Organizaciones ambientales y residentes de comunidades del sur de Puerto Rico, denunciaron este sábado en conferencia de prensa, que el gobierno de Jenniffer González continúa favoreciendo a la planta de carbón de AES en Guayama, en total desconsideración hacia la salud y la vida de las comunidades cercanas a esta instalación, cuyos residentes llevan años reportando enfermedades y muertes vinculadas a la contaminación de la carbonera.
Recientemente, las comunidades supieron que el Departamento de Energía federal aprobó $164,500,000 para la planta de AES en Guayama, que sumados a otros fondos alcanzan un total de $819,900,000 destinados a la modernización y operación continua de la instalación. “Este proyecto podría extender la operación de la carbonera no por cinco años, como se le ha querido hacer creer al pueblo de Puerto Rico, sino por 25 años adicionales”, denunció Felícita Burgos de la Red Continental Cristiana por la Paz.
La abogada ambiental y lideresa comunitaria Ruth Santiago, destacó que también se están impulsando cambios a las reglamentaciones de la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA) para beneficiar a AES y seguir afectando la salud de todos los puertorriqueños. “Se pretende eliminar los informes sobre el manejo de cenizas y el monitoreo del agua contaminada en Guayama, donde la propia AES ha admitido que contaminó el Acuífero de la Costa Sur sin poder descontaminarlo”, reveló Santiago.
El costo total del proyecto de “modernización” de AES —cerca de $820 millones— podría traducirse en nuevas subvenciones federales al conglomerado corporativo o, alternativamente, obligar a los residentes, comercios e instituciones puertorriqueñas a pagar ese gasto a través de la factura eléctrica, agravando aún más el costo de vida en la isla.
El licenciado Gabriel Meléndez Cardona, abogado y coordinador de política pública de El Puente de Puerto Rico, advirtió que el proyecto de modernización ha generado un efecto dominó de daños ambientales, incluyendo el dragado de la bahía Las Mareas —adyacente a una reserva natural de investigación designada por la NOAA—, y el depósito de material de dragado contaminado con cenizas tóxicas en la comunidad Cimarrona de Guayama, sin notificación, permisos ni controles de polvo fugitivo o erosión.
“Nos preocupa grandemente que se siga perpetuando la quema de carbón y de combustibles fósiles en Puerto Rico, mientras se ignoran los reclamos de años de las comunidades afectadas. Las políticas de muerte que se están estableciendo en Puerto Rico, influenciadas por el gobierno de Trump, están llevándonos por un peligroso camino que aumentará el calentamiento global y las consecuencias que esto acarrea. El deber de la clase política puertorriqueña es proteger la salud y el bienestar de sus constituyentes; sin embargo, esta administración ha continuado precarizando a comunidades marginalizadas, convirtiéndolas en una auténtica zona de sacrificio”, expresó Meléndez Cardona.
Las organizaciones recordaron que la acumulación de cenizas tóxicas de AES no se limita a Guayama. Se ha documentado su presencia en al menos 13 municipios de nuestro archipiélago incluyendo cientos de miles de toneladas depositadas en los vertederos de Humacao y Peñuelas, además de solares y construcciones sin identificar. Residentes de Cimarrona en Guayama han radicado querellas exigiendo la remoción inmediata del material contaminante, la adjudicación de las multas correspondientes y estudios sobre el impacto a la salud y a las áreas naturales de la comunidad. “En Cimarrona se depositaron montañas de material del dragado que se está realizando en la bahía Las Mareas, el cual contiene cenizas tóxicas de carbón, en violación a las leyes que prohiben tal deposito en Puerto RIco. Ese material fue depositado sin notificación a la comunidad, sin permisos ni controles de polvo fugitivo ni de erosión”, recordó Victor Alvarado del Comité Diálogo Ambiental.
Cathy Rivera, residente de la comunidad de Cimarrona, dijo que no se puede olvidar que la AES contrató a una compañía privada “que tuvo el descaro de depositar ese material detrás de nuestros hogares”. “Es un atropello lo que la gobernadora y la AES están haciendo con nuestra comunidad. Ella incumple con su deber beneficiando a una empresa privada que está destrozando nuestra salud y nuestro ambiente, porque estamos expuestos a ese material todos los días afectando nuestra calidad de vida”, manifestó.
Timmy Boyle, de la Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste, invitó a toda la ciudadanía a dejarle saber a los políticos, en especial a los que aprobaron la Ley 1 para extender la quema de carbón, y a la gobernadora que la firmó en marzo de 2025, la indignación que sienten ante lo que catalogan como una injusticia. “Es un trato inhumano, particularmente para las comunidades cercanas a la planta”, manifestó.
Los grupos y organizaciones cuestionan qué esperan la gobernadora Jenniffer González y la Legislatura para ejercer su deber de proteger el derecho a la vida y a la salud de los residentes de Guayama y de todo Puerto Rico, y exigen que el alcalde de Guayama, O,brain Vázquez Molina, y la legislatura municipal se pronuncien ante esta situación.
“¿Cómo es posible que se siga beneficiando económicamente a una planta que ha dañado la salud de la población? ¿Qué tiene que decir el alcalde de Guayama y la legislatura municipal? ¿Es que las empresas tienen más valor que la vida de las personas para esta administración?”, cuestionó Myriam Gallardo de la Comunidad Guayamesa Unidos por tu Salud. La lideresa extendió una invitación a los legisladores del país, a la gobernadora y al secretario de Salud, Víctor Ramos, a que visiten la carretera número tres, donde se ubica la planta AES. “Que lleguen hasta acá y que respiren las emanaciones que salen a las comunidades, que vean esas cenizas como están en la vegetación. Cenizas que igualmente llegan a las mesas de las casas, a los alimentos que se sirven en el comedor escolar de la escuela pública cercana”, dijo con clara indignación sobre lo que enfrentan diariamente las comunidades de la región.
Las organizaciones y comunidades responsabilizan directamente a la administración actual por extender la quema de carbón en Guayama, calificando la extensión de operaciones de la planta por 25 años adicionales como una acción que viola derechos humanos fundamentales, entre ellos el derecho a una vida digna, para las comunidades cercanas a la carbonera.
