hicieron la prueba. Así se ponen en vigilancia y se emite una notificación de cuarentena para que la persona no asista a la escuela. No necesariamente la persona se contagió en una escuela e incluso la institución pudo haber estar cerrada en el momento del contagio, explicó Trinidad.

En el informe del Sistema de Rastreo Municipal aparecen bajo “vigilancia” 1,374 casos en escuela pública y 446 en escuela privada.

Aumento en casos pediátricos

Un análisis hecho por Irizarry sobre los casos de positivos en las escuelas, quienes se hicieron pruebas fuera de la escuela, apuntó a que el aumento en casos en los menores de escuelas que abrieron versus las que no abrieron fue similar. No obstante, Irizarry dijo al CPI que no se puede descartar que la apertura de las escuelas haya influido en el aumento en los casos de los menores, pero no ha visto evidencia que así lo respalde.

Entretanto, dijo que sí ha visto evidencia de que otras exposiciones, como comer en restaurantes cerrados, resultan en aumentos en general, lo cual también puede incluir a los niños. Incluso, dijo que el aumento en los casos de los niños no fue tan diferente al grupo de edad de 40 a 65.

Los casos pediátricos han ido en aumento, y hasta el lunes, había 39 menores hospitalizados y dos en ventilador. Al momento, solo pueden vacunarse los menores de 16 años con la vacuna de Pfizer, mientras se espera por la autorización para el uso de la vacuna en menores de 12 a 15 años, pero es posible que los niños de menor edad tengan que esperar hasta el 2022. De hecho, mientras avanza la vacunación contra el COVID en adultos mayores, aumentan los casos en los jóvenes y niños.

Desde que comenzó la pandemia, se han contagiado 7,077 menores de cero a 10 años y 11,267 de 10 a 19 años, según datos del DS.

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COVID-19 / PORTADA / Pueblos

Comunidad china en Puerto Rico enfrenta la pandemia y la xenofobia

Redacción Es Noticia Publicado en marzo 15, 2021

Por Luis Joel Méndez González

Centro de Periodismo Investigativo

En su teléfono tiene abierto WeChat, una aplicación móvil china similar a Facebook con la que puede textear y llamar.

Meili Deng, quien emigró en 2010 para trabajar como profesora visitante de mandarín en la Universidad del Sagrado Corazón, se conecta con WeChat con 1,500 chinos que residen en Puerto Rico.

En China, la aplicación incluso se usa para pagar en línea. En Puerto Rico, la utilizan para comunicarse entre sí y con familiares que permanecen en China. WeChat permite hasta 500 miembros por grupo, y en la Isla hay tres grupos de 500 llenos a máxima capacidad. Los miembros, por lo general, añaden a los chinos recién llegados. Los de mayor edad utilizan los grupos para vender frutas, publicar ofertas de empleo o enviar noticias sobre Puerto Rico y Estados Unidos que traducen del español o el inglés al mandarín. Por ahí también coordinan la celebración del Año Nuevo Chino que se lleva a cabo en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, y comparten las cifras más recientes del COVID-19.

Existen otros dos grupos de WeChat, que se crearon hace 10 años, a los que pertenecen los que viven en Puerto Rico y son oriundos de Cantón, una provincia china con sobre 113 millones de habitantes.

En el estimado de 2019 de la Encuesta de la Comunidad de Puerto Rico hecha por el Censo de Estados Unidos, 1,843 residentes de la Isla se identificaron como chinos.

Desde el Instituto de Mandarín El Futuro -el cual inauguró el año pasado-, Deng relata que durante el primer semestre de 2020 ofreció cursos presenciales, pero la pandemia la obligó a darlos en línea durante el segundo semestre.

El instituto está en su casa, pintada de blanco y gris en la avenida José de Diego en San Juan. En el interior hay decenas de cajas de mascarillas N-95 que Deng compró al principio de la pandemia para regalar a personas mayores de 65 años. El blanco del salón contrasta con el rojo de las tradicionales lámparas chinas en la pared. En el cuarto hay libros con portadas de colores brillantes y con textos en chino.

Pese a que Deng mantuvo su instituto a flote durante la pandemia, la experiencia de otros empresarios chinos en Puerto Rico fue distinta.

Cuantiosas pérdidas estimadas en los restaurantes chinos

Las pérdidas económicas del restaurante Kung Fu China en la avenida Roberto H. Todd en Santurce se intensificaron cuando el negocio cerró por el despunte de casos de COVID-19 en marzo del año pasado.

La gerente del restaurante, Angela Feng, destacó que al impacto económico que sufrió el establecimiento tras el huracán María se le sumó el de la pandemia.

De ordinario, el comedor se llenaba de clientes al mediodía que compraban principalmente sushi, explicó. Pese a que implementaron ofertas especiales, servicarro y medidas de seguridad e higiene, continuaron con una pérdida del 70 por ciento de sus ingresos. La gerente sentía esperanza de que mejoraran sus finanzas, pues el restaurante había sido su sustento y el de sus empleados. Pero esto no ocurrió.

Por su parte, Estrella Wu, exvicepresidenta de la Cámara de Comercio: Unidos entre China y Latinoamérica – una entidad que fue disuelta en 2016 – mencionó que su restaurante TaoPR es la única fuente de ingresos para ella y su familia. Por lo tanto, no descartó la posibilidad de mudarse de la Isla en caso de que se recrudezca la crisis económica y laboral en Puerto Rico tras la pandemia.

Estimó que su negocio perdió el 20 por ciento de sus ganancias por los costos en materiales de protección. A esto se sumó lo que gastó en plataformas como UberEats y FoodNet para tratar de compensar la pérdida de un 90 por ciento de los clientes que acudían al restaurante.

La gerente de Gourmet China en Canóvanas, Rosa Nazario Sepulveda, mencionó que su restaurante sufrió pérdidas económicas tras cerrar por la pandemia de marzo a abril del 2020. La decisión causó que se dañaran alimentos y que tuviesen que continuar pagando el agua, la electricidad y la renta a pesar de no utilizar las facilidades.

“Como fue de la noche a la mañana, no como para los huracanes, que tú te preparas, se perdió el plátano y la carne”, recordó.

Debido al cierre temporero, los empleados solicitaron tanto la Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, en inglés) así como el Seguro por Desempleo a través del Departamento del Trabajo y de Recursos Humanos, indicó quien ha trabajado durante 10 años junto a la dueña del restaurante, Yan Juan Chen.

El poco flujo de clientes y la baja capacidad de uso de sus comedores, que ha fluctuado entre 25 por ciento y 55 por ciento debido a las órdenes ejecutivas, impactó a todos los restaurantes de comida china, mencionó el presidente de la Cámara de Comercio de China en Puerto Rico, Yuan Bin Cen.

