Por CyberNews
La Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes recibió ayer-martes-la comparecencia del secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Rivera Santiago, durante el proceso de vistas públicas para atender el Proyecto de la Cámara 3, que busca derogar la reforma laboral incorporada mediante la Ley 4-2017.
En su ponencia explicativa, el titular del DTRH indicó que no avala el estatuto que crea la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, aunque aseguró en comunicación escrita que respalda considerar enmiendas a la ley “para preservar los nuevos derechos y mantener las disposiciones actualizadas”.
“No debemos eliminar derechos concedidos por la reforma laboral en aras de perseguir incluir ‘ad verbatim’ las disposiciones que contenían las leyes anteriormente. Es importante aprovechar esta coyuntura para actualizar nuestros estatutos laborales”, señaló el funcionario, quien sugirió mantener la redacción de una gran mayoría de los artículos que la medida propone enmendar.
No obstante, entre las disposiciones que el DTRH coincide con la pieza legislativa – presentada por la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) – se encuentra aumentar a tres años el término prescriptivo para las reclamaciones por despido sin justa causa, según se establecía previo a su enmienda en la Ley Sobre Despidos Injustificados (Ley 80 de 30 de mayo de 1976).
Además, Rivera Santiago informó que favorece reducir el periodo de tiempo probatorio vigente de nueve meses a seis meses para empleados exentos. Aunque el proyecto también propone reducir el periodo probatorio a tres meses para empleados no exentos, el secretario sostuvo que instituir un tiempo de seis meses “es suficiente” para ambos grupos de trabajadores.
“Entendemos que establecer seis meses de manera uniforme es un periodo de tiempo razonable durante el cual un patrono puede evaluar de manera efectiva la ejecutoria y la calidad del trabajo realizado por un empleado para su permanencia o separación del empleo”, afirmó el licenciado.
Sobre la reducción en la tasa de acumulación de vacaciones, uno de los reclamos mayores de los trabajadores, el secretario reconoció que fue un “cambio drástico” establecer una acumulación mínima de medio día (½) de vacaciones por mes para los empleados contratados a partir del 26 de enero de 2017. Los empleados contratados previo a esta fecha se mantuvieron con la tasa de acumulación anterior de 1 ¼ días de vacaciones por mes.
No obstante, Rivera Santiago comentó que se debe evaluar “la razonabilidad” y el impacto económico que pueda representar restablecer la tasa de acumulación para todos los empleados a 1 ¼ días de vacaciones por mes, como propone la pieza cameral.
De acuerdo con el representante Domingo Torres García, quien preside la Comisión de Asuntos Laborales, este asunto ha ocasionado un debate con los patronos, pues solicitan que no se elimine el periodo de acumulación. Sin embargo, el legislador defendió la propuesta del proyecto de ley al manifestar que la Reforma Laboral dispone de un tiempo de acumulación de vacaciones “demasiado poco”.
“Hay que ver de qué manera podemos crear algún tipo de balance, algún tipo de armonía en eso. Pero, sin duda alguna, una acumulación de medio día de vacaciones por mes, yo no lo veo viable”, expresó Torres García.
Mientras, el secretario destacó que el DTRH “no tiene reparos” para que se restablezca de manera uniforme el derecho a recibir el bono de Navidad al trabajar 700 horas en el periodo entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre del año en que será pagado, así como reincorporar la fórmula de 6% o 3% del salario computado, según expone la medida legislativa.
Pero, a su vez, mencionó la preocupación de que este cambio significa que más empleados serían elegibles para recibir el bono y tendrían derecho a una cantidad mayor a la que disponen las enmiendas de la Ley 4-2017, lo cual representa un aumento en el gasto que tendría que incurrir el patrono.
“Esto podría resultar en un aumento en las solicitudes de exención y, por ende, todos los empleados no unionados de los patronos que presenten exitosamente los documentos necesarios al DTRH no recibirían el pago del bono”, destacó Rivera Santiago.
El titular comentó que tampoco desfavorece eliminar la disposición de la reforma laboral que limita el bono a un 50 por ciento para los trabajadores en su primer año de empleo. Sin embargo, recomendó considerar que en el primer año de existencia un negocio les aplique el pago de un bono reducido al 50% a todos sus empleados, de manera que alivie los gastos de nuevos empresarios.
Por otro lado, la Comisión también recibió la presentación del designado secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, quien aceptó durante la vista pública que la legislación actual “no está atemperada a los tiempos”.
“La Ley vigente, de 2017, no está atemperada a los tiempos. Sin embargo, como he dicho en el pasado antes de ocupar esta posición en el gobierno de Puerto Rico, es un gran comienzo para darle las garras necesarias y convertirla en una reforma laboral que trascienda los eventos electorales y nos acompañe por los próximos 25 años como una reforma de vanguardia”, destacó el funcionario.
A preguntas del representante Torres García sobre si favorecía o no el proyecto cameral, el titular respondió que la medida primero debería contar con el insumo de todos los sectores que atienden el quehacer laboral en la isla, incluyendo las organizaciones sin fines de lucro.
“Si esta honorable Comisión hace el debido trabajo de auscultar la opinión de los distintos sectores, y producto del insumo recibido se hace una reforma laboral profunda, de cara al nuevo siglo, usted puede estar convencido de que este secretario avalará el Proyecto de la Cámara 3”, subrayó Cidre.
