Por Redacción Es Noticia
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La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, junto al banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark T. Rossini, se declararán culpables hoy en el Tribunal Federal de Hato Rey por delitos vinculados al caso de corrupción que salió a la luz tras sus arrestos en agosto de 2022.
De acuerdo con documentos judiciales, los acusados aceptarán haber violado la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA) al realizar y recibir aportaciones ilegales que sobrepasaban el límite de $2,000 durante la campaña primarista de Vázquez Garced en 2020. La exmandataria del Partido Nuevo Progresista (PNP) admitirá que recibió esas ayudas económicas en su intento de permanecer en La Fortaleza.
El acuerdo surge tras una reunión inusual en el Departamento de Justicia federal en Washington D.C., donde fiscales y abogados de la defensa discutieron la evidencia y posibles escenarios procesales. Como resultado, la Fiscalía Federal presentó una moción conjunta en la que se establece que los tres imputados enfrentarán un solo cargo, y no los siete de conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico por servicios honestos que originalmente pesaban en su contra.
La jueza Silvia Carreño Coll atenderá esta tarde, a las 2:00 p.m. en la sala 4, la vista de alegación de culpabilidad, en la que decidirá si acepta el acuerdo alcanzado entre las partes.
Según la acusación, Vázquez Garced habría favorecido los intereses de Bancrédito International Bank, propiedad de Herrera Velutini, en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), a cambio de aportaciones ilegales canalizadas a través de consultores políticos. Estas contribuciones ascendieron a más de $300,000, y estuvieron acompañadas de presiones para remover al entonces comisionado Jorge Joyner, quien fue sustituido por Víctor Rodríguez Bonilla, vinculado al banco investigado.
Si el tribunal valida el acuerdo, el proceso judicial contra la exgobernadora y sus coacusados daría un giro significativo, limitando su exposición penal a un cargo federal.