Lo que ayudó a los comerciantes y a los empresarios chinos a mantenerse, a pesar de las pérdidas durante la pandemia, fue llevar “un estilo de vida conservador tanto en su diario vivir como en sus gastos personales y de negocios”, opinó. La cultura china, en general, promueve pensar en el futuro, por lo que es tradición ahorrar y apoyarse mutuamente.

El director ejecutivo de la Asociación de Comunidades y Jóvenes Asiáticos (ACYA, en inglés) en Puerto Rico, Stephen Leung Mok, también mencionó que hubo restaurantes de comida china que fueron cerrados y vendidos. En parte, porque sus dueños emigraron debido a los múltiples retos económicos que se agudizaron con la pandemia.

Los restaurantes de comida china cerraron entre seis y ocho semanas tras la llegada del COVID-19 y experimentaron una caída de sus ventas entre mayo y junio del año pasado, según Lueng Monk. En ciertos restaurantes, el cierre fue tan prolongado que solicitaron el préstamo del Programa de Protección de Pago (PPP, en inglés) aun cuando no es usual que los comerciantes chinos soliciten ayudas gubernamentales.

El dinero lo utilizaron principalmente para pagar la renta de sus establecimientos, aseguró.

Debido a la ausencia de estadísticas específicas sobre comerciantes chinos que solicitaron incentivos y préstamos al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) o a la Administración Federal de Pequeñas Empresas (SBA, en inglés), el CPI entrevistó a cinco contables que dan servicios a esta comunidad para conocer la situación.

El contable Raul López Bayron expresó que lo más que han solicitado los comerciantes chinos en la Isla a los que ha atendido durante la pandemia fueron los incentivos de 5,000 dólares a 10,000 dólares para pequeñas y medianas empresas del DDEC para gastos no presupuestados. En segundo lugar, han solicitado los préstamos PPP.

López Bayron supo de dos restaurantes chinos que cerraron en ese periodo por el cúmulo de retos económicos arrastrados durante varios años.

El especialista en planillas y en reclamaciones de reintegros, Francisco Vázquez Pantojas, también mencionó que los comerciantes chinos a los que atendió durante la pandemia solicitaron los préstamos PPP. Mencionó que al solicitar los préstamos los comerciantes chinos se encontraban “bastante apretados” económicamente por la pandemia.

Los contables Ana Valentín Torres, así como Edwin Ortiz, quienes también suelen dar servicios a restaurantes chinos hace varios años, explicaron que estos negocios solicitaron el PPP para sufragar el salario de sus empleados y empleadas durante la emergencia.

Si bien es cierto que Ortiz entiende que los préstamos federales ayudaron a estos establecimientos a mantenerse en pie, le preocupa lo que sucederá cuando acaben las ayudas.

El contable Amador Cruz Reyes también mencionó que los comerciantes chinos a los que atendió durante la pandemia solicitaron el PPP y que, cuando cerraron sus restaurantes tras la orden ejecutiva gubernamental de cierre total, los empleados de varios establecimientos solicitaron el PUA mientras reabrían.

“Las cosas no son como eran antes de la pandemia”, respondió cuando se le preguntó acerca de las ventas de los restaurantes chinos.

Y es que la reducción de horarios y el prejuicio de los clientes redundaron en una merma en ventas, explicó el contable.

El Center for Neighborhood Knowledge y el Asian American Studies Center de la Universidad de California publicaron un informe conjunto titulado COVID-19´s Employment Disruptions to Asian Americans en el que se estimó que 233,000 pequeñas empresas a cargo de asiáticos en Estados Unidos cerraron de febrero a abril del año pasado. Entre otras razones, adjudicó esta caída de un 28 por ciento a la xenofobia.

Mientras, Valentín recordó cómo algunos de los chinos a los que atendió lucían tristes y avergonzados al sentirse culpables por la pandemia que se originó en Wuhan, en la provincia de Hubei en China.

Surge el temor y el prejuicio durante la pandemia

Eddie Ng, empleado y heredero del restaurante La Pagoda China en Lares contó al CPI que allí las ventas se redujeron entre un 10 y un 20 por ciento, específicamente de febrero a marzo del año pasado. La estrechez económica redundó en una reducción en la nómina de sus empleados, ofreciéndoles menos días de trabajo. La caída en ventas, según lo percibe el empresario, se debió al prejuicio de los clientes al no tener información correcta sobre el virus y temer que por ser chinos podrían esparcirlo.

Mientras se encontraba en el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York, tras un vuelo desde Puerto Rico, oficiales de la Administración de Transportación y Seguridad (TSA, en inglés) le tomaron la temperatura a pesar de haberles dicho que no había ido ni a Asia ni a Europa. Luego, le formularon unas preguntas sencillas, por lo que se sintió raro, especialmente, por la manera en la que lo miraron el resto de los pasajeros. De regreso en Puerto Rico, Eddie Ng entró a una farmacia, y una clienta le solicitó a una de las empleadas que no le permitiera entrar porque temía que el joven la contagiara con el virus.

A su papá le preguntaron si estaba contagiado con el virus y notó, durante semanas, cómo clientes se iban inmediatamente después de entrar al restaurante y no identificar a alguien conocido.

Luego de ambas experiencias sintió temor. Fueron muchos los momentos en los que se preguntó si lo atacarían como a sus paisanos en Estados Unidos, simplemente por su ascendencia. Eddie Ng contó cuánto le indignó este rechazo, porque nació y creció en Puerto Rico. En sus 31 años de vida ha surcado entre la cultura china y la puertorriqueña celebrando el Nuevo Año Chino junto a su madre en Nueva York, estudiando en un colegio bilingüe, como muchos chinos jóvenes, y trabajando 12 horas diarias en el restaurante de su papá. Es fácil detectar su puertorriqueñidad en su acento.

“Cuando el virus llegó acá, a mí papá no le afectó tanto [emocionalmente], aunque a mí sí”, expresó.

“Yo me sentí un poco juzgado por la ignorancia de la gente, aunque también entiendo, porque es la seguridad de la otra persona. Fueron meses un poquito fuertes”, dijo.

Para Stephanie Leung, hija de los dueños del restaurante Shi Wei Tian en Manatí, el prejuicio contra los chinos en la Isla antecede a la pandemia.

No es raro que cuando va a alguna tienda los empleados le hablen en inglés porque asumen que no domina el español, relató. Cuando les responde en español, se sorprenden. En ocasiones, incluso, las personas han expresado comentarios irrespetuosos sobre ella al creer que no los entiende.

En una ocasión, mientras se encontraba en el supermercado, la persona que le seguía en la fila exclamó: “¡Esta china!”. En ese momento, Leung recuerda que se volteó y la miró a los ojos fijamente para comunicarle que entendió lo que dijo.

Y es que llamarla por su etnicidad, en lugar de su nombre, es discriminatorio, recalcó.

