Por Redacción Es Noticia
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La secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Valerie Rodríguez Erazo, respondió a las expresiones de LUMA Energy, luego de que la empresa advirtiera que la reciente decisión del Tribunal Supremo podría resultar en un alza en la tarifa de la luz para cubrir reclamaciones por enseres dañados.
“El comunicado emitido por LUMA no solo intenta desviar la atención del verdadero problema que enfrentamos, sino que recurre a una estrategia ya conocida: sembrar miedo en la ciudadanía para justificar un privilegio legal que nunca debió existir. Esta amenaza velada de que los consumidores pagarán más si responden por sus propios actos es, además de injusta, jurídicamente insostenible”, manifestó Rodríguez Erazo en declaraciones escritas.
La funcionaria insistió en que, bajo el Código Civil de Puerto Rico, los daños causados por negligencia son responsabilidad de quien los provoca y no deben trasladarse a los consumidores. “Pretender que esos daños se transfieran automáticamente a la ciudadanía a través de un aumento en la tarifa eléctrica es un intento de socializar las pérdidas de una empresa privada, mientras se privatiza su poder. Esa lógica no solo es inmoral: viola la Constitución y el principio fundamental de separación de poderes”, añadió.
El DACO presentó el pasado 22 de julio una demanda contra LUMA, solicitando que se declare nula e inconstitucional la Sección 4.1 (g) del Puerto Rico Transmission and Distribution System Operation and Maintenance Agreement, que releva a la empresa, a sus empleados, oficiales y contratistas de responsabilidad por daños ocasionados a consumidores debido a actos negligentes o fluctuaciones en el sistema eléctrico.
El Tribunal Supremo acogió el caso para evaluar sus méritos, lo que ha provocado la controversia pública.
Respuesta de LUMA
Por su parte, el presidente de LUMA, Juan Saca, defendió la posición de la empresa argumentando que “los tribunales en Estados Unidos han respaldado la inclusión de límites de responsabilidad para las compañías eléctricas bajo el fundamento de que agencias reguladoras, como el Negociado de Energía de Puerto Rico, tienen la autoridad para extender dichos límites de responsabilidad”.
“La ausencia de consecuencias perpetúa el deterioro”
Rodríguez Erazo rechazó ese planteamiento y subrayó que el derecho a reclamar daños es una garantía básica de los consumidores. “El derecho a reclamar cuando uno sufre un daño no puede depender de los intereses económicos de un contratista privado. Esa garantía está anclada en nuestro ordenamiento jurídico y en la dignidad de cada ciudadano”, sostuvo.
Finalmente, la secretaria recalcó que la advertencia de LUMA de un posible colapso del sistema si se le exige rendir cuentas carece de fundamento. “Es precisamente la ausencia de consecuencias lo que ha perpetuado el deterioro. No se trata de revivir el pasado, como ellos sugieren; se trata de no repetirlo, asegurándonos de que ninguna empresa —sea pública o privada— opere sin responsabilidad frente al pueblo”, concluyó.
