Por Redacción Es Noticia
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El zar de Energía y director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Josué Colón Ortiz, responsabilizó a LUMA Energy de provocar su propia crisis fiscal y calificó de “falsas y temerarias” las declaraciones que la empresa emitió para justificar el despido de 160 empleados.
Colón Ortiz informó que ordenó la revisión inmediata de los salarios y beneficios de su alta gerencia.
“LUMA Energy informó que ha cesanteado alrededor de 160 empleados. Aunque dicha acción es parte de la prerrogativa de cualquier empresa privada, el utilizar argumentos falsos y temerarios para intentar justificar la misma amerita nuestro más enérgico rechazo. La gerencia de LUMA conoce muy bien que todos los recursos que utiliza para pagar sus obligaciones provienen exclusivamente de la venta de energía”, expresó Colón Ortiz en declaraciones escritas.
El funcionario sostuvo que la Autoridad de Energía Eléctrica no adeuda fondos a LUMA y que el supuesto impago responde a fallas administrativas de la empresa.
“Desde hace tiempo hemos demostrado, con datos verificables, que la aseveración de que la AEE le debe es incorrecta y dicta mucho de la realidad. Los problemas de liquidez existentes son el resultado de la incapacidad gerencial y administrativa de LUMA para realizar los depósitos requeridos”, afirmó.
Colón Ortiz dijo que la empresa arrastra un déficit estructural de $431 millones y que ha manejado “de manera incorrecta” más de $745 millones en solicitudes de reembolso ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
Explicó que esa deficiencia ha obligado a la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) a intervenir para corregir documentación en al menos tres ocasiones.
El director de la AAPP también denunció que LUMA gastó cerca de $500 millones en empleados de sus empresas matrices, conocidos como seconded employees, en lugar de reclutar personal local o reducir costos. Exigió una revisión “completa y detallada” de los salarios, beneficios y gastos de gerencia, así como de los fondos utilizados en publicidad y contratos externos.
“Estamos exigiendo que el operador privado comience de inmediato una revisión completa y detallada de todos los salarios, beneficios marginales y gastos gerenciales, los cuales son exorbitantemente altos. El país no puede continuar siendo testigo de la mala administración de esta empresa que, en lugar de asumir su responsabilidad, culpa a otros por su propio descontrol fiscal”, puntualizó Colón Ortiz.
