Por Redacción Es Noticia
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La senadora Nitza Moran Trinidad, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo, anunció la aprobación del Proyecto del Senado 238, una medida que establece el marco regulatorio más abarcador hasta la fecha para ordenar, fiscalizar y operar los alquileres a corto plazo (Short Term Rentals) en Puerto Rico.
La legislación crea un sistema uniforme de licencias y dispone la creación de un registro municipal en los 78 municipios, al tiempo que redistribuye el arbitrio turístico del 7 % que actualmente recauda la Compañía de Turismo, asignando un 1 % directamente a los municipios. Ese ingreso permitirá atender servicios relacionados con el impacto que esta modalidad de alojamiento ha tenido en diversas comunidades.
Respondiendo a un crecimiento acelerado sin fiscalización
Moran destacó que, por años, el aumento acelerado de los alquileres a corto plazo se ha desarrollado sin normas claras ni procesos fiscalizadores, lo que —según la senadora— ha fomentado competencia desleal frente a los hoteles, paradores y moteles regulados. A su vez, la falta de visibilidad de la industria ha generado problemas de convivencia, seguridad y administración municipal.
“Esta propuesta de ley no prohíbe: ordena. Protege a las comunidades sin frenar el desarrollo económico y brinda a los municipios las herramientas que llevaban años reclamando”, afirmó Moran. La legisladora explicó que el proyecto se inspira en modelos regulatorios de ciudades como Los Ángeles, Chicago y Miami, así como en la Ordenanza 39 del Municipio de San Juan, para establecer un esquema balanceado.
Registro, licencias y requisitos obligatorios
El proyecto requiere que toda propiedad dedicada a alquiler a corto plazo:
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Se inscriba en el registro municipal correspondiente.
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Obtenga una licencia anual con información del anfitrión u operador, permisos, catastro, capacidad de huéspedes y plataformas utilizadas.
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Presente certificaciones del Departamento de Hacienda, la Compañía de Turismo y el CRIM.
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Cumpla con reglamentos internos o escritura matriz cuando apliquen.
El nuevo arbitrio municipal del 1 % permitirá a los alcaldes sufragar esfuerzos de seguridad, fiscalización, ornato, limpieza, infraestructura y manejo de desperdicios sólidos en áreas con alta concentración de alquileres.
La senadora también señaló que esta fuente de ingresos podría evaluarse como una alternativa para sustituir la actual contribución al inventario.
Respeto a los reglamentos de condominios y urbanizaciones
Uno de los elementos principales de la medida es el reconocimiento de las facultades de condominios, urbanizaciones y comunidades cerradas. Si la escritura matriz o reglamentos internos prohíben los alquileres a corto plazo, esa prohibición se mantiene vigente. Además, las comunidades podrán establecer requisitos más estrictos que los contemplados en la ley.
Moran subrayó que esto protege la autonomía y las expectativas de los residentes que adquirieron propiedades para uso residencial de largo plazo.
Supervisión de plataformas digitales
La senadora, quien representa un distrito con una de las mayores densidades de alquileres a corto plazo en la isla (San Juan, Aguas Buenas y Guaynabo), destacó que la medida incluye controles específicos para plataformas como Airbnb y VRBO, así como para anfitriones independientes.
Los municipios recibirán datos mensuales que permitirán reforzar la transparencia, fiscalización y cumplimiento de la normativa.
“Este proyecto establece un equilibrio real: protege a los residentes, fortalece a los municipios y garantiza que esta actividad económica continúe creciendo de manera ordenada”, señaló.
Transición escalonada
La ley contempla un periodo de transición de 180 días para que los municipios adapten sus reglamentos y sistemas, seguido por otros 180 días para que anfitriones y operadores cumplan con los requisitos. Durante ese tiempo podrán continuar operando sin penalidades.
Compromiso con el desarrollo económico responsable
Moran reiteró su compromiso con impulsar políticas que promuevan el turismo sin comprometer la seguridad ni la convivencia comunitaria.
“Mi objetivo es simple: garantizar convivencia, orden y prosperidad. Este proyecto es un paso firme en esa dirección”, concluyó.