Leung contó que, según su experiencia, sus compatriotas son mirados de manera extraña, no son atendidos adecuadamente o simplemente no los atienden.

“Cuando no había llegado el COVID-19 a Puerto Rico (…) se afectaron las ventas del negocio porque pensaban que era culpa de los chinos y siempre había comentarios fuera de lugar”, acotó en referencia al restaurante de sus padres que estiman que tuvo pérdidas de un 70 por ciento y se mantuvo cerrado de marzo a junio del año pasado.

El prejuicio hacia las personas chinas en medio de la pandemia surgió debido a que cuando se descubrió el virus en China, algunos medios de comunicación llamaron a la nueva cepa el “virus de Wuhan” o el “virus chino”. Pese a que después la Organización Mundial de la Salud nombró al virus como COVID-19, el uso del antiguo nombre continuó, destacándose el caso del ex presidente estadounidense Donald Trump, quien lo incorporó en su discursos públicos diarios. El centro de apoyo Stop Asian American and Pacific Islander Hate – una coalición de tres entidades académicas y sin fines de lucro en Estados Unidos establecida a raíz de la pandemia – informó que de marzo a diciembre del año pasado, 2,808 personas reportaron un ataque racista, y el 40.7 por ciento eran contra chinos.

Para José Lee Borges, autor de Los Chinos en Puerto Rico y catedrático auxiliar del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, los relatos de los propietarios de los restaurantes de comida china durante la pandemia no le sorprenden.

Contó que los chinos trabajan en sus restaurantes hasta turnos de 12 a 14 horas, como gerentes, empleados o propietarios.

“Un chino en un restaurante posiblemente trabaja de lunes a sábado de 10 de la mañana a 10 de la noche. ¿Qué tiempo tienen para salir? No tienen”, dijo el catedrático auxiliar.

“La gente se pregunta dónde están que no se ven”, mencionó. “Pues no se ven porque trabajan mucho”.

En su libro Los Chinos en Puerto Rico Lee Borges relata que los primeros que entraron a la Isla atravesaron experiencias dolorosas trabajando en la construcción de la carretera central, el Faro de Culebrita y el Tendal de Ladrillos en Ponce. Sufrieron mutilaciones por las explosiones de dinamita y accidentes al remover grandes rocas. Los que luego obtuvieron su libertad, establecieron durante el siglo XIX las primeras fondas de comida china en Puerto Rico.

Según se ha documentado, los primeros chinos que ingresaron a la Isla fueron sobre 350 confinados enviados desde Cuba entre 1865 a 1880. Eran parte de unos 500,000 chinos que llegaron a América entre 1847 y 1873 como trabajadores contractuales. Estos trabajadores eran transportados bajo la firma de un contrato voluntario al Nuevo Mundo. La garantía era que trabajaran de manera temporal a cambio de ciertos pagos y beneficios, que, en muchos casos, no cumplieron.

En la Isla, son poco comprendidos, señaló Lee Borges. “En Puerto Rico hay mucha desinformación por parte del Gobierno (…) en especial sobre los chinos”, acotó.

Invisibilizados por la falta de estadísticas

El Departamento de Hacienda y el DDEC no saben cuántos chinos recibieron incentivos gubernamentales durante la pandemia, dijeron ambas agencias al CPI.

El DDEC no cuenta con datos sobre el impacto económico del COVID-19 en los empresarios chinos porque la agencia no recoge la nacionalidad de los empresarios y de los industriales a los que atiende. Hacienda, por su parte, no recopila información sobre la nacionalidad o etnicidad del contribuyente en las planillas ni en el formulario de impacto económico del Sistema Unificado de Rentas Internas.

Por otro lado, la SBA respondió que no podría enviar los datos porque es un campo de información que se completa de manera opcional y manualmente en las solicitudes de préstamo a esa agencia, y que durante la pandemia, no cuentan con el personal necesario para revisar los formularios uno a uno.

El pasado septiembre, el Registro Electrónico de Corporaciones y Entidades del Departamento de Estado (DE) daba cuenta de unos 131 restaurantes de comida china y establecimientos de sushi activos en Puerto Rico. Las cifras del DE contrastan con una búsqueda en Google, que arrojó que en la Isla había al menos 259 restaurantes chinos. Por ejemplo, en Moca hay dos, aunque el DE no identifica ninguno.

La discrepancia puede deberse a que no todo empresario tiene que registrar su negocio en el Registro de Corporaciones, explicó la agencia. Solo los que deseen incorporarse, si cumplen con todos los requisitos, estarían en la lista del DE.

“En el caso de los restaurantes chinos (…) puede ser que algunos de estos hayan sido establecidos como negocios personales, lo cual es igualmente válido”, dijo el oficial de prensa del DE, Juan Carlos Hernández.

Desconocimiento en los gremios profesionales

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), Miguel L. Vargas Jiménez, reconoció que el prejuicio ha sido un escollo que los empresarios chinos enfrentaron cuando comenzó la pandemia.

Vargas Jiménez mencionó que en la Cámara de Comercio no tienen los datos de los socios por nacionalidad, y sólo recordó haber tenido a un integrante chino.

El director ejecutivo de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), Gadiel Lebrón Sagardía, expresó que el grupo tiene apenas un restaurante chino en su matrícula.

Mencionó que parte de los restaurantes en la asociación han perdido el 50 por ciento de sus ingresos a raíz de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, no conoce cuál ha sido el impacto económico en los restaurantes de comida china en particular, pues tanto para la entidad como para el Gobierno, todos son iguales: de comida preparada.

El expresidente del Comité de Asuntos Asiáticos de la Cámara de Comercio de Puerto Rico – que organizó misiones comerciales entre la Isla y Asia en el pasado –, José E. Ledesma Fuentes, concurrió con Lebrón Sagardía en que los retos que han enfrentado los restaurantes chinos son similares a los del resto de los restaurantes.

Precisó que la mayoría de los empresarios chinos tienden a operar y a establecer sus restaurantes en familia porque la confianza para ellos es importante.

Algunos negocios lograron adaptarse a la pandemia

En la avenida Fernández Juncos, en Santurce, se encuentra ubicado el supermercado Asia Market.

Lisa Lee lo abrió en 2002, tras ser dueña de tres restaurantes de comida china en San Lorenzo, Caguas y Hato Rey. Cuando recién se mudó a la Isla, muchos dueños de restaurantes de comida china importaban sus productos desde Nueva York a través de familiares. Eso la motivó a abrir el supermercado.

Lisa es una mujer fuerte, canosa, chistosa y alegre. Habla español, inglés, cantonés y mandarín. Llevaba puesta una mascarilla rosa y una blusa amarilla con flores. Se mudó a Puerto Rico desde San Francisco en 1984 tras casarse con un chino que vivía acá.

En el colmado, frente a la caja registradora y la tetera, olía a fideos secos y a soya, como si recién hubiesen abierto un empaque de sopa china.

