Por Redacción Es Noticia
redaccion@esnoticiapr.com
El Departamento de Agricultura de Puerto Rico y la Corporación de Seguros Agrícolas (CSA) expresaron reservas ante el Proyecto de la Cámara 686, que busca crear un mecanismo de compensación extraordinaria para agricultores que sufran pérdidas no cubiertas por las pólizas vigentes. Ambas agencias alertaron que la medida podría poner en riesgo la solvencia y estabilidad financiera del sistema de seguros agrícolas en la isla.
El proyecto, presentado por el representante José Aponte Hernández, propone enmendar la Ley de Seguros Agrícolas de Puerto Rico para autorizar a la CSA a indemnizar a los agricultores en casos de pérdidas significativas ocasionadas por desastres naturales, plagas o fenómenos climáticos extremos que no estén contemplados en sus pólizas actuales.
En su ponencia ante la Cámara de Representantes, las autoridades del Departamento de Agricultura recordaron que la CSA opera de forma autosuficiente, financiándose exclusivamente con las primas que pagan los asegurados, sin recibir fondos del Fondo General ni asignaciones federales recurrentes.
Además, destacaron que la estabilidad financiera de la corporación depende de su acuerdo de reaseguro federal con la Federal Crop Insurance Corporation (FCIC), del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el cual exige mantener reservas técnicas saludables para participar en el programa federal de seguros agrícolas.
“Ni este servidor —y las conversaciones que he tenido con el secretario— no es que estamos en contra de la medida. Estamos levantando unas situaciones que nos pueden traer algún tipo de problemas o disloque en la agencia, y en cómo impactamos a la ciudadanía y a los consumidores”, expresó Javier Lugo Rullán, director ejecutivo de la CSA.
Las autoridades advirtieron que, de aprobarse el proyecto sin un mecanismo de financiamiento adicional, podría repetirse lo ocurrido en el pasado. Recordaron que en 2004, tras el paso de la tormenta tropical Jeanne, se utilizó un fondo externo para compensar a agricultores no asegurados, lo que dejó una deuda de alrededor de $6 millones que comprometió las operaciones de la CSA. De igual forma, en 2024, el paso de la tormenta Ernesto generó desembolsos estatales de cerca de $15 millones, a pesar de que las pérdidas eran elegibles para asistencia federal.
“Si yo disloco las finanzas de la corporación y pierdo mis reservas, no voy a poder pagarle al agricultor, y esto derivaría en que los productos agrícolas de Puerto Rico se tarden más en llegar a la mesa de los consumidores. Además, perderíamos una gran cantidad de agricultores que dependen del seguro agrícola para reanudar sus operaciones”, enfatizó Lugo Rullán.
La agencia reiteró su disposición a colaborar con la Legislatura para fortalecer el sistema de seguros agrícolas sin poner en riesgo la sostenibilidad de la CSA ni la recuperación del sector en caso de desastres.
