Por Redacción Es Noticia
redaccion@esnoticiapr.com
En el marco de la conmemoración de octubre como el Mes del Trabajo Social, la presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico, Lydael Vega, advirtió sobre un preocupante retroceso en materia de derechos humanos, democracia y políticas públicas, que afecta directamente a poblaciones históricamente vulneradas.
Vega señaló que este retroceso se refleja tanto en la eliminación de derechos adquiridos como en la limitación del acceso a nuevos derechos para sectores como mujeres, personas racializadas, migrantes y miembros de la comunidad LGBTIQ+, lo que —dijo— representa una amenaza a los principios fundamentales del trabajo social.
“Nos enfrentamos a un contexto socio-político de creciente polarización, marcado por políticas conservadoras y narrativas que legitiman la exclusión. Estas acciones atentan directamente contra los principios fundamentales de nuestra profesión”, afirmó la presidenta.
En su mensaje, Vega hizo un llamado urgente a revisar las políticas migratorias de Estados Unidos, que describió como discriminatorias y criminalizadoras. Destacó que dichas medidas generan un clima de temor y violencia hacia personas que migran en busca de seguridad y mejores condiciones de vida.
“En el caso de Puerto Rico, comunidades provenientes de países como República Dominicana y Haití han sido esenciales para nuestro desarrollo económico, social y cultural. Cualquier política que las criminalice representa una afrenta a la justicia social”, subrayó.
La presidenta también denunció la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en Estados Unidos y su efecto en Puerto Rico, calificando esta tendencia como un grave retroceso en la lucha por los derechos humanos.
Estas iniciativas, recalcó, “no son un lujo burocrático, sino mecanismos esenciales para enfrentar la discriminación estructural que viven las mujeres y las personas LGBTIQ+. Su desmantelamiento invisibiliza la existencia de estas poblaciones y fomenta narrativas de odio”.
Asimismo, Vega alertó sobre el uso indebido del derecho a la libertad de expresión para justificar discursos de odio y exclusión.
“El derecho a opinar no puede convertirse en un derecho a discriminar”, afirmó, advirtiendo que esta práctica se ha convertido en una herramienta estratégica para legitimar ideologías que ponen en riesgo la dignidad y la seguridad de grupos marginados.
La presidenta enfatizó que el Trabajo Social tiene la responsabilidad de resistir y combatir las acciones estatales que atenten contra los valores de equidad, respeto y justicia.
“Lo que está en juego es la vida, la dignidad y la seguridad de todas las personas”, sostuvo.
Finalmente, el Colegio reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la justicia social, exhortando a las y los profesionales del trabajo social a participar activamente en la discusión de políticas públicas. “Este es un momento histórico que exige un rol activo del Trabajo Social en la construcción de un país justo, solidario y equitativo”, concluyó Vega.