Sus paisanos se reunían en las tardes para tomar el té junto a ella, contó. Conversaban en sus dialectos natales y veían noticias sobre su país gracias a una caja convertidora conectada a dos televisores análogos y a dos digitales.

Sin embargo, desde que comenzó la pandemia, no regresaron más. Eran de edad avanzada, por lo que se encontraban entre los más vulnerables.

En el Asia Market resaltaban productos rojos, verdes, amarillos, marrones, anaranjados, violetas y azules. Estaban hechos en China, Vietnam, Filipinas, Tailandia y Corea. Las paredes eran blancas, sonaba la consola del aire acondicionado. Las estanterías tenían espacios vacíos. La nevera al fondo del local contenía refrigerios desconocidos.

Luego del primer gran cierre decretado por el Gobierno en marzo del 2020, Lisa mantuvo su supermercado abierto con las debidas precauciones. Solo permitía entrar a cuatro clientes a la vez. A pesar de las limitaciones, el flujo de clientes incrementó en lugar de reducirse, al ser uno de los pocos establecimientos abiertos en el área. No es raro que trabaje más desde que comenzó la pandemia, pues se añade a la jornada el desinfectar el supermercado luego de cerrarlo a las 6:30 p.m.

“He rebajado diez libras”, bromeó.

En la pared tiene una figura de un hombre con rostro rojo, barba azabache y armadura dorada. Es el dios guerrero Kuang Kung, un sabio que ganó muchas batallas, y que los chinos colocan en sus comercios o en sus hogares para obtener éxito, prosperidad y riquezas, según el libro Cuchirrican, de la inmigrante cubana de ascendencia china radicada en Puerto Rico, Violeta Chang.

El libro también cuenta cómo, luego de vivir en Miami tras el triunfo de la revolución cubana, la autora se estableció en Puerto Rico junto a su esposo, Alfredo Louk.

El 30 de octubre de 1964 su esposo abrió la heladería Rex Cream, en Guayama. Escogió el municipio del sureste por sus 45,000 habitantes, un criterio importante para que prosperara un negocio de antojitos en aquel entonces. La marca se popularizó luego de que más emigrantes chinos establecieran sus propias heladerías Rex Cream en distintos municipios.

La clave para establecer la heladería cuando apenas habían emigrado fue la enseñanza de sus padres chinos: “el ahorro es la base del capital”.

“Mi mamá me decía: si a ti te entra un peso, tú puedes gastar 75 centavos, pero tienes que guardar 25”, agregó.

A la empresaria y autora de piel bronceada, ojos rasgados, cabello castaño rojizo a veces le preguntan si es filipina. Su primer idioma es el español, pero también habla cantonés. En su cuello lleva la medalla de una virgen.

Mientras conversábamos la heladería todavía lucía intacta a pesar de haber cerrado dos meses antes de la entrevista. Un olor a parcha inundaba el local cuyas rejas miraban a la calle Derkes, en Guayama. La dueña veía a los transeúntes a través de las rejas.

La heladería había resistido 115 asaltos, una recesión económica a principios del 80 y la muerte de los centros urbanos. Sin embargo, cesó funciones durante la pandemia.

“El negocio venía de un arrastre desde María y desde hace muchos años”, explicó Aileen Louk, hija de Violeta.

La puertorriqueña de primera generación es la actual administradora de las dos heladerías que le restan a la familia, ubicadas en Guayama y en Cayey.

La heladería que más produjo ingresos fue una segunda, de menor tamaño, que habían abierto en la plaza pública de Guayama. Por ser un local más pequeño, requirió menos materiales de protección y de desinfección para mantenerla limpia y con el debido distanciamiento social durante la pandemia.

Esta historia fue resultado de una beca del Instituto de Formación Periodística del CPI, con el apoyo de la Fundación Ángel Ramos.

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Economía / PORTADA / Pueblos

Incierto el impacto de la pandemia por el COVID-19 en la industria de alimentos preparados de Puerto Rico

Bryan Gutiérrez Echevarría Publicado en marzo 11, 2021

Por Centro de Periodismo Investigativo

redaccion@esnoticiapr.com

¿Cuántos restaurantes habrán cerrado en el pasado año? ¿Cuántas barras, panaderías, fast foods y food trucks no volverán a abrir sus puertas?

A casi un año de la pandemia por el COVID-19 en Puerto Rico, solo se conoce cuántos establecimientos de comida cerraron hasta abril del 2020 de manera temporera. Ni las autoridades locales ni las organizaciones que agrupan a la industria gastronómica pueden precisar cuál ha sido el impacto actual de la crisis sanitaria en ese sector. Es decir, cuántas localidades cerraron permanentemente o de qué tipo eran, por ejemplo.

Esto, a pesar de que la apertura de este segmento de la economía y la cantidad de clientela que pueden acomodar en sus comedores han sido uno de los balones de juego cada vez que el Gobierno enmienda las órdenes ejecutivas relacionadas con el COVID-19.

Línea de tiempo

Tras casi dos meses de solicitudes de información, ni el Departamento de Hacienda ni el de Desarrollo Económico y Comercio pudieron proveer datos actualizados y certeros.

En Hacienda, los datos se limitan a los negocios autorizados a cobrar el 7 por ciento del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en la categoría de venta de alimentos preparados. Aixa Cruz, secretaria auxiliar de Asuntos Económicos en Hacienda, explicó que en octubre del 2019 cuando comenzó la reducción del IVU en alimentos preparados, la mayoría de los locales decidió sacar la certificación pero hay una minoría de establecimientos que por no tener la certificación continúan cobrando el 11.5 por ciento, y por ende no están contemplados en los datos suministrados por la agencia al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

“Entendemos que tenemos datos de un grupo bastante representativo de la industria gastronómica. A veces hay restaurantes caros que se dan el lujo de cobrar el 11.5 por ciento pero la regla general es que la mayoría se ha movido a cobrar el 7 por ciento”, sostuvo Cruz.

Según la información de Hacienda, en marzo del 2020 en Puerto Rico había 6,833 localidades que vendían comida preparada y que contaban con certificados para cobrar el 7 por ciento del IVU. En abril del año pasado, ese número bajó a 551 establecimientos. Es decir, que durante ese mes, 5,773 localidades certificadas para cobrar el IVU de 7 por ciento estuvieron cerradas a causa de la pandemia.

Al comparar los datos de Hacienda entre enero de 2020 (6,324) y enero 2021 (5,569), se observó una baja interanual de 755 localidades. Esto se puede deber a que algunos no han renovado su certificado de autorización de cobro del 7 por ciento o están en trámites para hacerlo, aclaró Cruz.

Aunque esos datos no confirman cuántos establecimientos de comida permanecen cerrados a causa de la pandemia, Francisco Parés, secretario de Hacienda, se atrevió a estimar que unos mil negocios dedicados a la venta de alimentos han cerrado.

