Por Redacción Es Noticia
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El Departamento de la Familia (DF), así como el padre y la mamá de Nazaret, se encuentran -la tarde del viernes- a la espera de una vista en la que un juez determinará si le concede al Gobierno la custodia provisional de la pequeña Nazaret.
Las partes se encuentran en la Comandancia de Área de Caguas a la espera del proceso de que de un momento iniciará de manera virtual, informó el portavoz de prensa del DF, Aniel Bigio.
La pequeña Nazaret fue removida a su madre Lisha Ramón Mejías, la noche del miércoles, esto luego de una supuesta violación a una orden de protección. El DF asumió la «custodia de emergencia».
La subsecretaria del Departamento de la Familia (DF), Ciení Rodríguez, junto a la administradora de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), Glenda Gerena Ríos, establecieron ayer -jueves- que la remoción de Nazareth, la hija de la empresaria Lisha Ramón Mejías, de 21 años, de Cayey, responde a un supuesto incumplimiento a una orden de protección y no por su trabajo.
“En efecto, el Departamento de la Familia ostenta la «custodia de emergencia» de la menor. Es un remedio legal que nos otorga la Ley 246 que tenemos un proceso de 72 horas para culminar la investigación», indicó.
«En este momento, la menor se encuentra bajo la custodia de emergencia del Departamento de la Familia. En el día de ayer recibimos un referido donde nos indicaban que había un incumplimiento por ambos padres por una orden de protección que se había expedido desde el 19 de diciembre”, explicó Gerena Ríos en conferencia de prensa.
“El DF se presentó al hogar a corroborar y en efecto, existe un incumplimiento a una orden que ya estaba emitida por un tribunal. Nuestro interés es garantizar la seguridad y protección de la menor”, añadió.
Por su parte, la subsecretaria del DF se desvinculó de las alegaciones de la madre, en redes sociales, de que es el propio Departamento de la Familia quien la ha investigado por mantener a la menor mientras trabajaba en la calle, en su negocio Organic, en la que se dedica a la venta de jugos naturales y fruta.
“Eso es totalmente falso. El Departamento de la Familia no discrimina por condición económica, por raza; nosotros estamos bien firmes en proteger y garantizar el bienestar de nuestros menores. Este caso surge a raíz de un incidente de violencia doméstica donde mamá amenaza a papá con un cuchillo. Esta orden de protección por un tribunal y es el tribunal que establece que se cancelan las relaciones maternofiliales hasta que el tribunal vea el caso posteriormente. Por ende, ¿qué ocurre? Que ambos padres violentaron esa orden de protección, nos llega el referido en donde se establece que el caso ni papá ni mamá cumplieron, y es un caso que no se puede tomar a la ligera”, dijo Rodríguez.
En las redes sociales, la madre de la menor, Ramón Mejías alegó que le mintieron cuando le removieron la menor, por lo cual Gerena Ríos mostró un documento en la que alegó que contiene las firmas tanto del padre, como de la madre.
“Esto no es un acto caprichoso, verdad, esto es un acto que responde a que estamos atendiendo el bienestar del menor. Nosotros tenemos que ser bien responsivos y toda verdad tiene dos caras”, sostuvo Rodríguez.
Según afirmaron las funcionarias, luego de completar el periodo de 72 horas de la investigación, el resultado podría ser llevar un recurso al tribunal para solicitar la custodia permanente del DF o pasar la custodia a un familiar.
Cuestionada sobre si la madre podía ser una de las personas que puedan tener la custodia de la menor, Gerena Ríos contestó que: “En este momento eso no es viable, tenemos que culminar el proceso”.
Este caso surgió tras un incidente que ocurrió el pasado 18 de diciembre de 2022 en la que la Policía informó de una agresión en la que Ramón Mejías de 21 años, supuestamente agredió a su pareja consensual con un cuchillo. En medio de la situación, describió la Uniformada, hubo un forcejeo, donde el hombre resultó con una laceración en la mano derecha. Posteriormente ésta lo arañó en el brazo izquierdo. Además, Ramón Mejías, mordió al perjudicado en la pierna izquierda. La Policía precisó que, el querellante se negó a recibir asistencia médica.
Se supo que el perjudicado solicitó una orden de protección exparte con vigencia hasta el 23 de enero de 2023, en la que se celebrará una vista judicial en el caso.
