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Contralor revela supuestas irregularidades en Santa Isabel

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Una auditoria de la Oficina del Contralor reveló irregularidades en los registros de asistencia de una trabajadora social del Centro de Envejecientes del municipio de Santa Isabel, bajo la incumbencia del exalcalde Rafael “Billy” Burgos Santiago.

Según el Contralor, la persona prestaba servicios a tiempo parcial para el Departamento de Educación. La investigación se inició a raíz de una querella relacionada con posibles incumplimientos de jornada y ausencias frecuentes.

Como parte del examen, la Oficina de la Contralora evaluó los registros de asistencia correspondientes al período del 1 de febrero de 2023 al 30 de junio de 2024 y los comparó con los registros del empleo parcial de la trabajadora social en el Departamento de Educación.

Según el informe, la empleada comenzó a trabajar para el Municipio el 16 de febrero de 2023 mediante un nombramiento irregular, con una jornada diaria de siete horas y media. Posteriormente, el 19 de septiembre de 2023, suscribió un contrato con el Departamento de Educación para prestar servicios de lunes a jueves, de 2:45 pm. a 5:45 pm.

Hallazgos:

  • El análisis de 196 días laborables, comprendidos entre septiembre de 2023 y junio de 2024, determinó que en 161 días faltó al menos uno de los cuatro registros de entrada y salida requeridos, mientras que en seis días no constaba registro alguno de asistencia.
  • Además, en 69 ocasiones no se registró la salida del Municipio, aunque sí figuraba una entrada en el empleo parcial.
  • La investigación también identificó conflictos de horario e informes de asistencia sin ajustes justificativos ni evidencia de revisión o aprobación entre febrero y junio de 2024.

La contralora Carmen A. Vega Fournier concluyó que “la falta de controles adecuados y de una supervisión efectiva propicia la comisión de errores e irregularidades en los registros de asistencia y puede resultar en pagos por servicios que no fueron rendidos”, informó en un comunicado de prensa.

La Oficina de la Contralora refirió los resultados de la investigación al Departamento de Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, al alcalde y al presidente de la Legislatura Municipal para la evaluación correspondiente, la adopción de medidas correctivas y la determinación de cualquier recobro de fondos que pudiera proceder.

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