El Zar de Energía y director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), ingeniero Josué A. Colón Ortiz, rechazó hoy que se utilicen expresiones falsas y difamatorias para desviar la discusión pública de las continuas fallas y averías bajo la responsabilidad de LUMA.
Sus expresiones surgen luego de que la presidenta de LUMA, Janisse Quinones, emitiera declaraciones públicas sobre los supuestos intentos de influir en las determinaciones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que han sido categóricamente rechazados por La Fortaleza.
“Resulta verdaderamente sorprendente la rapidez con la que la presidenta de LUMA reaccionó a expresiones falsas y difamatorias, particularmente cuando esa misma diligencia ha estado ausente durante los años en que la empresa ha tenido bajo su responsabilidad la operación, mantenimiento y reconstrucción del sistema de transmisión y distribución», expresó Colón Ortiz.
«Ojalá LUMA demostrara el mismo sentido de urgencia para atender los apagones, remover la vegetación de las líneas eléctricas, gestionar los fondos federales de reconstrucción, investigar las facturas infladas que reciben nuestros ciudadanos y responder a los reclamos de los alcaldes y las comunidades”, abundó.
El funcionario reiteró que el Gobierno mantiene absoluto respeto por la independencia, integridad y autoridad constitucional del Tribunal Supremo, y que las controversias judiciales deben resolverse exclusivamente conforme al derecho y los planteamientos presentados por las partes ante el foro correspondiente.
“El Tribunal Supremo no necesita que LUMA ni ningún otro sector le indique cómo ejercer sus funciones constitucionales. Confiamos plenamente en la independencia de sus jueces y juezas y en que las controversias pendientes serán adjudicadas conforme al ordenamiento jurídico. Nuestra posición sobre la legalidad de la enmienda denominada Carta-Extensión está contenida en los planteamientos presentados ante el tribunal, y corresponde exclusivamente a dicho foro determinar sus méritos”, añadió.
Colón Ortiz sostuvo que la discusión pública debe regresar a los resultados de la operación del sistema eléctrico. En particular, señaló que Puerto Rico cuenta con aproximadamente $11,000 millones en fondos federales de reconstrucción para la infraestructura de transmisión y distribución, mientras que los reembolsos obtenidos por LUMA solo alcanzan alrededor del 6 %, después de seis años.
“Estamos hablando de miles de millones de dólares destinados a reconstruir el sistema. Cada proyecto que no avanza, cada solicitud de reembolso que no se completa oportunamente y cada dólar que permanece sin recuperarse por culpa de LUMA representa una oportunidad perdida para mejorar la infraestructura y el servicio a los clientes. Esa es la diligencia que esperamos de LUMA”, sostuvo.
La falta de ejecución también se refleja en el programa de manejo de vegetación, una de las responsabilidades fundamentales de LUMA para prevenir averías e interrupciones del servicio eléctrico. Conforme a la información sobre manejo de vegetación reportada a COR3 y al Departamento de Energía federal (DOE), con fecha del 9 de noviembre de 2026, de aproximadamente 5,299.7 millas de trabajos obligados bajo el programa FAASt, LUMA había reportado apenas 238 millas despejadas, equivalentes a un 4.49 % de progreso. Esto significa que, conforme a los datos reportados para ese programa, más del 95 % de las millas contempladas permanecían pendientes de completarse, a pesar de la importancia de estos trabajos para la confiabilidad del sistema eléctrico.
De igual manera, desde el inicio de las operaciones de LUMA, el sistema de transmisión y distribución ha experimentado múltiples averías de gran magnitud que han provocado interrupciones del servicio eléctrico a cientos de miles de clientes y, en varias ocasiones, apagones generales en Puerto Rico. Entre los eventos más significativos ocurridos en instalaciones y componentes bajo la responsabilidad operacional de LUMA se encuentran los siguientes:
- 10 de junio de 2021: Avería en el Centro de Transmisión de Monacillo, que afectó aproximadamente 800,000 clientes.
- 6 de abril de 2022: Avería en el sistema de 230 kV de Costa Sur, que provocó un apagón general y afectó aproximadamente 1.47 millones de clientes.
- 12 de junio de 2024: Avería relacionada con las líneas de transmisión entre Aguas Buenas y San Juan, que dejó sin servicio a aproximadamente 350,000 clientes.
- 31 de diciembre de 2024: Apagón general asociado a una avería en el sistema de transmisión y distribución, que afectó aproximadamente 1.47 millones de clientes.
