La Asociación de Productores y Profesionales del Entretenimiento de Puerto Rico (APPEP) solicitó el miércoles al Departamento de Hacienda y al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) que investiguen las plataformas digitales que anuncian boletos en reventa para los conciertos de Bad Bunny a precios de hasta $10,850.
La organización pidió determinar si esas plataformas cobran y remiten el impuesto sobre ventas y uso (IVU), divulgan todos sus cargos y ofrecen protecciones contra boletos falsos, duplicados, inválidos o que nunca llegan al comprador. APPEP aclaró que su reclamo no pretende impedir la transferencia legítima de un boleto que una persona no pueda utilizar, sino fiscalizar la reventa comercial y especulativa.
“En febrero advertimos ante la Legislatura que los problemas reales para el consumidor se encuentran en un mercado secundario donde proliferan los precios especulativos, los boletos falsos, el uso de bots y la falta de fiscalización”, expresó el presidente de APPEP, Manny Morales, en declaraciones escritas.
La asociación citó la Carta Circular de Rentas Internas 23-10, emitida por Hacienda a raíz de la Ley 52-2022, que permite clasificar como facilitadores de mercado a plataformas que intervienen en la venta de derechos de admisión, aunque no tengan oficinas en Puerto Rico.
Según la normativa descrita por APPEP, una plataforma externa puede considerarse comerciante en Puerto Rico cuando sus ventas relacionadas con la jurisdicción superan los 100,000 dólares o alcanza al menos 200 transacciones durante su periodo anual de contabilidad. Cuando corresponde esa clasificación, la empresa debe registrarse, cobrar el IVU, informarlo y remitirlo a Hacienda.
APPEP solicitó que Hacienda identifique cuáles plataformas de reventa están registradas como facilitadores de mercado y determine cómo calculan el IVU cuando un boleto se ofrece por una cantidad considerablemente mayor que su precio original.
El promotor José “Pepe” Dueño sostuvo que los productores y las boleterías autorizadas en Puerto Rico deben cumplir con el refrendo, el registro, la presentación de informes y el cobro del IVU, por lo que reclamó que las plataformas externas estén sujetas a las mismas responsabilidades.
La asociación también pidió a DACO que examine la transparencia de los precios, la divulgación de cargos adicionales, la identidad de los vendedores y los remedios disponibles para consumidores afectados por fraude o incumplimiento.
El reclamo retoma la posición que APPEP presentó en febrero de 2026 ante la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes, donde solicitó una reforma de la industria para atender la especulación, los boletos falsos, el uso de sistemas automatizados y la falta de controles en el mercado secundario.
“Reconocemos y agradecemos la apertura de la Asamblea Legislativa para escuchar nuestras recomendaciones. Estamos esperanzados en que este diálogo se traduzca en legislación efectiva que proteja al consumidor, fiscalice el mercado secundario y establezca reglas justas para todos los participantes”, añadió Morales.
“Puerto Rico se ha convertido en una plaza de entretenimiento de alcance mundial. Este es el momento de modernizar las reglas y asegurar que quienes generan ingresos con nuestros eventos cumplan con las mismas responsabilidades que se les exigen a los productores y comerciantes locales”, concluyó Dueño.
El comunicado no identificó las plataformas que publicaron los boletos ni incluyó respuestas del Departamento de Hacienda o DACO al reclamo.
