Por Redacción Es Noticia
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La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico se pronunció en contra de la propuesta aprobación este próximo jueves en la Cámara de Representantes de una medida para eximir del impuesto al inventario a las grandes cadenas comerciales en medio de la crisis por el coronavirus.
“Lo primero que nuestro pueblo debe saber que lo que recauda ese impuesto se devuelve en servicios a las familias por parte de los municipios y además regresa a los comercios por medio de las compras que hacemos”, aseguró el presidente de la organización, José Román Abreu.
“Existen otras medidas económicas que podemos dialogar que beneficien al pequeño y mediano comerciante. Nosotros siempre hemos estado disponibles para reunirnos”, agregó Román Abreu.
El también alcalde de San Lorenzo argumentó que dicha determinación, impulsada por los representantes Antonio Soto y Carlos Méndez solo busca hacer un favor a los cabilderos de las megatiendas, porque es sabido que el impuesto al inventario no afecta en lo absoluto a los pequeños y medianos comerciantes.
“Hay que considerar además que el impacto real de esta pieza legislativa ni siquiera se ha contabilizado. La porción de la propiedad mueble referente a inventario, de aproximadamente $240 millones, es pagado en un 80% por 17 megatiendas y tendrá un impacto significativo que los estimados de ingreso de los municipios.
Lo que se recauda de ese impuesto se le devuelve a la gente en servicios sociales, de salud, educación y deportivos, entre otros. Esos recaudos ni son para el alcalde ni para los municipios, son para las familias necesitadas”, insistió el alcalde.
De hecho, en entrevista ayer con la prensa, el presidente de la Cámara de Representantes admitió que la medida que impulsa no contempla mecanismo alguno para sustituir los fondos que dejarían de recibir los municipios por concepto del arbitrio.
Esto se suma a que en este cuatrienio, los 78 municipios han recibido recortes de diversos tipos que sobrepasan los $350 millones.Román Abreu señaló además que “lo que estamos viviendo en estos momentos es una crisis de salud, no una alimentaria o de necesidades de productos relacionados a la emergencia.
“Cuando uno lee el proyecto de ley, descubre que la mayoría de los productos que se mencionan son de rápido movimiento y no permanecen por mucho tiempo en inventario. Esta medida disminuye los recursos económicos en los municipios ocasionando que los servicios primarios se vean afectados. Nuestro llamado es el siguiente: si la Cámara considera y aprueba esta injusta medida, que el Senado no la apruebe, porque creará un disloque económico en tiempos de crisis”, dijo Román Abreu.
