Por Centro de Periodismo Investigativo
Un informe del Departamento de Justicia (DJ) que refiere a la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced y al secretario de Estado, Elmer Román, al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) por el manejo de los suministros en el almacén de Ponce durante los terremotos a principios de año, fue la causa de la petición de renuncia a la exsecretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, confirmaron dos fuentes al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
La presidenta del PFEI, Nydia Cotto Vives, confirmó al CPI que una empleada del DJ fue este lunes a las oficinas del PFEI para entregar seis informes finales de investigaciones pendientes, y que estando en la oficina, presuntamente recibió una llamada del DJ para que no los entregara.
“Ninguno de los informes fue entregado oficialmente porque fueron retirados”, dijo Cotto Vives al CPI.
“Tal como expresara la gobernadora Wanda Vázquez Garced el sábado pasado, siempre ha brindado independencia de criterio a todos los jefes de agencia, especialmente al Departamento de Justicia por la naturaleza de sus funciones. No nos corresponde conocer ni tenemos conocimiento del estado de ninguna investigación en curso dentro del Departamento de Justicia”, dijo al CPI el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón.
El CPI solicitó una reacción al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado, pero no hubo respuesta.
El informe que refiere al PFEI a la Gobernadora y al Secretario de Estado es producto de una investigación de carácter criminal sobre la operación del almacén con suministros de la Agencia Federal de Manejo de Emergencia (FEMA) que fue descubierto en Ponce por ciudadanos el 19 de enero del 2020. En el almacén había artículos de primera necesidad que permanecieron sin ser distribuidos mientras parte de la población del sur de la isla sufría la escasez de suministros tras los terremotos a principios de año.
El informe que recomienda un FEI para la Gobernadora y el Secretario de Estado, tendría alrededor de 60 páginas y quedó firmado y listo sobre el escritorio de la recién designada secretaria de Justicia, Wandymar Burgos Vargas, según fuentes del CPI.
Durante su incumbencia de menos de un año en el DJ, Longo Quiñones adoptó una política de limitar el acceso de la prensa y el público al resultado de la investigación inicial sobre los almacenes que Vázquez Garced encomendó al Secretario de Estado y al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Seguridad Pública.
El CPI y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico tuvieron que demandar al Gobierno para lograr acceso al informe, que resultó ser un documento de cinco páginas con información general sobre la pesquisa. El Gobierno se negaba a hacer público el informe, porque supuestamente contenía información sensitiva, lo cual resultó ser falso, según determinó el tribunal después de revisarlo. Longo Quiñones también se negó a entregar ese documento a la Cámara de Representantes.
De ese informe preliminar, se desprende que el almacén era conocido por varios funcionarios y que había estado en uso durante la sequía de 2019 y los terremotos del 2020. Mientras, la versión de la Gobernadora fue que ella ni su equipo cercano sabían de la existencia del almacén y su contenido. El NIE no señaló responsables por el mal manejo de suministros durante la emergencia, pero recomendó a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia continuar con la investigación.
La versión de Vázquez Garced y Román, además, fue cuestionada durante vistas públicas de la la Comisión Especial para la Reconstrucción y Preparación Total ante una Emergencia de la Cámara de Representantes. La Comisión concluyó en junio, que Román, Longo Quiñones, entonces secretaria de Justicia, y el comisionado del NIE, Héctor López, cometieron perjurio durante la investigación de la Cámara sobre la respuesta del Gobierno a la crisis por los temblores. Román fue referido al Departamento de Justicia, y Longo Quiñones y López al PFEI. El informe sobre la pesquisa cameral fue referido a la Oficina del Contralor y a la Oficina de Ética Gubernamental.
La primera movida de la Gobernadora tras el descubrimiento del almacén en enero fue despedir a Carlos Acevedo, entonces comisionado del Negociado para el Manejo Estatal de Emergencias y Administración de Desastres. Tras su despido, Acevedo sostuvo que la Gobernadora y el Secretario de Estado conocían de la existencia del almacén. Vázquez Garced luego despidió también a Glorimar Andújar, secretaria del Departamento de la Familia, y a Fernando Gil, secretario del Departamento de la Vivienda.
Longo Quiñones fue nombrada secretaria de Justicia el 19 de enero, luego de que Vázquez Garced dejara ese puesto para asumir la gobernación tras la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares. Los siete años anteriores, Longo Quiñones había ejercido como Fiscal Auxiliar Federal en la División de Narcótico Internacional y la División de Fraude Financiero y Corrupción. Entre 2009 y 2012, fue asesora legal del exgobernador Luis Fortuño, luego de haber trabajado para influyentes bufetes vinculados a los dos partidos mayoritarios, como McConnell Valdés, Adsuar, Muñiz, Goyco & Besosa, Pietrantoni, Méndez & Álvarez, y de cofundar el bufete Levin, Morgan & Longo en la ciudad de Orlando, Florida en 2005.
Longo Quiñones fue despedida el pasado viernes, 3 de julio, mientras el Departamento de Justicia está supuesto a tener en curso cinco investigaciones, entre ellas las contrataciones y compras durante la emergencia por el COVID-19 y la relacionada al chat de Telegram que desembocó en la renuncia del exgobernador Rosselló mientras Vázquez Garced era secretaria de Justicia. El domingo, 5 de julio, la Gobernadora inauguró su Comité de Campaña como pre candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista con una caravana de Cataño a San Juan. El día antes, se negó a dar explicaciones a la prensa sobre sus razones para despedir a Longo Quiñones.
