El alcalde de Toa Alta, Clemente «Chito» Agosto, reclamó al Departamento de la Vivienda, a la administración del programa CDBG-MIT y a LUMA Energy que reviertan la cancelación de varias reconstrucciones de viviendas en la comunidad Villa Esperanza y garanticen un proceso justo para todas las familias que cualifican para recibir la ayuda.
El ejecutivo municipal denunció que varias familias, que ya habían sido aprobadas para la reconstrucción de sus hogares bajo el programa de mitigación CDBG-MIT, recibieron notificaciones revocando ese beneficio debido a la falta de servicio eléctrico en la comunidad, mientras otras viviendas cercanas continúan siendo reconstruidas bajo las mismas condiciones.
«Estas familias cualificaron. Cumplieron con cada requisito, presentaron sus documentos y el propio programa les aprobó la reconstrucción de sus hogares. No voy a permitir que ahora, con un tecnicismo, les quiten lo que les prometieron. Todos los vecinos de esta comunidad que están bajo las mismas condiciones necesitan su vivienda y tienen que ser cualificados también», expresó Agosto.
El alcalde explicó que, según la documentación recopilada por los residentes, en septiembre de 2024 varias solicitudes fueron denegadas inicialmente por problemas relacionados con la titularidad de las propiedades. Sin embargo, tras obtener los títulos correspondientes y presentar solicitudes de reconsideración, los casos continuaron su curso normal.
Como parte del proceso, las familias completaron pruebas de suelo, se elaboraron los planos de construcción y, en al menos uno de los casos, una residente recibió la aprobación de una ayuda de $219,000 para reconstruir una vivienda de cuatro habitaciones, llegando incluso a seleccionar el modelo de la casa en abril de este año.
No obstante, el municipio aseguró que el proceso cambió de manera repentina cuando algunas familias recibieron cartas notificando la revocación de la reconstrucción debido a la ausencia de infraestructura eléctrica de LUMA Energy en la comunidad.
Agosto cuestionó la aplicación de ese criterio al señalar que otras familias de Villa Esperanza, ubicadas en condiciones similares y también sin servicio eléctrico, ya fueron reubicadas, varias de sus viviendas demolidas y otras reconstruidas o en proceso de construcción.
«Si la ausencia de infraestructura eléctrica impide reconstruir, ese criterio tiene que aplicarse de manera uniforme, pero la solución nunca puede ser quitarle la ayuda a quien ya cualificó, sino extenderla a quien la necesita y cualifica bajo las mismas condiciones ya que tiene el título de propiedad de sus hogares. Estas familias trabajadoras merecen tener su casita y como alcalde voy a estar al frente de este reclamo hasta que cada una tenga su hogar seguro», sostuvo.
Una de las residentes afectadas, Mariam López, manifestó que su familia cumplió con todos los requisitos establecidos por el programa antes de recibir la notificación de revocación.
«Cumplimos cada requisito, conseguimos los documentos, pasamos por las pruebas de suelo y escogimos el modelo de la vivienda. No es justo que ahora nos excluyan con un criterio que no se aplicó a nuestros propios vecinos», afirmó.
López informó además que presentó una solicitud de reconsideración acompañada de fotografías, números de casos y evidencia de viviendas cercanas que fueron aprobadas o reconstruidas bajo el mismo programa. Según indicó, tras recibir esa documentación, un director del programa administrador visitó la comunidad, recopiló la información y reconoció la necesidad de investigar lo que los residentes describen como un patrón de decisiones inconsistentes.
Ante esta situación, las familias solicitaron la paralización de cualquier revocación hasta que se complete una revisión individual y comunitaria de los expedientes. Además, reclamaron que se divulguen los criterios utilizados para aprobar o denegar solicitudes, una explicación escrita del Departamento de la Vivienda sobre las diferencias en las determinaciones emitidas para propiedades comparables, una respuesta oficial de LUMA Energy respecto a los planes de infraestructura para la comunidad y la celebración de una reunión interagencial con los residentes para alcanzar una solución uniforme.
«Nuestro reclamo no busca trato preferencial. Buscamos decisiones transparentes, coherentes y equitativas en el uso de fondos públicos destinados a la recuperación de nuestras viviendas», concluyó López.
Hasta el momento, el Departamento de la Vivienda y LUMA Energy no han emitido una reacción pública sobre los reclamos formulados por el alcalde y los residentes de Villa Esperanza.
