La Oficina del Inspector General de Puerto Rico informó el miércoles que una investigación en el Centro de Servicios al Conductor de Caguas detectó empleados con accesos no autorizados para modificar o eliminar multas en el sistema DAVID+, además de cerca de un centenar de transacciones para las que no se encontró documentación que las sustentara.
“La falta de normas y controles adecuados en el uso del sistema DAVID+ representa un riesgo para la integridad de la información y dificulta la fiscalización efectiva de los procesos administrativos relacionados con la gestión de multas”, señala el informe autorizado por la inspectora general, Ivelisse Torres Rivera, en declaraciones escritas.
Según la investigación, administradores, oficiales de oficina, oficinistas, educadores a conductores, funcionarios y auxiliares administrativos tenían permisos extensos en el sistema de información de conductores y vehículos, pese a ocupar puestos que no estaban autorizados para realizar ese tipo de modificaciones. Los accesos permitían cambiar o eliminar multas y gestionar planes de pago, entre otras transacciones consideradas críticas.
Durante la evaluación de una muestra de transacciones, la OIG recibió cerca de un centenar de certificaciones negativas en las que el CESCO de Caguas informó que no pudo localizar documentos, registros ni evidencia relacionados con las operaciones examinadas.
El sistema DAVID+ permite además que los empleados con esos accesos cambien el estatus de las multas sin la aprobación de un supervisor o de la dirección del CESCO, situación que, según la OIG, aumenta el riesgo de errores e irregularidades que podrían no ser detectados oportunamente.
A esas deficiencias se suma la ausencia de reportes o alertas automáticas que permitan identificar posibles irregularidades en tiempo real. DAVID+ tampoco dispone de una función para almacenar la evidencia digital que respalda las transacciones, por lo que documentos son conservados físicamente en sobres y cajas.
En una inspección de las instalaciones, investigadores encontraron documentos almacenados en pasillos, espacios comunes y otras áreas no autorizadas, sin mecanismos de seguridad para controlar el acceso. La dirección del CESCO tampoco pudo precisar cuándo se realizó el último inventario de documentos ni si se habían transferido expedientes al Archivo General en Carolina.
Otro hallazgo establece que la Directoría de Servicios al Conductor carece de reglamentos, normas o directrices formales que definan de manera uniforme los distintos estatus que pueden asignarse a las multas en DAVID+.
Entrevistas realizadas a empleados revelaron diferencias en la documentación utilizada para justificar multas clasificadas como “Pagadas”, “Canceladas”, “Invalidadas”, “Expiradas” y “No pagada”, entre otros estatus. Para la OIG, esa falta de uniformidad impide determinar con certeza la actuación que corresponde bajo la Ley de Vehículos y Tránsito y afecta tanto la gestión administrativa como posibles investigaciones.
Los resultados forman parte del informe OIG-QI-27-002, que examinó el periodo del 1 de marzo de 2024 al 31 de diciembre de 2025. La investigación comenzó luego de que la OIG recibiera información sobre posibles irregularidades relacionadas con cambios en el estatus de multas administrativas por empleados del CESCO de Caguas.
Ante los hallazgos, la OIG identificó posibles infracciones a la Ley de Contabilidad de Puerto Rico, la Ley de Vehículos y Tránsito, reglamentos del Departamento de Transportación y Obras Públicas y de la Administración de Servicios Generales, así como posibles violaciones al Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico.
Los asuntos fueron referidos a las autoridades con jurisdicción para que determinen si procede alguna acción. La OIG informó que mantendrá confidenciales los detalles de esos referidos para proteger cualquier proceso investigativo.
