La representante por acumulación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Nelie Lebrón Robles, radicó el Proyecto de la Cámara 1355 que busca obligar al Gobierno a registrar e informar las muertes y hospitalizaciones causadas directamente por el calor extremo.
“Estas muertes nos recuerdan, de la manera más dolorosa, que el calor extremo no es una incomodidad ni un fenómeno pasajero. Es un riesgo real para la vida y la salud de nuestra población, particularmente cuando se combina con la falta de acceso a espacios adecuados para protegerse de las altas temperaturas”, dijo Lebrón Robles en declaraciones escritas.
La Legisladora busca, según explicó, establecer por ley una política pública para recopilar y divulgar las estadísticas relacionadas con los efectos del calor sobre la salud. El anuncio surge tras reportes recientes de muertes asociadas a episodios de altas temperaturas en Puerto Rico.
Junto con esa medida, Lebrón Robles presentó la Resolución Conjunta de la Cámara 346, que ordenaría desarrollar una campaña educativa sobre la reforestación urbana como parte de las estrategias para mitigar el calor extremo.
Como marco más amplio, la representante reclamó que la Asamblea Legislativa retome la discusión del Proyecto de la Cámara 555, presentado hace más de un año por la delegación del PIP para establecer una política pública de prevención y respuesta ante las temperaturas extremas.
“Tenemos que dejar atrás la lógica de actuar después de la emergencia. La respuesta del Gobierno no puede limitarse a emitir advertencias cuando las temperaturas ya son peligrosamente altas. Necesitamos establecer mecanismos permanentes para identificar los riesgos, proteger a las poblaciones más vulnerables y reducir la exposición al calor extremo”, sostuvo.
Lebrón Robles identificó entre los sectores con mayor riesgo a las personas de edad avanzada, pacientes con condiciones de salud, menores, trabajadores expuestos al sol y comunidades sin acceso adecuado a espacios frescos o sistemas de climatización.
Desde esa perspectiva, sostuvo que la capacidad para protegerse del calor también depende de los ingresos, el costo de la electricidad y las condiciones de las viviendas. Por ello, reclamó una respuesta coordinada entre agencias y una planificación gubernamental a largo plazo.
“Las muertes recientes no pueden convertirse en una estadística más. Tienen que servir como una llamada de alerta. El Gobierno tiene la responsabilidad de anticiparse al riesgo y proteger vidas. El proyecto 555 ofrece una oportunidad para comenzar a construir esa respuesta. Lo que hace falta ahora es voluntad para actuar”, concluyó.
