Por Redacción Es Noticia
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Ivelisse Rivera Padilla y Carla Carrillo Torres, y la empresa VIP Healthcare Solutions, Inc. fueron acusadas por un Gran Jurado federal en relación con fraude de quiebra, un esquema de lavado de dinero, fraude PPP y fraude bancario.
Ivelisse Rivera-Padilla, la presidenta de VIP Healthcare, fue acusada en un esquema de fraude de quiebra por hacer representaciones materialmente falsas desde marzo de 2017 hasta mayo de 2022 con el fin de defraudar durante su procedimiento de quiebra.
Además, se le imputan 10 cargos de ocultación de activos durante su procedimiento de quiebra y 3 cargos de hacer declaraciones falsas en relación con dicho procedimiento de quiebra.
Alrededor del 23 de junio de 2017, Rivera Padilla incorporó VIP Healthcare y el 30 de junio de 2017, firmó un contrato entre VIP Healthcare y el Municipio de Cataño para gestionar y administrar el Centro de Diagnóstico y Tratamiento «Job Andujar.»
El contrato adjudicó a VIP Healthcare $1,134,000.00 pagados mediante cuotas mensuales de $189,000.00.
Entre 2017 y 2022, se celebraron contratos adicionales entre VIP Healthcare y el Municipio de Cataño por más de $9,000,000.00.
Rivera Padilla accedió, controló y utilizó más de $1,000,000.00 de estos ingresos de las cuentas bancarias de VIP Healthcare para su uso y beneficio personal sin revelar dichos ingresos durante su procedimiento de quiebra.
La acusación alega además que Rivera-Padilla ocultó la compra de un apartamento ubicado en Condominium Golf & Playa, en Cabo Rojo, por $270,000.00, y un terreno de 2,159.5152 metros cuadrados ubicado en Rainforest and Sea View Resort en Luquillo,por $275,000.00.
Rivera-Padilla también ocultó la creación e interés en otra entidad corporativa conocida como Farmacia Libertad, así como ingresos de un negocio de alquiler de propiedades a través de AirBnB.
Las acusadas Rivera Padilla, Carrillo Torres y VIP Healthcare se enfrentan a 28 cargos de blanqueo de capitales basados en transacciones individuales realizadas con fondos ocultados durante el procedimiento de quiebra.
Estas transacciones se hicieron para comprar múltiples propiedades e inmuebles para Rivera-Padilla y Carrillo-Torres.
Si es declarada culpable, Carla Carrillo Torres puede ser condenada a una pena máxima de prisión de 30 años y a una multa de 1.000.000,00 fraude bancario.
Por cada cargo de blanqueo de capitales, Rivera Padilla y Carrillo Torres se enfrentan a penas de hasta 10 años de prisión.
«Los acusados utilizaron los procedimientos de quiebra para defraudar al Programa de Fideicomisarios de los Estados Unidos y a los acreedores. También utilizaron ilegalmente los fondos de ayuda de COVID para beneficiarse a sí mismos», dijo el fiscal Muldrow. «La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos se mantiene vigilante en el esfuerzo por hacer cumplir las leyes de bancarrota y castigar a aquellos que ilegalmente desviaron y utilizaron fondos críticos de COVID para su propio beneficio personal.»