“La lista de los contribuyentes autorizados a cobrar el 7 por ciento del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en la venta de alimentos preparados vence anualmente. El Departamento de Hacienda llegó a tener cifras de aproximadamente 8,000 a 8,200 localidades. Cuando se corre la renovación [del 2021], nos percatamos que solo hay 7,060 localidades, lo que representa unas 1,000 menos de lo que había en cumplimiento con el departamento [el año pasado]”, sostuvo Parés.

Los datos que tiene el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) sobre esa industria reflejan una diferencia de 165 negocios menos entre el 2019 y parte del 2020. Esta cifra es distinta a la de Hacienda porque el informe Composición industrial por municipio que prepara el DTRH es un análisis de la industria de “Alojamiento y Servicios de Alimentos” que incluye hoteles, además de establecimientos de comida.

Mapa

Manuel Cidre, que desde enero es el designado secretario de Desarrollo Económico y Comercio, no pudo ser categórico respecto a cuántos espacios de venta de comida han cerrado en Puerto Rico en el último año.

“Decirte un número categórico de cuántos establecimientos de comida han cerrado sería irresponsable de mi parte porque no tengo los datos”, respondió. La agencia que dirige no pudo producir ningún documento de referencia que sirviera para conocer cómo la pandemia impactó a la industria gastronómica.

Por una línea similar se expresó el senador Juan Zaragoza, presidente de la Comisión senatorial de Hacienda y quien también fuera secretario de Hacienda durante el gobierno de Alejandro García Padilla.

“Es difícil para Hacienda definir quiénes han cerrado, porque puede ser un cierre parcial o total, o temporero o permanente. Cuando cierra un negocio muy pocas personas se dan de baja de Hacienda. No existe un formulario específico para llenar cuando se cesa operaciones”, explicó Zaragoza.

Sobre esa alternativa de crear un cuestionario que permita tener un panorama más claro, Parés respondió que la planilla del IVU es lo que les sirve de indicador.

“La oficina de Asuntos Económicos del Departamento de Hacienda está analizando esta y otras industrias, como parte del análisis de lo que ha ocurrido con la pandemia. Pero ha habido tanto trabajo en el departamento que hemos tenido que ir priorizando”, dijo Parés.

Los municipios tampoco llevan los datos. De acuerdo con el director de Administración del Municipio de Caguas, Víctor Coreano, es fácil saber cuántos negocios existen en un pueblo porque estos tienen que solicitar un permiso y pagar su patente municipal. Pero en caso de cierres, dijo, esos datos podrían generarse a través de sondeos y visitas a los establecimientos.

Los comercios que cierran operaciones definitivamente deben dar de baja su Registro de Comerciante en Hacienda, explicó Ilka Torres, del área de patentes de ese municipio.

“Hay muchos negocios que no están operando pero tienen activa su patente porque tienen esperanza de volver a operar. Como la capacidad está reducida, muchas veces eso afecta las ventas y por eso deciden no operar, pero su patente está vigente”, agregó la empleada municipal. Por esa razón, dijo, habría que esperar casi un año para conocer los datos de cierre a través de las patentes.

La empresa privada cuenta con sus números, pero están incompletos. La Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (Asore) – que agrupa 170 compañías que operan 825 establecimientos del sector gastronómico que voluntariamente ingresan a la entidad – ha comisionado encuestas para conocer el impacto de la pandemia entre sus miembros. Si bien el 39 por ciento de la matrícula reportó pérdidas de sobre 50 por ciento en sus ingresos, la asociación no tiene datos de cuántos de sus miembros han cerrado parcial o totalmente.

“La encuesta trató de medir el impacto de la pandemia en general, no de un cierre como tal. No se nos comisionó un estudio sobre el cierre permanente de establecimientos”, puntualizó la economista Chantal Benet, directora de investigación y análisis en la firma Inteligencia Económica, que realizó la encuesta.

El informe Business Employment Dynamics que genera el Bureau of Labor Statistics (BLS) del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos estimó que para la primera mitad del 2020 cerraron 7,494 empresas, pero no las subdivide por industria o sector.

En alza los contagios en restaurantes

Se alega que, a medidas de mayor restricción, mayor probabilidad de cierre de negocios y mayor desempleo. Pero se desconoce la magnitud del problema, lo que hace preguntarse, cómo planifica el Gobierno atender la situación.

Los defensores de esta industria han alegado que no hay evidencia de contagios en restaurantes y por lo tanto no hay motivos para tantas restricciones en estos lugares. Sin embargo, recientemente un informe del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC) señaló un posible aumento en los contagios relacionados a exposición en restaurantes. De 677 en enero de este año a 731 en febrero, según informado por las personas que son rastreadas.

“A pesar de que la proporción de casos residentes de San Juan ha reducido, de un 12 por ciento(1493/12723) a un 10 por ciento (654/6256), la proporción de residentes de San Juan contagiados que han informado que visitaron restaurantes, ha incrementado desde 18 por ciento (106/590) a un 20 por ciento (101/518). Todo esto apunta a que, a pesar de que los casos han descendido, los contagios suscitados en restaurantes continúan persistentes y sin mitigarse”, indica el reporte de rastreos producido por el SMICRC.

A juicio del economista y profesor de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, José Caraballo Cueto, la falta de datos a la hora de hacer política pública es como si un doctor recetara sin tener los resultados de laboratorio.

“Ya el Gobierno lleva muchos años recetando ciegamente. Lo triste es que no hay interés en resolver la crisis estadística. Tenemos estadísticas que se publican tarde o que son defectuosas en términos metodológicos. Por ejemplo, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) publica todos los meses los datos de la Encuesta de Grupo Trabajador. Esa encuesta la hacen de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:30 de la tarde, justo cuando la gente que trabaja no está en la casa. Se le ha dicho que esa encuesta hay que hacerla en las tardes o fines de semana, pero el sindicato se opone. Cuando uno mira los datos no puedes saber lo que está pasando. Lo que publican no son datos exactos de qué está haciendo el mercado laboral. Es el mercado laboral que encontraron en horario de trabajo. Los que están en la casa, trabajan por la noche o son jubilados. Ninguna administración ha querido atender este problema. El problema es que puede recetar medicinas contraindicadas por no tener los análisis correctos”, alertó Caraballo Cueto.

Para conocer el impacto de la pandemia, el profesor recomendó que el DTRH haga acuerdos con investigadores de las universidades para trabajar con la base de datos del Gobierno donde están todas las planillas – que son datos confidenciales no disponibles al público – y utilizar la misma para analizar el antes y después de la pandemia sobre los distintos sectores de la economía.

