Por Redacción Es Noticia
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La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR) agradeció hoy miércoles al gobernador Pedro Pierluisi que al fin haya tomado acción ante la crisis de seguridad en la isla.
“El pasado 7 de agosto solicité al Gobernador que se declarara un estado de emergencia luego de que se registrara la tercera masacre del año en la Isla, donde fueron asesinadas dos menores de 13 y 15 años y un sargento muriera en un tiroteo, entre otros crímenes. En aquel momento, Pierluisi descartó la propuesta. Lo que en agosto negó, ahora lo admite, pues error corregido”, señaló el presidente de la AAPR, Luis Javier Hernández Colón.
El gobernador Pierluisi anunció ayer martes, la firma de una orden ejecutiva (OE 2023-023) para crear el Plan Integral de Reconstrucción Social y Prevención de la Violencia, bajo la dirección de la abogada María del Carmen Muñoz. Se supone que dicho plan debe estar listo para inicios de diciembre. “Precisamente, a nombre de nuestros constituyentes, pedí que se declarara una emergencia y que aplicaran un plan que pueda darle tranquilidad al país. Se ha dado un paso adelante y eso hay que reconocerlo”, añadió Hernández Colón.
El también alcalde de Villalba señaló que hasta el pasado domingo, se habían registrado 316 asesinatos, entre ellos, las muertes violentas de 25 mujeres, de las cuales 12 fallecieron a manos de su pareja o expareja. “A manera de aportación, solicito que en ese proceso a ser liderado por la abogada María del Carmen Muñoz, se incluya al compañero presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, y a este servidor por parte de la Asociación de Alcaldes. En cada uno de los 78 municipios tenemos recursos y experiencia para aportar a las soluciones”, sostuvo.
La propuesta de Hernández Ortiz viene porque la OE 2023-023 limita la participación en el grupo de trabajo a funcionarios de los departamentos de la Familia (DF), Educación (DE), Seguridad Pública (DSP), Corrección y Rehabilitación (DCR), Desarrollo Económico (DDEC) y Vivienda (DV), como parte del esfuerzo. La misión es desarrollar una política pública que busque atender las raíces del crimen y la violencia.