- 16 de abril de 2025: Apagón general relacionado con fallas en líneas de transmisión, sistemas de protección y las instalaciones de transmisión de Cambalache y Manatí, que afectó aproximadamente 1.47 millones de clientes.
- 16 de julio de 2026: Avería en el Centro de Transmisión de 230 kV de Costa Sur, que afectó aproximadamente 188,000 clientes.
- 15 de agosto de 2026: Nueva avería en el Centro de Transmisión de 230 kV de Costa Sur, que afectó aproximadamente 200,000 clientes.
- 30 de agosto de 2026: Avería en el sistema de 115 kV de Costa Sur, que dejó sin servicio a aproximadamente 197,000 clientes.
- 23 de septiembre de 2026: Avería e incendio en el sistema de 115 kV del Centro de Transmisión de Sabana Llana, que afectó aproximadamente 180,000 clientes.
Asimismo, el Zar de Energía destacó el deterioro de los indicadores de confiabilidad del servicio eléctrico. Conforme a las estadísticas operacionales publicadas por el Negociado de Energía, el índice SAIDI, que mide la duración promedio anual de las interrupciones por cliente, pasó de 88.2 minutos en 2012 a 1,243 minutos en 2020, durante la operación de la AEE, y posteriormente, durante la operación de LUMA, a 1,448 minutos en 2024, 1,579 minutos en 2025 y aproximadamente 1,705 minutos en 2026.
Informó que el índice SAIFI, que mide la frecuencia promedio anual de interrupciones por cliente, pasó de 0.58 en 2012 a 5.0 en 2020, durante la operación de la AEE, y posteriormente, durante la operación de LUMA, a 7.90 en 2024, 8.15 en 2025 y aproximadamente 7.98 en 2026.
“Estos eventos reflejan una realidad que conocen las familias, los comerciantes, los hospitales y las industrias de Puerto Rico. No estamos hablando de percepciones ni de campañas publicitarias. Estamos hablando de interrupciones recurrentes que afectan la vida diaria, la actividad económica y la calidad de los servicios esenciales, que se han continuado deteriorando durante la operación de LUMA”, manifestó.
El funcionario también cuestionó la atención que LUMA ha prestado a las reclamaciones de clientes que denuncian incrementos extraordinarios en sus facturas de electricidad, particularmente aquellos que exceden los efectos atribuibles a los ajustes trimestrales por reconciliación de combustible y compra de energía.
Asimismo, señaló las quejas recurrentes de alcaldes y otros funcionarios públicos ante interrupciones prolongadas, falta de alumbrado en las vías públicas, falta de información oportuna y dificultades para obtener respuestas efectivas a las necesidades de sus municipios.
“Los clientes merecen saber por qué reciben facturas que no guardan proporción con su consumo, ni con los ajustes regulatorios anunciados. Los alcaldes merecen respuestas cuando comunidades enteras permanecen sin servicio. Y todos los puertorriqueños merecen una operación del sistema eléctrico que responda con rapidez a las interrupciones y a situaciones que ocurran”, añadió.
Colón Ortiz advirtió que las expresiones públicas que desvíen la atención de estos problemas contribuyen a una narrativa de incertidumbre y temor sobre el futuro del sistema eléctrico. A su juicio, el pueblo de Puerto Rico no debe aceptar que se presente la permanencia de un operador como condición para garantizar la continuidad del servicio. “LUMA insiste en vender su teoría del caos, haciendo creer que, sin ellos, el sistema eléctrico de Puerto Rico no continuaría operando. Esa narrativa no responde a la realidad, Puerto Rico es mucho más que LUMA. Existen profesionales, trabajadores, ingenieros y recursos, en Estados Unidos y Puerto Rico, para operar y mantener un sistema eléctrico confiable y moderno. Esto incluye compañías privadas que cuentan con la capacidad técnica, operacional y financiera para operar un sistema de transmisión y distribución. El Gobierno tiene la obligación de procurar las alternativas legales y operacionales que mejor sirvan al interés público, sin dejarse intimidar por campañas de miedo o desinformación”, afirmó.
“LUMA debe dedicar menos tiempo a la propaganda y a los documentales y más tiempo a cumplir con sus responsabilidades y obligaciones, y que no se vaya la luz. El pueblo exige resultados y no está dispuesto a aceptar las deficiencias en la operación del sistema de transmisión y distribución. Nuestra posición es clara: Puerto Rico necesita una transformación real de su sistema eléctrico, y esa transformación requiere superar a LUMA. Por eso LUMA se tiene que ir”, señaló en un comunicado de prensa.
