Por Redacción Es Noticia
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Ante lo que consideran como una determinación injusta, un grupo de consumidores presentó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston para impugnar la decisión de la jueza federal Laura Taylor Swain, que impidió el avance de una demanda relacionada con el cargo en la factura de electricidad destinado al pago de pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
El recurso, radicado recientemente, busca revertir la determinación emitida el pasado 24 de marzo en el caso bajo PROMESA, mediante la cual el tribunal federal rechazó levantar la paralización automática (“stay”) que protege a la corporación pública mientras continúa su proceso de quiebra.
La controversia surge de una demanda colectiva presentada en 2025 ante el Tribunal de Primera Instancia contra LUMA Energy, el Negociado de Energía de Puerto Rico y otras entidades. Los demandantes —Eduardo Horrutiener Socias, Cynthia Boscio Matos, José Alberto Morales Rodríguez y Puerto Rico Medical Emergency Group— alegan representar a más de 1.5 millones de clientes.
En su reclamo, solicitan la eliminación del llamado “cargo provisional”, vigente desde septiembre de 2025, al sostener que constituye un impuesto ilegal e inconstitucional. Asimismo, exigen la devolución de los fondos cobrados a los abonados.
Los consumidores argumentan que dicho cargo no puede considerarse un gasto operacional legítimo del sistema eléctrico, ya que las pensiones corresponden a obligaciones previas al proceso de quiebra y no a costos actuales como combustible, mantenimiento o nómina activa. Además, sostienen que los clientes ya financiaron el sistema de retiro durante años mediante tarifas anteriores y alegan que administraciones pasadas desviaron fondos que contribuyeron a la insolvencia de la AEE.
En esa línea, califican el cargo como “una expropiación inconstitucional de la propiedad de los consumidores”.
El caso quedó detenido luego de que la Junta de Supervisión Fiscal invocara la paralización automática bajo PROMESA. Al evaluar si el pleito debía continuar en el foro estatal, la jueza Swain concluyó que no procedía levantar el “stay”.
En su determinación, el tribunal sostuvo que el cargo forma parte de los ingresos de la AEE y que interferir con ese flujo podría afectar el proceso de reestructuración. Además, indicó que dichos fondos son esenciales para el pago de pensiones y advirtió que permitir que el caso avance podría perjudicar a los acreedores y socavar el plan fiscal vigente.
