Por Redacción Es Noticia
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La Coalición Ecuménica pidió al gobernador Pedro Pierluisi que detenga el contrato con Luma y abra un «espacio de diálogo social» para laborar en un «plan coherente de revitalización» de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
«Es imperativo buscar una solución de consenso y justa, que nos ubique en la dirección correcta para transformar nuestro sistema eléctrico por el bienestar de nuestro pueblo y futuras generaciones», expresó el reverendo Heriberto Martínez Rivera, coordinador de la Coalición Ecuménica.
El plan tendría como prioridad, según indicaron, el uso de energía renovable establecido en la Ley de Política Energética de Puerto Rico.
Señaló que «los planteamientos y objeciones al contrato de Luma Energy, por diferentes organizaciones -Institute for Energy Economics and Financial Analisys, Centro para la Nueva Economía, Colegio de Ingenieros y Agrimensores y el Colegio de Abogadas y Abogados de P.R., merecen la más diligente atención por parte del gobierno de Puerto Rico».
«Ante la ausencia de un proceso de consulta pública, sería prudente y muy saludable, por el bien del país, abrir un proceso de diálogo con todos los sectores sociales interesados, especializados, con conocimiento y competencia, para buscar una solución de consenso en este asunto de vital importancia para el país», expresó
El organismo enumeró varios señalamientos y objeciones que diversas entidades le ha imputado al contrato de Luma, entre ellas:
- El contrato no compromete a Luma a cumplir con la política energética de moverse a fuentes de energías renovables. Este contrato le permite a LUMA Energy presentar cambios al Plan Integrado de Recursos (PIR). Es importante conocer que la matriz de Luma Energy promueve, principalmente, el uso de gas natural y, es posible concluir, que no habrá ningún interés en moverse hacia fuentes de energías renovables.
- Desde de la creación de la Ley de Alianzas Público Privada (APP), nos insistieron que estas eran necesarias porque el gobierno de Puerto Rico no tenía el capital económico para realizar las mejoras necesarias en la infraestructura de sus respectivas agencias o corporaciones. Las APP establecen que mediante acuerdo, las empresas privadas invirtieran su capital a cambio de obtener una ganancia razonable en la operación de la corporación o entidad pública. En este caso, toda la inversión saldrá de fondos públicos. En este acuerdo Luma no tiene que invertir nada y se le garantizan unos cien millones de dólares anuales por sus servicios.
- Este contrato no garantiza los derechos adquiridos de los trabajadores ni tiene la obligación de hacer aportaciones al plan de retiro de los empleados. Estos tienen que renunciar a sus puestos de trabajo para luego ser reclutados como empleados nuevos en LUMA. Sin embargo, los empleados que decidan no renunciar para irse con LUMA tienen que ser reubicados en otras agencias del gobierno. Con este contrato, el gobierno se ha puesto en la inexplicable posición de reubicar a miles de trabajadores en otras agencias del gobierno. Lo incomprensible de esta acción, es que el gobierno ha estado despidiendo empleados por los últimos años porque no cuenta con los recursos económicos para pagar sus salarios. Recordemos la nefasta Ley 7.
«Para superar los males sociales se requiere la búsqueda sensible de soluciones de consenso, con la más amplia participación social. La mesa de trabajo tiene que ser una fraternal, donde todos y todas aportemos, con desprendimiento y altruismo, nuestros mejores talentos y competencias. Reconstruir nuestro sistema eléctrico de forma eficiente, a la vanguardia tecnológica y resiliente tiene que ser una responsabilidad compartida con todos los sectores interesados y con competencias en este campo», indicó.
