La gobernadora Jenniffer González Colón firmó cuatro leyes y una resolución conjunta dirigidas a atender asuntos electorales, agrícolas, laborales, académicos y de infraestructura, mientras vetó el Proyecto del Senado 759, presentado por el senador Héctor Joaquín Sánchez.
La medida vetada proponía enmendar el Artículo 17.02 de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito para otorgar exclusivamente al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) la facultad de regular y conceder licencias o permisos a las escuelas de conducir de Categoría 3.
Además, buscaba excluir a esas escuelas y a sus instructores de la definición de empresas de vehículos de alquiler bajo la Ley de Servicio Público de Puerto Rico, lo que habría eliminado su regulación por parte del Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos. El proyecto también ordenaba modificar los reglamentos correspondientes para transferir esas competencias al DTOP.
Protecciones para estudiantes militares
Entre las medidas aprobadas figura la Ley 201-2026, que amplía las protecciones académicas y económicas de estudiantes militares matriculados en instituciones postsecundarias.
La legislación incorpora a los integrantes de la Fuerza Espacial de Estados Unidos y reconoce activaciones relacionadas con emergencias naturales, razones humanitarias y contingencias de salud pública.
Expanden el programa Manos Pa’l Campo
Por su parte, la Ley 203-2026 amplía el alcance del programa Manos Pa’l Campo para incluir todas las actividades agrícolas, en lugar de limitarlo al cultivo del café.
La legislación permite incorporar a participantes del sistema correccional a labores agrícolas y contempla la contratación de trabajadores extranjeros temporeros cuando la mano de obra local y la procedente del sistema correccional resulte insuficiente.
Asimismo, establece que el Departamento de Corrección y Rehabilitación retendrá el 20 % de los ingresos de los participantes para cubrir gastos administrativos y de seguridad.
Nueva definición de propaganda política
La gobernadora también firmó la Ley 202-2026, que incorpora al Código Electoral una definición de propaganda política que incluye letreros, pegatinas, audios, imágenes y medios electrónicos utilizados para influir en los procesos electorales.
La disposición amplía los formatos contemplados en la definición de propaganda política dentro del marco electoral.
Excepciones laborales relacionadas con el cannabis medicinal
Otra de las medidas aprobadas fue la Ley 204-2026, que establece excepciones a las protecciones laborales de pacientes autorizados a utilizar cannabis medicinal cuando desempeñen funciones sensitivas de transporte.
Entre las ocupaciones incluidas figuran conductores de camiones, autobuses escolares, taxis y vehículos que operan mediante plataformas digitales. Las excepciones estarán sujetas a los requisitos probatorios establecidos en la legislación.
Servicios básicos para familias de Villas del Sol
Finalmente, mediante la Resolución Conjunta 64-2026, González Colón ordenó iniciar las gestiones necesarias para conectar legalmente a las 176 familias de la comunidad Villas del Sol, en Toa Baja, a los servicios de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado.
La medida también contempla atender las deficiencias en la infraestructura vial de la comunidad.
Las agencias pertinentes tendrán un plazo de 30 días para comenzar las gestiones y de 60 días para presentar un informe ante la Legislatura sobre los trabajos correspondientes.
Con estas determinaciones, la gobernadora dio paso a medidas que abarcan distintos sectores de la política pública, mientras rechazó la propuesta legislativa que buscaba centralizar en el DTOP la regulación de las escuelas de conducir de Categoría 3.
