El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, rechazó los señalamientos públicos realizados por la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico sobre un supuesto incumplimiento en la entrega de documentación relacionada con procesos administrativos y fiscales.
En una carta dirigida al director ejecutivo de la Junta Fiscal, Robert Mujica, el titular de Educación sostuvo que la caracterización pública realizada por el ente federal no refleja el historial de reuniones, intercambios técnicos y entrega de documentos que, según indicó, la agencia ha mantenido de manera constante durante los pasados años.
“El récord demuestra claramente que el Departamento de Educación ha mantenido comunicación constante y transparente con la Junta de Supervisión Fiscal. Hemos participado de reuniones regulares, respondido solicitudes de información y compartido documentación relacionada con los procesos operacionales y fiscales del Departamento”, expresó Ramos Parés en declaraciones escritas.
Como parte de la respuesta oficial enviada por la agencia, se incluyó un anejo con tablas y documentos que detallan múltiples gestiones, solicitudes atendidas y datos provistos a la Junta Fiscal desde enero de 2025 en áreas administrativas, académicas, fiscales, de seguridad, infraestructura y educación especial.
Según el Departamento, la documentación presentada representa solo una muestra de las cientos de solicitudes de información realizadas por la Junta.
Entre los datos suministrados figuran reportes sobre matrícula estudiantil, asistencia, oferta académica y vocacional, organización escolar, seguridad escolar, incidentes reportados, distribución de recursos, contratos de mantenimiento, reparaciones de planteles, análisis de costos operacionales, nómina, procesos de reclutamiento, educación especial y diversas métricas operacionales utilizadas para la toma de decisiones fiscales y administrativas.
La agencia indicó además que esos documentos han sido discutidos y analizados desde inicios de 2025 en mesas de trabajo entre ambas entidades para la confección del denominado presupuesto basado en estudiante (“student based budget”).
“El Departamento ha sido consistente en la entrega de información y en sostener un diálogo técnico con la Junta. Por eso, nos preocupa profundamente que se proyecte públicamente una falta de transparencia que no corresponde al historial real de comunicación y colaboración entre ambas entidades”, añadió el secretario.
Ramos Parés también explicó que el proceso de organización escolar mencionado por la Junta no representa una acción nueva ni extraordinaria, sino un procedimiento operacional recurrente y reglamentado desde el año 2020.
“El proceso de organización escolar está reglamentado desde 2020 y forma parte de los mecanismos administrativos ordinarios para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema educativo. Sugerir que se han implementado políticas ocultas o no divulgadas con impacto fiscal carece de contexto y no refleja la realidad del proceso”, sostuvo.
Finalmente, el funcionario reiteró que el Departamento continuará colaborando y cumpliendo con los requerimientos aplicables bajo la ley PROMESA y otros marcos regulatorios, al tiempo que hizo un llamado para que futuras comunicaciones públicas reflejen de forma precisa el historial de colaboración entre ambas entidades.
“El Departamento de Educación mantiene firme su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de los procesos administrativos y fiscales en beneficio de nuestras escuelas y estudiantes”, concluyó Ramos Parés.
