La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado y la Cámara de Representantes presentó resoluciones legislativas para investigar la legalidad, el cumplimiento ambiental y los procesos administrativos relacionados con un proyecto de construcción de viviendas propuesto por la empresa Alturas de Fairview Development Corp. en terrenos de la urbanización Villas de Cupey, en San Juan.
Las medidas legislativas, identificadas como la Resolución del Senado 537 y la Resolución de la Cámara 728, buscan examinar los expedientes administrativos 2021-384891-PCOC-032141 y 2026-675501-PCT-PSI-300849, vinculados a una propuesta de lotificación y labores de limpieza en terrenos ubicados entre la calle Eternidades y la carretera PR-845.
La iniciativa surge tras múltiples denuncias de residentes y de la Asociación de Propietarios de Villas de Cupey, quienes sostienen que los terrenos afectados fueron concebidos originalmente como un parque pasivo y área verde para el disfrute comunitario dentro del diseño original de la urbanización.
Según los vecinos, la transformación del espacio podría alterar la planificación histórica del sector y afectar la calidad de vida de cientos de familias que durante décadas han utilizado el área como zona de recreación, protección ambiental y amortiguamiento comunitario.
Uno de los principales reclamos de la comunidad gira en torno a la alegada falta de participación ciudadana en el proceso. Residentes aseguran que no fueron debidamente notificados ni consultados sobre el alcance del proyecto ni sobre sus posibles impactos en la movilidad, la seguridad y la infraestructura del sector.
Las resoluciones legislativas plantean la necesidad de determinar si las agencias gubernamentales involucradas cumplieron con todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables antes de autorizar o procesar las solicitudes relacionadas con el desarrollo.
Las preocupaciones también se extienden al posible impacto ambiental del proyecto. El área incluye una quebrada y un sistema natural de drenaje que históricamente ha canalizado las aguas pluviales de la urbanización. Los residentes advierten que trabajos de desmonte, relleno o construcción podrían alterar los patrones naturales de escorrentía y aumentar el riesgo de inundaciones, erosión y sedimentación.
La controversia cobró mayor notoriedad luego de denuncias sobre la presunta tala ilegal de árboles y remoción de vegetación ocurridas durante mayo de 2026. De acuerdo con información recopilada por la comunidad, entre el 13 y el 14 de mayo habrían sido taladas más de veinte palmas reales, alrededor de quince árboles adultos de guayacán y varias ceibas, algunas de las cuales presuntamente pudieron haber sido afectadas mediante el uso de sustancias químicas.
Durante una inspección realizada por asesores legislativos del PIP, se observó que parte del material vegetativo y troncos removidos fueron depositados cerca o dentro de la quebrada Cepero, situación que podría constituir una violación ambiental y representar riesgos para comunidades cercanas durante eventos de lluvia intensa.
Como consecuencia de estos hechos, vecinos del sector radicaron las querellas 2026-70-701-01295 y 2026-70-701-01405 ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), solicitando una investigación sobre los trabajos realizados.
Posteriormente, legisladores del PIP presentaron solicitudes de información al DRNA y a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para obtener los expedientes relacionados con el proyecto y conocer las acciones tomadas por las agencias concernidas.
La documentación entregada por el DRNA incluye informes preparados por el Cuerpo de Vigilantes que, según se informó, documentan impactos a árboles y el uso de maquinaria pesada en la zona bajo investigación. Los documentos solicitados a OGPe aún están pendientes de entrega.
Las resoluciones legislativas también subrayan la necesidad de una inspección especializada por parte de biólogos del DRNA para documentar posibles violaciones a leyes y reglamentos ambientales, evaluar la imposición de sanciones, considerar la paralización de trabajos dentro de la cuenca hidrográfica y exigir medidas de restauración ecológica en el área afectada.
De corroborarse las alegaciones de los residentes y los hallazgos preliminares contenidos en los informes gubernamentales, podrían haberse infringido disposiciones de la Ley de Bosques de Puerto Rico, la Ley sobre Política Pública Ambiental, el Reglamento de Siembra, Corte y Forestación para Puerto Rico y otras normativas bajo la jurisdicción del DRNA.
Los reclamos de la comunidad han sido respaldados por fotografías, mapas históricos, planos de urbanización y una evaluación técnica elaborada por la profesora y bióloga Elvira Cuevas, especialista en ecología, documentación que, según los proponentes de la medida, justifica una investigación legislativa independiente.
Mientras las resoluciones permanecen referidas a la Comisión de Asuntos Internos en ambos cuerpos legislativos, residentes continúan reclamando transparencia, protección de los recursos naturales y una respuesta contundente de las agencias reguladoras ante lo que consideran una amenaza a un importante espacio verde de la comunidad.
