Por Redacción Es Noticia
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Diversas organizaciones profesionales y defensoras del acceso a la información advirtieron que el Proyecto del Senado 63 (PS 63), de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, podría restringir y dificultar el derecho ciudadano a obtener información pública en lugar de promover la transparencia gubernamental.
La medida, que modifica la Ley 141-2019 de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, está programada para votación hoy en el Senado luego de recibir un informe positivo de la Comisión de Gobierno, sin que se celebraran vistas públicas.
Entre los cambios propuestos se encuentra el aumento de los plazos de respuesta de las agencias —de 10 a 20 días laborables en oficinas centrales y de 15 a 30 en oficinas regionales—, la eliminación de la obligación de entregar la información en el formato solicitado, y el requerimiento de datos personales como dirección postal y correo electrónico al solicitante.
Además, las agencias podrían limitar el acceso a los documentos permitiendo que el ciudadano solo los revise en persona y por un día, sin recibir copias.
El licenciado Kevin M. Rivera Medina, segundo vicepresidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), advirtió que estas disposiciones violan el derecho constitucional al acceso real y efectivo a la información, reconocido por el Tribunal Supremo en el caso del Cerro Maravilla (1982).
El abogado expresó preocupación ante la postura del gobierno de dejar que los tribunales decidan la constitucionalidad de la medida, lo que, según dijo, implicaría mayores gastos para el pueblo y una pérdida de confianza en la transparencia gubernamental.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), Nydia Bauzá Santiago, señaló que exigir información personal a los solicitantes podría usarse como mecanismo de intimidación, lo que afectaría la fiscalización ciudadana y periodística.
“Este proyecto busca poner más capas de burocracia para que la gente se canse y deje de pedir información. Su aprobación se da justo cuando se discuten megaproyectos controversiales como Esencia de Cabo Rojo o el desarrollo de nuevas plantas de gas natural”, afirmó Bauzá Santiago.
Tanto la Asppro como el Overseas Press Club, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), el CAAPR y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) anunciaron que continuarán cabildeando contra la medida y no descartan acudir a La Fortaleza para exigir su retiro.
En respuesta a las críticas, Rivera Schatz defendió el PS 63 a través de sus redes sociales, argumentando que las enmiendas “no limitan el acceso, sino que lo garantizan”, al exigir que la información se publique en las páginas web de las agencias.
No obstante, los grupos opositores insisten en que la medida representa un retroceso para la transparencia y la fiscalización ciudadana, al dificultar el ejercicio del derecho a estar informado y alentar la opacidad en la gestión pública.