Los rostros de los cierres

A José Román se le quiebra la voz cuando recuerda el 15 de marzo del 2020. Al mediodía, antes de abrir el salón de su restaurante El Turpial Boricua en Ponce, reunió a sus 12 empleados y les explicó que ante el toque de queda ordenado por la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced, y que entraría en vigor ese día a las 6:00 de la tarde, no le quedaba otra opción que cerrar el establecimiento.

Sus empleados tomaron la noticia como algo pasajero: un momento amargo, claro, pero que no duraría más de dos semanas. Confiaban en que todo volvería a la normalidad pronto. Pero Román miraba el porvenir con menos esperanza.

“Yo les dije que esto era para largo. Venía siguiendo las noticias sobre el coronavirus desde que comenzó en China y luego en Italia. Les dije que teníamos que prepararnos porque era fuerte lo que venía”, narró.

Román no ha vuelto a abrir su restaurante desde ese 15 de marzo, a pesar de las órdenes ejecutivas más flexibles que se han promulgado posteriormente.

“Cerré por el bien común. Vi el número de personas que estaban falleciendo. No podía pensar solo en mí y poner en riesgo a mis empleados. Muchos vienen de Guánica, de Peñuelas, de lugares afectados por los terremotos. Me iba a sentir responsable si alguien se contagiaba. Después, cuando empezó la reapertura, seguí pensando igual, porque había más casos”, dijo.

Hoy Román vive de sus ahorros. Aunque su esposa y él tienen derecho a la Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, en inglés), y a ambos se lo aprobaron, él lo recibió hasta julio. Su esposa nunca vio un centavo, y cree que es una de las 40,000 personas en lista de espera.

“Aquí cerraron la plataforma original porque empezó el problema de las personas que recibieron el PUA ilegalmente. Entonces abrieron una plataforma nueva. Ella solicitó a través de esa plataforma y no le da acceso. Yo llamo y no me contestan. He tratado de solicitar y no hay ninguna respuesta. Sé que no hay el personal suficiente para tramitar el volumen de solicitudes, pero también sé que muchos se aprovecharon”, lamentó.

Además del dinero del PUA, que recibió por unos meses, Román solicitó un préstamo del Programa de Protección de Pago (PPP). Lo utilizó para pagar nómina y deudas de suplidores, y ya la Agencia Federal de Pequeños Negocios de los Estados Unidos (SBA, en inglés) se lo condonó.

Román dijo que no abrirá el restaurante hasta que no haya una vacunación masiva, aunque sabe que no hay certeza de cuándo ocurrirá.

Héctor Rodríguez también cerró su negocio, el cafetín La Bambúa Criolla en Aguas Buenas, en marzo. A diferencia de Román, se aventuró a reabrirlo durante los meses de verano. No duró mucho tiempo.

“Cuando tienes un negocio en la orilla de la carretera es difícil controlar a los clientes. Por más que pongas letreros, es difícil. A veces tenía que cerrar la barra y solo vender comida para llevar, lo que me dejaba pérdidas. Yo sacaba a los clientes, cerraba el negocio y me iba, pero ellos se quedaban ahí. Hubo dos ocasiones que la Policía vino donde mí, no donde los clientes, a preguntarme por qué había tanta gente reunida y tratar de multarme. Les explicaba que no tengo control de los que se quedan en la carretera”, contó.

Además de las pérdidas en la operación y los problemas con la clientela y la Policía, Rodríguez cerró su establecimiento porque era demasiado riesgo para su salud. “Yo solo tengo un pulmón. El otro se quedó pequeño, no se desarrolló y no funciona. No me puedo exponer”, mencionó.

Rodríguez cerró su establecimiento en septiembre. Ahora, cuando cree que la cosa irá mejorando con la llegada de las vacunas y la aparente baja en contagios, decidió operar nuevamente. Le tocó enfrentarse a otro obstáculo.

“No me había fijado que mi permiso de uso decía ‘cafetín’, y en las órdenes ejecutivas los cafetines que vendían bebidas alcohólicas no podían abrir. Ahora quiero cambiar el permiso de uso a uno de ‘restaurante’. Llevo tres meses y todavía no me contestan. No sé cuál es la diferencia: yo entiendo que cafetín y restaurante es lo mismo. Si me dan el permiso pienso abrir, pero más restringido porque de verdad que no está fácil”, reconoció. Mientras espera por el cambio de permiso, Rodríguez recibe el PUA.

El CPI supo de otros establecimientos en el centro, norte y oeste de la isla que han cerrado. El cierre de establecimientos de la industria gastronómica, no solo afectó a las pymes, también ha impactado a las grandes cadenas. Jorge Colón Gerena, director ejecutivo de Grupo Colón Gerena, indicó que su compañía – que opera 118 restaurantes – cerró tres Sizzler en 2020. Otros establecimientos están enfrentando problemas para mantenerse a flote.

“La pandemia acelera procesos y destapa las inequidades que existen y que todos los conocemos, y eso se refleja más en unos pueblos que en otros. Afecta menos en el área metropolitana. Yo cerré en Manatí, Caguas y Cayey. Estos tres lugares no son Bayamón, Carolina o San Juan. Tenemos restaurantes que se están afectando y son los que se ubican en pueblos donde hay menos ingresos per cápita”, sostuvo.

De los 18 restaurantes de Ponderosa, cuatro cerraron permanentemente, ocho temporalmente ysolo seis están abiertos. También cerró un Bonanza, indicó Margarita Rosa, empleada de la cadena propietaria de ambas franquicias.

Alto el desempleo en este sector

Aunque se desconoce el detalle de cuántos establecimientos del sector gastronómico han cerrado por la pandemia, sí se sabe que de los 70,400 empleos no agrícolas que se perdieron en Puerto Rico en el 2020, más de una cuarta parte – 18,700 – provienen del sector de recreación y alojamiento, donde se ubica la industria de hoteles y restaurantes.

Con respecto a esa última industria, el DTRH solo ha analizado los primeros dos trimestres del 2020 y, según esa información, en abril de ese año hubo una baja de 21,252 empleos.

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De acuerdo con Caraballo Cueto, el desempleo acelera la migración.

“Pensábamos que el año pasado la gente no iba a migrar por la pandemia pero sí hubo migración. No a los niveles del huracán María, pero muchas personas emigraron porque estaban desempleadas. Hay quienes piensan que se van por los salarios pero aquí todo el mundo sabe que en los Estados Unidos en todas las profesiones se gana más que en Puerto Rico y el país no se ha vaciado. Cuando la gente se va es cuando no hay empleos, ni buenos ni malos. Cuando son jóvenes es más fácil porque no tienen activos, como casa, y se les hace más fácil relocalizarse”, apuntó el economista.

