Por Redacción Es Noticia
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El fiscal federal W. Stephen Muldrow anunció el jueves la radicación de cargos contra dos empresarios, un contador público autorizado y cuatro compañías por fraude con fondos federales, soborno bancario y lavado de dinero entre 2020 y 2021.
“La intención de estos programas era ayudar a pequeñas empresas durante la pandemia, no para que se lucraran de ellos de manera fraudulenta”, expresó Muldrow en conferencia de prensa.
“¿Y cómo era el esquema en este caso? Los acusados Edgardo Navarro Suárez, su hermano Ricardo Luis Navarro Suárez, el contador público autorizado Ramón Valentín Montalvo y las compañías JCA Development Inc., JCA Packaging Group, RVIP Group y JCA Industrial Supply Corp. idearon a sabiendas un plan para defraudar y obtener dinero y propiedades de la SBA y del Banco Uno mediante falsas y fraudulentas representaciones y promesas presentadas a través de solicitudes de préstamos EIDL y PPP disponibles para ayudar a las pequeñas empresas a recuperarse del impacto de la pandemia. Según la acusación, los acusados y sus cómplices entregaron, ofrecieron y prometieron de forma corrupta al menos 69 mil 500 dólares en pagos (sobornos) a un empleado del Banco Uno para influenciarlo y recompensarlo por su ayuda en la tramitación y el desembolso de los fondos PPP y EIDL. Además, los acusados y sus cómplices reclutaron a otros para obtener fraudulentamente ayudas EIDL y PPP”, abundó.
Acusados:
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- Edgardo Navarro Suárez
- Ricardo Luis Navarro Suárez
- Ramón Valentín Montalvo
- JCA Development, Inc.
- JCA Packaging Group, Inc.
- RVIP Group Corp.
- JCA Industrial Supply Corp.
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Se alega que sometieron 26 solicitudes fraudulentas a la SBA y a un banco identificado como Banco 1, por un total de $2,238,747.
Además, supuestamente pagaron al menos $69,500 en sobornos a un empleado del banco para facilitar el procesamiento y desembolso de los fondos. Parte del dinero fue usado para adquirir propiedades, según la investigación.
La pesquisa fue realizada por el Servicio Secreto, el IRS y la Oficina del Inspector General de la SBA. Las autoridades federales solicitaron la confiscación de tres propiedades en Caguas y Humacao como parte del proceso.
Los acusados enfrentan hasta 30 años de prisión por cargos de fraude y soborno, y hasta 20 años por lavado de dinero. La vista inicial se celebrará hoy ante la jueza federal Giselle López-Soler. (De CyberNews)
