Por Redacción Es Noticia
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La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) encontró fallas e ineficiencias en la atención que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) pone a las querellas que recibe.
Las personas de la tercera edad son una de las afectadas con ese trato, explicó la OIG en un comunicado de prensa.
Señalaron que, como resultado del análisis de la información presentada por el DACO, identificaron ausencia de revisión a la reglamentación de procedimientos adjudicativos y deficiencias en el cumplimiento con la Ley Núm. 147-2019, conocida como Ley Especial de Procesos Administrativos Expeditos para Personas de la Tercera Edad.
El estudio reflejó que, 13 querellas de la muestra seleccionada fueron presentadas por personas mayores a 67 años y 11 (85%) de dichas querellas tomaron más de 90 días en adjudicarse, contrario al término establecido en dicha ley.
Además, identificaron que de la fecha en que el consumidor presenta su reclamación a la que es atendida, podrían pasar un promedio de 33 días para que el DACO le asigna un número de querella. Por lo cual, los resultados pudieran contar con un periodo de antigüedad mayor para el término desde su presentación.
La OIG explicó que durante la etapa de evaluación de la información presentada por el DACO y previo a culminación del estudio, la entonces directora de la Región de San Juan, le expresó a los auditores de la OIG que algunas de las razones para el tiempo transcurrido en atender las querellas se debió a:
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- dificultades por la pandemia del COVID19.
- dilatación de comunicación entre oficinas regionales y oficina central.
- atrasos en los casos en que la querella requiera la intervención de inspectores del DACO.
- falta de personal para ser atendidos.
La OIG explicó que como parte del análisis solicitaron información relacionada a las querellas o reclamaciones presentadas por ciudadanos y que estaban pendientes de atención.
Según la información suministrada por el DACO, a la fecha de 30 de junio de 2021, el Sistema Integrado de Asuntos del Consumidor (SIAC), reflejaba que -a nivel isla- tenían un total de 3,541 reclamaciones activas en todas sus oficinas regionales. De esas, un 15% (514) se encontraban pendientes de resolución hacía más de un año.
En el caso específico de la Región San Juan, DACO mantenía 1,762 querellas activas. Dicho dato a su vez representa que San Juan manejó el 49.8% de las reclamaciones presentadas a la entidad.
La OIG evaluó una muestra de 79 querellas de las 790 que se encontraban en etapa de archivo en la Región San Juan, para las que se reflejó que el 56%, o el equivalente a 44 de las querellas, se resolvieron en menos de 120 días.
Por otra parte, 44%, o el equivalente a 35 querellas tomaron sobre 120 días en adjudicarse.
Los expedientes de la muestra de las 79 querellas evaluadas reflejaron que el 70% o lo equivalente a 55 de los casos, se resolvieron a favor del querellante, el 24% o lo equivalente a 19 se desestimaron y el 6% o lo equivalente a 5, se resolvió a favor del querellado.
La mayor parte de las querellas presentadas por ciudadanos estaban relacionadas a incumplimientos con las disposiciones de la Ley orgánica del DACO, reclamos por incumplimientos de obras y servicios y reclamaciones de incumplimientos de contratistas en proyectos de construcción.
La OIG realizó recomendaciones al DACO como resultado del estudio, entre ellas, el cumplir con las disposiciones de la Ley Núm. 147-2019 y establecer un plan de trabajo para atender las querellas que llevan mas de un año sin resolución.
Además, DACO deberá mejorar sus procesos de fiscalización para a su vez, poder solicitar la autorización de reclutamiento de personal en las áreas que inciden directamente sobre sus funciones de fiscalización de conformidad a su ley orgánica, sentenció.
