El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) continuará en operaciones en su sede actual mientras espera autorizaciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) relacionadas con un reclamo por el contrato de arrendamiento del edificio.
“Corrección está esperando unas autorizaciones de parte de la Junta de Supervisión Fiscal. No se va a sacar a Corrección de su sede. Eso todavía está en conversaciones, no se van a salir de ahí”, dijo el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano en conferencia de prensa.
Sostuvo que, por el momento, las operaciones de la agencia siguen en el mismo edificio.
“Estamos esperando esas autorizaciones, esas conversaciones que se están dando a pesar del reclamo que hay, que ha surgido en los medios. Así que, por el momento, siguen las operaciones allí y no se van a mover”, expresó.
Aunque descartó una mudanza inmediata, el funcionario reconoció que el gobierno evalúa alternativas para reducir gastos de arrendamiento mediante el uso de edificios públicos.
“No, al momento no se ve, porque estamos esperando la conversación con la Junta. Pero si fuese necesario, esperemos que no, tenemos también plan B, plan C, plan D, todo”, sostuvo.
Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos, Félix Lassalle Toro, dijo que no ha tenido una conversación directa con el Secretario de Corrección sobre una reubicación, pero indicó que la corporación pública trabaja en la rehabilitación de centros gubernamentales que podrían albergar agencias.
“Edificios Públicos ya lleva alrededor de un año transformando cada centro de gobierno, cada facilidad que nosotros tenemos. Estamos en una inversión bien grande”, dijo Lassalle Toro.
El funcionario sostuvo que la Autoridad de Edificios Públicos no tiene cerrada la puerta a recibir agencias que actualmente ocupan espacios privados.
“No tenemos ningún tipo de puerta cerrada para si ellos los necesitan, nosotros poder tener alguna facilidad y brindársela”, indicó.
Lassalle Toro explicó que la meta es que agencias con costos altos de renta puedan moverse, cuando sea viable, a propiedades del gobierno.
“Eso es lo que la gobernadora quiere hacer también con lo que tiene que ver con los centros de gobierno, que aquella agencia que esté privada, que tenga algún inconveniente, nosotros poder terminar nuestro trabajo que estamos haciendo en los centros de gobierno que llevan años sin poder estar en las condiciones que se merecen y bajar los costos de la renta que tiene el gobierno llevándolo a edificios públicos”, sostuvo.
Peña Payano añadió que esa estrategia forma parte de un plan más amplio para reducir gastos operacionales del gobierno.
“Hay muchas agencias, unas más pequeñas, unas más grandes, que tienen unos altos costos de arrendamiento. En la medida en que esas agencias se puedan incorporar o identificar edificios que le pertenecen al gobierno de Puerto Rico, que tendrían un costo, por no decir cero, bastante ínfimo, eso va a redundar también que ese dinero cumpla con el propósito del programa de gobierno”, expresó.
