Por Redacción Es Noticia
redaccion@esnoticiapr.com
La Junta de Supervisión Fiscal radicó el Plan de Ajuste propuesto para reestructurar sobre $10,000 millones en deuda y otras reclamaciones contra la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE).
El Plan, presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, propone recortar la deuda de la AEE en un 48%, a aproximadamente $5,400 millones, y, según resaltaron, deberá proporcionar la estabilidad financiera necesaria para «invertir en un sistema energético moderno, resistente y fiable» para Puerto Rico.
“La quiebra frenó la transformación del sistema energético de Puerto Rico”, dijo el presidente de la JSF, David Skeel. “El Plan que radicamos hoy supone un gran paso adelante, pero no el último. Seguiremos negociando con los acreedores en la ruta hacia la confirmación del Plan por el Tribunal”.
No obstante, indicó que “cada miembro de la Junta de Supervisión tiene plena consciencia de que los residentes y las empresas de Puerto Rico tendrán que asumir los pagos de esta deuda reducida a través de su factura de electricidad”, indicó Skeel.
“Continuaremos nuestro camino hacia la confirmación teniendo esto presente. Sin embargo, la AEE necesita seguir adelante y Puerto Rico necesita electricidad fiable. Este Plan logrará esos objetivos”, indicó.
Dos clases de acreedores acordaron apoyar el Plan, lo que deberá satisfacer el requisito legal de que al menos una clase de reclamantes perjudicados acepte el mismo para que el Tribunal pueda hacer que el Plan sea vinculante frente a todas las demás clases de reclamaciones.
Bonistas no salen con las manos vacias
El Plan también propone distribuir entre los bonistas un instrumento de valor contingente (IVC). Si la AEE reembolsa sus nuevos bonos antes de los 35 años previstos, los bonistas recibirían los ingresos de la tarifa de conexión y el cargo volumétrico hasta el año 35, si la AEE supera las proyecciones de su Plan Fiscal Certificado.
Según el Plan, para la mayoría de los acreedores, la AEE emitirá nuevos bonos con una tasa de interés anual del 6% (cupón), pagados mediante un cargo híbrido que consiste en una tarifa fija de conexión y un cargo volumétrico que se añadirá a las facturas de electricidad de los clientes de la AEE en función de su consumo eléctrico.
La Junta de Supervisión no ha puntualizado la forma en que se aplicará el cargo y su impacto en los hogares y empresas individuales, pero el cargo promedio según el Plan radicado será de aproximadamente la mitad de lo que les costaría a los clientes la deuda existente de la AEE durante el término de vigencia de los bonos.
El Plan es consistente con el Acuerdo de Apoyo que la Junta de Supervisión alcanzó con los Prestamistas de la Línea de Combustible para reducir su reclamo de sobre $700 millones en un 16% y con el acuerdo de apoyo con Vitol Inc.
El proveedor de combustible Vitol recibiría el 50% de lo que reciban finalmente los acreedores generales no garantizados. Estas dos clases de reclamaciones aceptaron de antemano las distribuciones propuestas en el Plan.
Los $800 millones estimados en Acreencias Generales No Garantizadas recibirán distribuciones basadas en el resultado del litigio de los bonistas. Además, el Plan contempla la emisión por parte de la AEE al Gobierno de $400 millones en bonos a cambio de efectivo para financiar los pagos de los gastos administrativos, algunos de los cuales podrían ser reembolsados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
Acuerdo con aseguradora de los bonistas
La Junta de Supervisión llegó el viernes a un acuerdo en principio con la aseguradora de bonos National Public Finance Guarantee Corp, sujeto a la documentación de los términos finales.
Actualmente no hay acuerdo con los tenedores y fiadores de $7.6 mil millones de otros bonos de la AEE. “Los residentes y las empresas de Puerto Rico simplemente no pueden pagar lo que algunos acreedores exigen en este momento”, señaló Skeel.
“El tribunal nos ha solicitado que propongamos un Plan que le permita a la AEE continuar adelante y hoy estamos cumpliendo con esta obligación al proponer recortar la deuda de la AEE a niveles sostenibles, mientras dejamos la puerta abierta a futuras negociaciones. Esperamos encontrar un compromiso viable”, señaló.
Explicó que la clase de acreedores que desea llegar a un acuerdo propone una recuperación mínima del 50% para esos titulares de bonos, sujeto a pagos adicionales, potencialmente cuantiosos, si los bonistas que desean litigar no prevalecen contra la AEE.
La clase de acreedores que desee litigar recibirá distribuciones basadas en las determinaciones del Tribunal sobre dos asuntos principales. La Junta de Supervisión continuará negociando con los acreedores con la esperanza de evitar litigios costosos y prolongados.
Retirados de la AEE
El Plan propone ofrecer a los retirados de la AEE el mismo trato que a los retirados del Estado Libre Asociado en virtud del Plan de Ajuste del Título III del Gobierno de Puerto Rico.
Aunque el financiamiento con el que cuenta el Plan de Pensiones de la AEE es sumamente insuficiente, los retirados cobrarán por completo todos los beneficios devengados hasta la fecha de entrada en vigor del Plan. Luego de esa fecha, ni los participantes existentes ni los nuevos podrán acumular más beneficios en virtud del Plan de Beneficios Definidos. Los empleados actuales podrán inscribirse en el Plan de Aportaciones Definidas del Gobierno.
Dependiendo del resultado del litigio de los bonistas, el Sistema de Pensiones de la AEE también podría recibir parte de los fondos que, de otro modo, se pagarían a los bonistas, lo que aliviaría parte de la carga de la AEE de pagar los beneficios de pensión.
Voto en contra
«Voté en contra del Plan de Ajuste presentado por la Junta de Supervisión porque considero que trataba injustamente a los bonistas y se basaba en un análisis financiero elaborado para resolver un resultado deseado: pagar lo menos posible».
«El enfoque unilateral de la mediación por parte de la Junta de Supervisión fue decepcionante. Impidió un acuerdo global con todos los bonistas que estaba a nuestro alcance», dijo en declaración escrita.
«Mientras continúe siendo miembro de la Junta de Supervisión, seguiré defendiendo los derechos de los bonistas que han recibido un trato indigno a lo largo de este proceso», indicó.
