La gobernadora Jenniffer Aydin González Colón calificó -hoy martes- como una “barbaridad” la nueva solicitud de aumento presentada por LUMA Energy ante el Negociado de Energía.
Sostuvo que el operador intenta trasladar al consumidor gastos administrativos y operacionales mientras incumple con tareas de mantenimiento del sistema eléctrico.
“Me parece una barbaridad y esto es una de las cosas por las que desde el día uno hemos demostrado que LUMA no puede seguir siendo el operador del sistema eléctrico en términos de transmisión y distribución. Ellos le quieren pasar más que los costos administrativos al pueblo de Puerto Rico. Esto es aumento, aumento, aumento y, sin embargo, no están haciendo el trabajo”, dijo González Colón a preguntas de la prensa durante el SESA Summit 2026 en el Caribe Hilton.
La Gobernadora mencionó el informe relacionado con el apagón de 2025 y sostuvo que las deficiencias de mantenimiento identificadas respaldan sus cuestionamientos al desempeño del operador.
“Miren todos estos costos. El informe que emite el Negociado de Energía diciendo que el apagón que hubo en el 2025 fue producto de ratones y de falta de mantenimiento en nuestras subestaciones, de cosas tan básicas como darle mantenimiento para que no hubieran ratas y que se hiciera desganche, pudo haberse evitado ese apagón masivo”, expresó.
A juicio de González Colón, LUMA pretende recuperar mediante las tarifas gastos relacionados con ejecutivos, bonificaciones, operaciones y contrataciones externas.
“Ellos como operadores de transmisión y distribución no están haciendo el trabajo. Sin embargo, buscan pasarle todos los pagos de los CEOs, todos los pagos de bonos, todos los gastos operacionales, los gastos de contrataciones externas al pueblo de Puerto Rico a través de estos aumentos mensuales. Y yo creo que ya está bueno”, sostuvo.
La mandataria vinculó esos señalamientos con los dos pleitos que mantiene el Gobierno relacionados con LUMA. Explicó que uno comenzó como un intento por atender mediante mediación las controversias contractuales y que el segundo procura que se declare nulo el contrato del operador. Ambos asuntos fueron consolidados ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Sobre una petición del Centro Unido de Detallistas para considerar una moratoria de seis meses en la crudita ante el aumento proyectado en el costo energético, González Colón sostuvo que el esfuerzo debe concentrarse en atender directamente el precio de la electricidad.
“Nosotros tenemos que buscar bajar el costo de luz. Y yo creo que el buscar bajar el costo de luz debe ser la raíz del problema, no buscar otras cosas que están amarradas al pago de deuda, y que ya la Junta de Supervisión Fiscal ha dicho que no estaría validando”, expresó.
Entre las medidas de largo plazo mencionó diversificar la generación, aumentar la capacidad permanente y sustituir eventualmente a LUMA por otro operador privado, sin regresar la operación del sistema de transmisión y distribución al Gobierno.
González Colón señaló además que su administración evalúa alternativas de corto plazo para aliviar el impacto de los costos energéticos sobre las familias y los comercios, pero evitó adelantar alguna propuesta hasta tener una medida concreta.
“Nosotros nos mantenemos evaluando distintas alternativas que estamos haciendo con el equipo económico. De hecho, esta semana yo tengo reunión con la Junta de Supervisión Fiscal, el componente de finanzas y presupuestos, la gobernación, la FAF”, dijo.
“Yo tengo que ser responsable como gobernadora y no lanzar ideas al aire. Yo prefiero tener algo concreto que poder ofrecerle al pueblo de Puerto Rico”, añadió.
Durante el encuentro de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico, la gobernadora también informó que envió a la Legislatura medidas dirigidas a facilitar el financiamiento de sistemas solares y baterías para propiedades comerciales.
Javier Rúa Jovet, representante de SESA, explicó que una de las propuestas establecería en Puerto Rico el mecanismo C-PACE, utilizado en alrededor de 40 estados para financiar proyectos de energía y eficiencia en propiedades comerciales e industriales.
González Colón sostuvo además que el Gobierno continúa impulsando proyectos de baterías a gran escala para almacenar energía y utilizarla durante los periodos de mayor demanda y costo.
Consumidores no han pagado reclamación contra New Fortress, según NEPR
Por otro lado, el presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), Edison Avilés Deliz, aseguró que los consumidores no han pagado los cerca de 100 millones de dólares que el Gobierno reclama a New Fortress Energy por los costos adicionales incurridos al utilizar diésel cuando la empresa no suministró gas natural.
“Los consumidores al día de hoy no han pagado ni un solo centavo”, dijo el presidente del Negociado a preguntas de la prensa.
El funcionario explicó que esas cantidades permanecen fuera de la tarifa mientras los tribunales determinan quién debe asumir los costos adicionales.
“Lo que se paga adicional a Puma no será pasado al consumidor. Y hasta tanto y en cuanto se resuelva en los tribunales no se le va a pasar”, sostuvo.
Según explicó el presidente del Negociado, la controversia judicial gira alrededor de quién fue responsable de que se tuviera que utilizar diésel en sustitución del gas natural que debía suplir New Fortress.
“La disputa lo que busca es decir quién fue responsable por lo que se tuvo que pagar el diésel y no gas. ¿Quién fue responsable? ¿Por qué New Fortress no lo suplió? ¿Es responsabilidad única de New Fortress? ¿O el Gobierno fue responsable de algo?”, expresó.
La posición presentada por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y 3PPO es que New Fortress debe responder por esos costos. La controversia permanece ante el tribunal.
“Un juez va a resolver. En efecto, si los argumentos de P3 o de 3PPO son correctos, no procede el pago, ¿verdad?, y New Fortress tiene que pagar ese dinero. En cuyo caso, pues, entra al sistema y no lo pagan los consumidores”, indicó Edison Avilés Deliz.
El presidente del Negociado diferenció esa reclamación de otro asunto relacionado con aproximadamente 75 millones de dólares en sobrenominaciones de gas natural que serán objeto de auditorías.
“Sobre las sobrenominaciones aquí no se discutió nada. Eso va a hacerse una auditoría y se va a encaminar de otra manera. Eso está hablando de unos 75 millones que en la última reconciliación nosotros lo enmarcamos desde el 2024 y lo establecimos por mes”, explicó.
Tanto 3PPO como el Negociado trabajan auditorías para determinar por qué en determinados meses se ordenaron cantidades de gas superiores al consumo.
“Si hay un excedente, o sea, si se hizo una sobrenominación, pues hay que pagarle. Ahora, la pregunta es ¿por qué se hizo esa nominación? ¿Qué razones hubo? ¿Por qué en algunos meses tenemos sobrenominaciones de 10 millones de dólares? ¿Por qué en otros meses tenemos sobrenominaciones de cero? ¿Por qué esa diferencia tan marcada?”, cuestionó el funcionario.
Sobre cualquier modificación futura al precio contenido en el contrato de suministro de gas, el presidente del Negociado indicó que deberá ser evaluada por el organismo regulador para determinar si se mantiene dentro de los parámetros autorizados.
Al preguntársele por qué el Gobierno tardó en acudir al tribunal durante la reciente controversia con New Fortress, Edison Avilés Deliz remitió la pregunta a las entidades responsables de ejercer las acciones contractuales.
“Es una buena pregunta. Eso se lo tiene que preguntar a las personas que están a cargo de ejercer esas acciones”, respondió.