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El PPP como tabla de salvación

La mayoría de los entrevistados coincidieron en que si no fuera por el PPP federal la situación sería más dramática. El programa fue establecido por la Ley de ayuda, alivio y seguridad económica para el coronavirus (CARES Act, en inglés) para brindar un alivio económico a las empresas. Al momento se han abierto dos rondas de solicitudes. En la primera – que terminó en agosto del 2019 – se ofrecieron préstamos de hasta 10 millones de dólares a empresas con 500 empleados o menos. En la segunda – que termina el 31 de marzo de 2021 – se ofrecen préstamos de hasta 2 millones de dólares a empresas con 300 empleados o menos.

“Ese programa fue positivo porque fue la inyección de capital más importante a la empresa privada que ha habido en la historia moderna en Puerto Rico. Fueron 2.7 mil millones de dólares que no fueron al Gobierno, que nos ha demostrado cómo ha fracasado en la repartición de dinero, sino a la empresa privada. En la empresa privada, si yo no hago el trabajo bien, la Junta de Directores me bota; si no cumplo con el banco, ese dinero no se condona. En mi caso, el dinero se utilizó para pagar nómina, utilidades y rentas. La mayor parte se fue en nómina porque no despedimos a nadie. Si no hubiésemos recibido ese dinero, muchos restaurantes hubieran cerrado y la historia sería otra. La fila de las quiebras sería más larga que la de las vacunas”, comentó Colón Gerena.

Para que estos préstamos fueran condonados, las empresas debían cumplir con que al menos el 60 por ciento se utilizara en nómina y el 40 por ciento restante en el pago de renta, utilidades, sistemas de filtración de aires y gastos en equipo de protección.

Para Ricardo Martínez López, director ejecutivo del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas y Tecnología para Puerto Rico (SBTDC, en inglés), el principal escollo que ha visto entre los cientos de empresarios que ha orientado es la falta de conocimiento sobre cómo opera el PPP y que no tienen información financiera disponible. Para la segunda ronda del incentivo, por ejemplo, se agregó el requisito de que cada empresa solicitante debe evidenciar que tuvo una reducción de 25 por ciento en sus ingresos en cualquiera de los cuatro trimestres del 2020. Sin esa información recopilada, al comparar los trimestres es difícil determinar si hubo una reducción de ingresos.

Datos de SBA evidencian que en Puerto Rico 2,326 establecimientos del sector gastronómico y turístico (recreación, alojamiento, hoteles y restaurantes) se beneficiaron del PPP. De esos negocios, 2,074 son barras, cafeterías, asadores, bufés libres, restaurantes de servicio completo o limitado y servicios móviles de comida, y en total recibieron 43 millones de dólares en ayuda.

Cumplir con protocolos costó

Cuando comenzó el toque de queda con el cierre total en marzo, miembros de Asore decidieron crear un protocolo de seguridad para sus empleados y clientes. Para eso, Asore adoptó el de dos asociaciones de restaurantes (uno de California y otro de Texas), mencionó Ramón Leal, vicepresidente de operaciones y relaciones corporativas de International Restaurants Services.

“Luego NRA sacó un protocolo para toda la nación. Tomamos ese documento y le hicimos unas modificaciones sabiendo que el nuestro era más estricto”, puntualizó Leal.

El documento se comenzó a utilizar el 26 de mayo, cuando los salones comedores abrieron en un 25 por ciento. Cumplir con ese protocolo conllevó gastos onerosos para el sector gastronómico. “La industria de restaurantes hace un presupuesto, pero cuando el Departamento de Salud te dice que tienes que tener hand sanitizer, termómetro, rótulos, mascarillas para los empleados, todas esas medidas de protección tienen un costo”, señaló Leal.

Encuestas que Asore ha realizado entre sus miembros revelan que un 96 por ciento ha invertido en medidas de seguridad y tecnología para proteger a empleados y clientes del COVID-19: un 41 por ciento ha invertido hasta 5,000 dólares; mientras que un 30 por ciento ha invertido entre 5,000 dólares y 15,000 dólares; un 13 por ciento ha invertido entre 15,000 dólares y 30,000 dólares; y el 12 por ciento ha invertido más de 30,000 dólares.

Exigen más ayuda

Asore propuso al Gobierno desde octubre que se asignaran fondos del CARES Act para crear un nuevo programa de asistencia para cubrir gastos de equipo de protección personal.

En su primera orden ejecutiva, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia asignó al Secretario de Hacienda la preparación de un plan para otorgar asistencia económica a “entidades que hayan tenido pérdidas monetarias como consecuencia de una interrupción en las operaciones de sus negocios desde el 15 de marzo de 2020” por la pandemia de COVID-19.

La orden ejecutiva dispone que se le deberá dar “particular énfasis” a aquellos negocios que han cerrado “como resultado de las medidas de emergencia decretadas por orden ejecutiva, tales como pero sin limitarse, a barras y restaurantes”.

El plan para uso del dinero del Cares Act con este propósito fue presentado el 2 de febrero y ofrecerá ayudas desde 5,000 dólares hasta 15,000 dólares a pequeños negocios, de seis empleados o menos. De los 65 millones de dólares que se identificaron, se han aprobado 4,201 solicitudes y repartido 23 millones de dólares, aseguró Parés. No se ha divulgado una lista de los negocios que recibieron la ayuda o el desglose por tipo de negocio.

“Es una iniciativa para ayudar a microempresas, y cualquier ayuda al sector es buena, pero para ser de cero a seis empleados, deja al descubierto un grupo bien grande. Se queda corto al ayudar a la industria de restaurantes. Sería bueno saber cuántos de los 17,000 negocios que identificó Hacienda son de nuestro sector porque muchos restaurantes y cafeterías tienen más de seis empleados. No nos están ayudando”, reaccionó Gadiel Lebrón, director ejecutivo de Asore.

Al preguntarle a Parés por esta cifra, aseguró que el 80 por ciento de los 17,000 negocios que pueden recibir esta ayuda son barras y restaurantes.

Otra de las propuestas de Asore es que en los establecimientos de comida preparada se acepte la tarjeta del Programa de Asistencia Nutricional (PAN). Cuando el Gobernador reaccionó a esta propuesta recordó que en el 2010 se hizo un proyecto piloto que a su juicio fue efectivo. Por eso indicó que ya le había dado instrucciones a la secretaria de la Familia, Carmen González Magaz, para que se vuelva a implantar.

La última de las propuestas es la más controversial. Asore solicitó que se elimine el IVU permanentemente en este sector.

“En el tema del IVU tengo que ser realista. No quiero prometer lo que no puedo cumplir. Prefiero que se baje el IVU completo, no 11 por ciento. Pero tengo que trabajarlo junto a la Junta de Control Fiscal (JCF). Tenemos que salir de la quiebra para tomar control de la situación de la isla. Parte del IVU está calibrado por Cofina, y parte del IVU va a continuar por 20 o 30 años. Si se puede eliminar o reducir sería positivo. Yo voy a estar bien pendiente de ese tema”, sostuvo Pierluisi en conferencia de prensa.

