La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, defendió el manejo de los expedientes de investigaciones de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC), luego de que el Tribunal de Apelaciones confirmara una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una acción presentada por el senador Luis Javier Hernández Ortiz.
El caso está relacionado con una petición de información presentada por el legislador sobre expedientes de investigaciones de la DIPAC.
Tras conocer la determinación judicial, Gómez Torres aseguró que el Departamento de Justicia ha actuado conforme al marco legal vigente y en respeto a la separación de poderes.
“El Departamento de Justicia ha actuado en todo momento conforme al ordenamiento jurídico y con el debido respeto a la separación de poderes. Rechazamos de plano la insinuación de que en este Departamento se proteja a funcionario alguno”, expresó la secretaria en declaraciones escritas.
Gómez Torres sostuvo que esa alegación es seria y que no está respaldada por documentos que demuestren la existencia de un trato preferencial dentro de la agencia.
La funcionaria afirmó que Justicia no tiene nada que ocultar, pero recalcó que tiene la obligación legal de proteger la integridad de las investigaciones, así como los derechos y la seguridad de testigos y víctimas de delito.
Según la secretaria, esa responsabilidad debe armonizarse con el interés público y con el acceso a la información, dentro de los límites establecidos por las leyes y la Constitución.
Justicia reconoce facultad investigativa de la Legislatura
La secretaria reiteró que reconoce la facultad constitucional de investigación de la Asamblea Legislativa y aseguró que la agencia continuará colaborando con el Senado y proveyendo aquella información que pueda ser divulgada legalmente.
No obstante, indicó que cualquier entrega de información debe realizarse sin poner en riesgo investigaciones en curso o futuras ni los derechos de las personas involucradas.
“El Departamento de Justicia continuará cumpliendo su responsabilidad con transparencia, prudencia y estricto apego a la ley. Cada determinación que tomamos responde al análisis de los hechos, la evidencia disponible y el derecho aplicable”, puntualizó Gómez Torres.
Justicia había rechazado señalamientos sobre casos archivados
El pasado 3 de junio, el Departamento de Justicia había rechazado señalamientos del senador relacionados con la supuesta existencia de casos de corrupción archivados sin ser investigados.
Las alegaciones surgieron luego de una petición de información de Hernández Ortiz sobre las estadísticas de casos atendidos y resueltos por la DIPAC.
En aquel momento, la agencia explicó que los casos incluidos en las estadísticas habían sido atendidos mediante distintos procesos.
Justicia indicó que algunos expedientes fueron referidos a otras agencias y entidades investigativas, mientras que otros fueron remitidos a fiscalías para evaluar posibles elementos de delito que no estaban bajo la jurisdicción de la DIPAC.
Asimismo, señaló que algunos casos se encontraban bajo evaluación en el área civil para gestionar posibles reclamaciones de dinero, mientras que otros habían culminado en procesos criminales ante los tribunales.
Con la reciente determinación del Tribunal de Apelaciones, Justicia reiteró su postura de que el manejo de la información debe realizarse conforme a las disposiciones legales aplicables y sin comprometer la integridad de sus investigaciones.
