Por Redacción Es Noticia
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La gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó una nueva ley del Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que da nuevas facultades y deberá facilitar la labor de vigilancia, conservación, prevención, investigación y custodia de los recursos naturales y el medio ambiente.
«Es necesaria la creación de una estructura más eficiente que pueda atender las constantes amenazas ambientales que enfrentamos. Esta ley amplía sus funciones para hacer cumplir la ley y el orden público de carácter ambiental y velar el cumplimiento de leyes como la Ley de Armas, la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, entre otras, de acuerdo a las labores que corresponden al Cuerpo de Vigilantes”, indicó la gobernadora.
Al Cuerpo de Vigilantes, adscrito al DRNA, le compete proteger a las personas y a la propiedad, mantener el orden, la seguridad pública y efectuar arrestos conforme a las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico, obtener órdenes de allanamiento, someter violaciones ante las autoridades judiciales o administrativas pertinentes, inspeccionar permisos otorgados por el DRNA, la Oficina de Gerencia de Permisos y el Departamento de Salud, entre otros.
El proyecto de ley establece que los miembros del Cuerpo estarán sujetos a y protegidos por la Ley 8-2017 (Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico).
El estatuto también señala que los empleados regulares, transitorios o de confianza, conservarán todos los derechos adquiridos conforme a las leyes, convenios colectivos, normas y reglamentos que les sean aplicables, así como los privilegios, obligaciones y estatus respecto a cualquier sistema existente de pensión, retiro o fondo de ahorro y préstamo establecidos por ley, a los cuales estuvieren acogidos antes de la aprobación de la medida.
Los empleados del DRNA mantendrán el derecho a organizarse en sindicatos y a negociar colectivamente de conformidad con la Ley Núm. 45 del 25 de febrero de 1998 (Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico).