El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, informó el miércoles que entregó a la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU, por sus siglas en inglés) los documentos relacionados con un requerimiento de información realizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) sobre las licencias de conducir y de vehículos de inmigrantes indocumentados.
González Montalvo indicó que también entregó los documentos que el DTOP remitió a la agencia federal en respuesta a la solicitud de información, en cumplimiento con una sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia y posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo.
“Como agencia del Gobierno de Puerto Rico, el DTOP cumple cabalmente con las determinaciones de los tribunales y reafirma su compromiso con el manejo responsable de toda la información bajo su custodia”, expresó el secretario en declaraciones escritas.
La ACLU de Puerto Rico presentó el caso contra el DTOP el 1 de octubre de 2025, luego de que la agencia se negara a compartir la documentación solicitada bajo el argumento de que se trataba de información confidencial.
Sin embargo, los tribunales determinaron que tanto la solicitud de información de ICE como los documentos enviados por el DTOP a la agencia federal son de carácter público.
La controversia gira en torno a un requerimiento realizado por ICE a principios de 2025 relacionado con información sobre licencias de conducir y vehículos de inmigrantes indocumentados.
El director legal de la ACLU de Puerto Rico, licenciado Fermín Arraiza Navas, criticó la entrega de información a la agencia federal y sostuvo que la acción puso en riesgo la seguridad de inmigrantes que habían confiado en el Gobierno de Puerto Rico.
“Al entregar la información al ICE, el secretario del DTOP puso en peligro la seguridad de los miles de inmigrantes que confiaron en el gobierno de Puerto Rico cuando, en el 2013, se habilitó un proceso mediante ley para que tuvieran acceso a una licencia de conducir y se les prometió que su información sobre estatus migratorio no sería utilizada para fines migratorios”, afirmó Arraiza Navas.
El abogado añadió que, a su juicio, la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón incumplió con lo dispuesto en la ley estatal al entregar la información a ICE, 12 años después de que se estableciera el proceso para permitir que inmigrantes indocumentados obtuvieran licencias de conducir en Puerto Rico.
