Por Sandra Caquías Cruz
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El juez Daniel López González, asignado a atender la vista preliminar contra el suspendido alcalde Luis Manuel Irizarry Pabón, emitió hoy su primera Resolución del caso declarando «no ha lugar» la Moción de Reconsideración para que el caso fue sacado de la Región Judicial de Ponce.
«Somos del criterio que siendo una vista investigativa judicial de origen estatutario adoptada para llenar ciertas necesidades de nuestro sistema penal, no vemos razón alguna por la cual se debe trasladar la celebración de esta vista preliminar a otra región judicial», señaló el juez López González.
«Se declara no ha lugar las mociones de reconsideración radicadas por la defensa solicitando el traslado de la causa a otra región judicial en la etapa de vista preliminar», firmó antes de que se cumplieran las 24 horas de haber sido asignado al caso.
Antes, señaló en la Resolución que:
«Nos preguntamos, en que abona a la confianza del pueblo el descalificar de forma automática todos los jueces de una Región Judicial mediante un un traslado de la causa bajo el reclamo de «mera apariencia» o de «proteger la imagen de imparcialidad del sistema judicial», independientemente de que existan fundamentos individualizados sobre cada magistrado que con buena honra laboran en la región».
Los abogados de defensa de Irizarry Pabón, quien enfrenta dos cargos enriquecimiento injustificado y otros dos por violación a la Ley de Ética, solicitaron al juez Rubén Serrano Santiago el traslado del caso a una jurisdicción fuera de Ponce, reclamando con eso, proteger la imagen de imparcialidad del proceso.
El juez Serrano Santiago determinó «no ha lugar» la petición. Mientras, por otro lado transfería el caso a otro juez por alegaciones de que su esposa, también juez, había sido recomendada por el principal oponente político del suspendido alcalde, el abogado Pablo Colón Santiago. También se alegó que un cuñado del juez -hermano de la esposa- trabajó en una corporación de salud en la que también estuvo Irizarry Pabón.
El juez Serrano Santiago determinó transferir el caso a la jueza Lizandra Avilés Mendoza, quien también se inhibió «motus propio» porque su esposo y exalcalde de Guayanilla, tiene contratos con el municipio de Ponce.
Ante ese panorama, la jueza administradora Lissette Toro Vélez asignó el caso al juez López González, quien trabaja en la Región Judicial de Caguas, pero llegará a Ponce a atender la Vista Preliminar pautada para el 14 y 15 de marzo, en la Sala 405 del Centro Judicial de Ponce.