Para Zaragoza esta opción no sería viable. “Eliminar el IVU no creo que sea el camino. Ese IVU ni va a Hacienda, pues después que se renegoció la deuda [de Cofina], eso va a un fondo especial”, mencionó el senador.

Entre los pocos datos recopilados por el Departamento de Hacienda está el impacto que el Gobierno ha recibido debido al cierre o disminución de ventas de estos lugares. Al comparar el año fiscal 2019 con el 2020 para actividades de alojamiento, servicio de alimentos y lugares donde se venden bebidas alcohólicas o alimentos preparados sujetos al IVU, se reportó una baja de 154.6 millones de dólares. Es imposible saber cuánto ha sido la disminución del pago del IVU solo en el sector de establecimientos de comida porque la categoría de información incluye hoteles, que han tenido una gran pérdida de ingresos.

No obstante, esta pérdida ya ha tenido un efecto en la situación económica del país.

“Los recaudos del Gobierno se han visto afectados. Esto ha llevado a que la JCF ajuste la deuda porque ya el Gobierno no tiene el mismo potencial de recaudo que tenía antes de la pandemia. Así que este es un efecto directo de la baja y si esos recaudos no aumentan lo que va a traer es más austeridad en los servicios públicos”, sostuvo Caraballo Cueto.

Qué hará el Gobierno por este sector

Ante la insatisfacción de Asore de que el nuevo estímulo económico se limitara a negocios de solo seis empleados, el secretario de Hacienda comentó que el proyecto puede ir evolucionando y ampliando la cantidad de comerciantes participantes.

No obstante, para Caraballo Cueto, el Gobierno falló al excluir a los negocios que están en la economía informal en el estímulo económico de pequeños negocios.

“El Gobierno dijo que esto era para los que estuvieran al día en el pago del IVU, en otras palabras para la economía formal. Entonces, si ya el programa federal era para la economía formal, para los que radican sus planillas, a nivel local debieron apoyar a los negocios informales. En vez de excluirlos, decirles ‘te voy a incluir pero te tienes que registrar’. Hacer una amnistía para que se registren y puedan participar. Pero eso es más trabajo y al Gobierno lo que le gusta es hacer lo más fácil”, criticó.

Por otra parte, a juicio de Cidre, no tiene sentido que el Gobierno limite la capacidad de personas a 30 por ciento en los establecimientos de comida. Manifestó que lo importante es que haya una distancia de seis pies.

“En el restaurante de mi hijo, por ejemplo, como es pequeño, aunque aumenten la capacidad de personas, él tiene que recibir pocas personas”, mencionó.

Por otro lado, indicó que en este tiempo readiestrará al personal del DDEC para el “boom” económico que vendrá cuando se supere la pandemia. En ese escenario, Caraballo Cueto considera indispensable que se agilice el proceso de permisos.

“El Gobierno tiene que resolver el desastre en el área de permisos. Cuando pase la pandemia, muchas personas van a querer establecer negocios y esperar un año o dos por un permiso no es viable. Se tiene que hacer una reforma de permisos y que haya el personal para ejecutarla porque de nada vale que haya una ley que diga que un permiso se tiene que dar en 24 horas cuando no hay personal para cumplirlo”, señaló el economista.

Asimismo, agregó que se debe crear legislación para que en casos de crisis se puedan reestructurar de manera automática los contratos de alquiler. “Digo automática porque algunas empresas tienen el capital para contratar abogados y ganar los casos. Pero conozco una señora que tiene una cafetería en Bayamón y ella no tiene los recursos para negociar su contrato de alquiler”, expresó.

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Desconocido el uso de fondos asignados a Educación tras terremotos y huracanes

Redacción Es Noticia Publicado en marzo 4, 2021

Por Centro de Periodismo Investigativo

redaccion@esnoticiapr.com

La ciudadanía desconoce cómo se han usado los fondos federales para la recuperación tras los terremotos y los huracanes Irma y María en el Departamento de Educación, o cuál es el presupuesto de cada una de las escuelas del sistema público.

Y luego de solicitarla varias veces al Departamento de Educación, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitó este miércoles al Tribunal de Primera Instancia que ordene a la agencia y a su Secretaria designada, Elba Aponte Santos, la entrega de la misma.

El recurso especial de revisión judicial presentado por el CPI es el remedio que ofrece la recién aprobada Ley de transparencia para el acceso a la información pública (Ley Núm. 141 de 2019) cuando una agencia de gobierno incumple con el término para entregar la información pública solicitada, explicó Carla Minet, directora del CPI.

La información que solicita el CPI incluye la matrícula y el presupuesto de las escuelas públicas desde el año fiscal 2015-2016, los fondos asignados al DE para atender las emergencias de los huracanes Irma y María y los terremotos, la lista de contratos adjudicados con esos fondos, información actualizada sobre el uso de los fondos del programa federal de Ayuda Inmediata para Reiniciar Operaciones Escolares (Restart), el memorando de entendimiento entre la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y el DE y el plan que la agencia presentó el 21 de diciembre pasado con los proyectos de recuperación que se harían con los 2,000 millones de dólares que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ya obligó.

“Se le vendió al país que Reforma Educativa aprobada el pasado cuatrienio traería transparencia en cuanto al presupuesto de cada escuela y al uso de fondos en el Departamento de Educación. Esa promesa no se está cumpliendo. A casi tres años de los huracanes no se sabe cómo se ha estado usando el dinero de recuperación en esa agencia, ni cuál es el plan vigente para el uso del dinero que todavía está sin usarse. A un año de los terremotos, tampoco sabemos cómo se ha usado el dinero. Esa información debería estar pública y actualizada continuamente para la ciudadanía. Pero no está, y pedirla con insistencia tampoco ha resultado”, dijo Carla Minet.

La información pública la solicitó el CPI a través de sus periodistas Tatiana Díaz Ramos y Cristina Del Mar Quiles durante los pasados meses. De la información pública requerida, el DE solamente ha entregado datos parciales de matrícula y presupuesto en las escuelas públicas para el año fiscal 2019-2020.

El recurso que presentó el CPI a través de sus abogados, Luis José Torres Asencio y Steven P. Lausell Recurt, de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de Universidad Interamericana, recuerda que “el derecho de acceso a la información ha sido reconocido en Puerto Rico como un derecho humano y constitucional de rango fundamental”.

Asimismo, el recurso recuerda que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido el derecho de acceso a la información pública como un “catalizador indispensable de la participación ciudadana”, por lo que el estado “no puede negar caprichosamente y sin justificación aparente la información recopilada en su gestión pública”.

Finalmente, el recurso de revisión judicial del CPI deja claro que la información que solicita al DE “no está protegida de forma alguna por algún privilegio o reclamo de confidencialidad y tampoco está cobijada bajo alguna de las excepciones al derecho de acceso a la información pública”.

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